Tula,
Hidalgo. Con timidez, retiran el calzado y los calcetines o calcetas.
Los pies al desnudo, acomodados en la orilla de la cama de consultorio,
muestran los estragos del camino: uñas descarnadas y rotas, lesiones en
los dedos, las plantas y la piel, moretones, llagas, ampollas, hongos…
Cada
jueves, María Magdalena Cruz alivia ese tipo de dolencias en el
albergue para migrantes El Samaritano, auspiciado por la Diócesis de
Tula y el Servicio Jesuita para Migrantes México. Ahora, sus manos
afanosas frotan los pies de Yoselín Miranda con gasas empapadas de una
solución desinfectante. La joven guatemalteca de 23 años de edad –que
huye de la violencia de las pandillas– se queja por el ardor.
Desinfectar
las heridas ayuda a que se recuperen pronto, porque ellos van a seguir
caminando y lastimándose, explica esta voluntaria que desde hace 3 años,
todos los jueves, se encarga de la pequeña enfermería del albergue.
Cuando termina su labor, retira y desecha los guantes de látex junto con
las gasas y algodones que ha empleado, y entrega una pomada
antimicótica a sus pacientes, “para el camino”.
Todos los
migrantes en tránsito por México tienen los pies heridos, pues las rutas
migratorias se han modificado. “Ahora caminan más; llegan más cansados,
con los pies deshechos, macheteados”, explica en entrevista Arturo
González González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes
México.
Y es que –en complicidad con los operadores comerciales
del transporte ferroviario– la política federal en materia migratoria ha
vetado a los indocumentados tramos completos del tren. Dentro de poco,
el cruce de Bojay, Tula, donde abordan La Bestia quienes encuentran refugio en este albergue será cancelado por una barda, ahora en construcción.
Los
programas migratorios han puesto a la gente en mayor riesgo: los aleja
de la red de ayuda humanitaria, porque los albergues están cercanos a
las vías del tren y ya no los dejan subir o los persiguen más cuando lo
abordan, señala Arturo González. “Al irse por otras rutas son presa
fácil de las policías y del crimen organizado”.
La
modificación de las rutas ha ido a la par de la política migratoria del
actual gobierno federal, cuya máxima expresión es el Programa Integral
Frontera Sur, iniciado en 2014. Éste es responsable de crear una tercera
frontera –de facto– en el centro del país, que tiene por objetivo
frenar la migración de centroamericanos indocumentados con destino a
Estados Unidos, considera la Red de Documentación de las Organizaciones
Defensoras de Migrantes (Redodem).
“Este programa entró con una
gran fuerza de inhibición, de tratar de detener a como diera lugar toda
la migración centroamericana”, señala a Contralínea Antonio
Esparza Santos, colaborador del Área de Articulación e Incidencia del
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, de Torreón, Coahuila.
El
defensor agrega que, con el paso del tiempo, la Redodem –de la que es
integrante– observó que hay tres zonas donde el gobierno federal, a
través del Instituto Nacional de Migración (INM) y las corporaciones
policiales y militares, trabaja activamente con operativos
antiinmigrantes: las fronteras Sur, Norte y centro.
“Es
una política de correr la frontera: ya no es únicamente el Sur lo que
están protegiendo, sino que ya lo corrieron hacia el centro del país y
hacia el Norte”. Consecuencia de ello, indica, se da un fenómeno de
dispersión: “es como un gran embudo cuya parte más ancha está en el Sur
del país, y a partir de ahí, con todas las detenciones y operativos del
Instituto Nacional de Migración, va dispersando a las personas”.
Los
resultados de esa política –que a decir de los defensores de derechos
humanos criminaliza a los migrantes centroamericanos– se refleja en el
número de detenciones y deportaciones: entre enero de 2013 y octubre de
2016 fueron detenidos 569 mil 123 migrantes indocumentados, y 493 mil
549 deportados (cifra que incluye las “devoluciones asistidas” y los
menores retornados con asistencia).
De estas cifras, mientras que
en 2013 –cuando aún no entraba en vigor el Programa Frontera Sur– fueron
detenidos 86 mil 298 “extranjeros irregulares”, en 2014 –ya con el
Programa– fueron 127 mil 149; en 2015, 198 mil 141, y entre enero y
octubre de 2016, 157 mil 535.
Las deportaciones también aumentaron
una vez arrancado el Programa: en 2013 fueron 80 mil 902; para 2014
fueron 107 mil 814; para 2015, 181 mil 163, y entre enero y octubre de
2016, 123 mil 170, revelan las estadísticas del INM.
“Los
migrantes vienen más lastimados, más desorientados y más vulnerables
porque la ruta que tradicionalmente utilizaban para llegar a Estados
Unidos, y que conocen a través de los comentarios de las personas que ya
han pasado [por México], se les han cerrado”, explica en entrevista
Gabriela Hernández, coordinadora del Albergue Tochán del Comité Monseñor
Romero.
“Los [operativos los] alejan de los lugares donde
reciben apoyo; eso obviamente les hace mucho más difícil el camino. Esta
política que el gobierno ha instrumentado repercute en una cuestión de
vida para los migrantes, porque no tienen asegurada el agua, la comida
ni un lugar de descanso con techo. Esto lo aprovecha el crimen
organizado, que está apoyado y cubierto por la corrupción.”Las tres fronteras
El informe Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional,
de la Redodem, señala que el gasto del Instituto Nacional de Migración
ascendió a 17 mil millones de pesos entre agosto de 2014, justo cuando
inició el Programa Frontera Sur, y diciembre de 2015.
Lejos de
utilizar el dinero público para proteger los derechos de las personas en
tránsito, la institución lo ha empleado en los operativos para su
captura y deportación. Según el análisis de la Redodem, “en todo el
territorio mexicano se han establecido operativos de control y
verificación migratoria. La presencia de controles migratorios a lo
largo del país responde en gran medida al incremento en el presupuesto
que se asigna al INM”.
De acuerdo con los datos de la Redodem, esa
presencia se focaliza en el Sur, centro y Norte del país; de tal forma
que la tercera frontera que advierte se forma, precisamente, por una de
las tres franjas donde se realizan más operativos antiinmigrantes.
Y
es que además de los fronterizos del Sur (Chiapas, Campeche, Tabasco,
Oaxaca y Veracruz) y del Norte (Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Tamaulipas), entre los estados de muy alta detención destacan Guerrero,
Estado de México, Hidalgo, Jalisco Guanajuato y San Luis Potosí.
Arturo
González González observa diferencias entre las “tres” fronteras que
contienen el paso de la migración indocumentada. “En la frontera Sur, lo
que nos dicen los migrantes, y lo que nosotros observamos, es el exceso
de operativos tanto del Instituto de Migración como las demás policías,
a pesar de que por ley sólo el Instituto tendría que hacer la
revisión”.
Al
respecto, indica, en el Sur los migrantes “le tienen más miedo” a los
operativos que al crimen, aunque, señala, hay regiones que también son
peligrosas por los cárteles: “No es lo mismo venir por Oaxaca que por
Tabasco y Veracruz, que es más riesgoso porque es zona de los Zetas. En
el Sur hemos visto que hay policías municipales que detienen a los
migrantes y los entregan a los cárteles”.
Respecto del centro del
país, advierte que hay una combinación del crimen organizado y de las
policías y operativos migratorios. “Lo que más declararon fue el robo,
la extorsión, las violaciones y secuestros. Aquí se habla de la
macrodelincuencia: un crimen organizado público [autoridad] y un crimen
organizado privado [cárteles, células y pandillas], que a veces se tocan
en muchos aspectos”.
En el Norte del país observa que “lo que más
hay es la presencia del crimen organizado. Sí hay operativos, por
supuesto, pero hacia la frontera. Y para llegar a la frontera tienen que
pasar por estados que son controlados por el crimen organizado”.
—¿Pareciera entonces que el papel del crimen organizado es hacer el trabajo sucio de esta política antiinmigrante?
—Sí.
Aquí hablamos de la macro-delincuencia: al gobierno le conviene que
esté el crimen organizado porque en el fondo ayuda a la política
migratoria, por la forma en la que tratan a los migrantes tanto el
crimen organizado como las policías. Lo que está en el fondo es decirle a
la gente: “te va a pasar esto si regresas”. Entonces la violencia es
una estrategia de disuasión para que la gente no vuelva. Esto es
perverso: llevar a la gente al límite de la vulnerabilidad para que no
vuelvan.
El coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes
describe a México como la frontera vertical de Estados Unidos. Esto,
dice, genera otro fenómeno: los migrantes logran avanzar un poco y ahí
se van quedando, porque se vuelve muy complicado llegar a la frontera y
nada les garantiza que van a pasar al otro lado.
Programa Frontera Sur
En el informe Detención sin excepción,
la organización no gubernamental Sin Fronteras señala que “el enfoque
de seguridad nacional adoptado por la política migratoria se ha ido
consolidando gradualmente en los últimos años”.
Esta política ha
tenido “un efecto concatenado en todo el país, causado por la creación
del Programa Integral Frontera Sur, mismo que, para el primer trimestre
de 2015, ya mostraba la intensificación de los operativos de detención
en todo el territorio, haciendo uso de modalidades violentas y
arbitrarias”.
De acuerdo con Sin Fronteras, el resultado es claro:
el Programa produce un mayor número de migrantes centroamericanos
detenidos en México que en Estados Unidos. Y ejemplifica: mientras en
México se registraron 92 mil 889 de octubre de 2014 a abril de 2015, en
Estados Unidos fueron 70 mil 226 personas detenidas.
Para
Carlos Bartolo Solís, coordinador de la Casa del Migrante Hogar de la
Misericordia en Arriaga, Chiapas, desde que se instrumentó el Programa
Integral Frontera Sur aumentaron los operativos del Instituto Nacional
de Migración.
En entrevista, explica que en Arriaga, donde antes
del Programa no había redadas, ya las hay. “Incluso hay un módulo, una
oficina móvil del Instituto en la entrada; hay también retenes. Incluso
hay policías a los que no les compete revisar el estatus migratorio y
sin embargo lo hacen”.
El defensor de los derechos de los
migrantes señala que esto es parte de la visión de seguridad nacional:
hay demasiados filtros para revisar el estatus migratorio, pero continúa
el tráfico de drogas y de armas. “Lamentablemente, este Programa dice
que vela por los derechos de los migrantes pero eso es una gran mentira,
porque exponen más a los migrantes en los cambios de rutas”.
Como lo reveló Contralínea (edición 509), la administración federal no considera el tema como un problema humanitario: según la Agenda Nacional de Riesgos, los flujos migratorios descontrolados son la quinta amenaza a la seguridad nacional.
Pero
esas rutas descontroladas son responsabilidad del propio gobierno. Al
respecto, Rita Marcela Robles, coordinadora del Área de Investigación e
Incidencia del Servicio Jesuita para Migrantes, señala: “el cambio de
las rutas migratorias se da por la instrumentación del Programa Frontera
Sur, que empezó en 2014. Su finalidad fue bloquear la frontera Sur, y
solamente permitir la entrada regularizada de migrantes que trabajan en
México pero que regresan a Guatemala”.
La activista indica que
esta política propició que las personas busquen puntos más riesgosos
para entrar al país. “El Instituto Nacional de Migración lo que hace,
porque tiene la facultad de hacerlo, es pedirle apoyo a las policías:
federal, estatal, municipal, e incluso al Ejército. Entonces instrumenta
operativos de detención y de verificación migratoria con la finalidad
de detenerlos, llevarlos a la estación migratoria y deportarlos. Ante
eso los migrantes buscan alternativas, porque lo que quieren es pasar”.
Agrega
que fue así como empezaron a utilizar rutas alternas o paralelas a las
tradicionales. “Qué fue lo que pasó con esto: que la persona camina más:
de ser un trayecto de 1 o 2 días ahora caminan hasta 1 semana. Llegan
con los pies más lastimados, con quemaduras de sol, deshidratados. Eso
también hace que se incremente la violencia, porque la ruta ya no es la
tradicional y ya no hay nadie [que los asista], no hay albergue,
entonces la violencia se sirve en charola de plata. Ahí aprovechan [los criminales] para extorsionar, secuestrar, violar, asesinar”.
Alberto Castillo, de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante en San Luis Potosí, dice a Contralínea
que el Programa Integral Frontera Sur fomenta las violaciones a los
derechos humanos de las personas en tránsito, desde el derecho a la vida
hasta el del libre tránsito.
En el tema de la migración, critica
que el gobierno de México tenga la misma visión de Donald Trump en
Estados Unidos con los mexicanos, “pero aquí hacia la persona
centroamericana. Nos quejamos de que nos violentan en Estados Unidos
cuando nosotros hacemos lo mismo con Centroamérica. La perspectiva que
deberíamos tener es entender que la persona tiene el derecho a moverse
libremente y que la migración no se va a detener jamás. Es un fenómeno
que tiene que ver con la globalización”.
Para Gabriela Hernández,
el Instituto Nacional de Migración “cumple su papel de represor. Aunado a
él están el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la policía
judicial. Eso nos da una idea de cómo el Estado está tratando al tema de
migración como un problema de seguridad, y obviamente esto incrementa
las violaciones [a derechos humanos]”.
La coordinadora del
Albergue Tochán dice que muchos migrantes que han sido secuestrados
aseguran que los agentes de migración los entregan al crimen. “O que en
los lugares donde están secuestrados vieron llegar a algún agente de
migración. Sí existen testimonios así. Otros apuntan que sí traen el
uniforme de migración pero los detienen en automóviles particulares, lo
cual es muy grave. No sabemos si son agentes de migración verdaderos o
si se están disfrazando. Pero si se están disfrazando, no se puede
entender cómo es que sea a escasos metros del retén real donde se pasea
el agente falso. La complicidad y la corrupción están a la orden del
día”.
Pese a las redadas, operativos, detenciones y violaciones masivas a los derechos humanos, la migración centroamericana no para.
—¿Se ha reducido el flujo de migrantes? –se le pregunta a Arturo González.
—No.
Hay que ver lo que pasa con las deportaciones. Si ves lo que ha
deportado México y lo que ha deportado Estados Unidos, se han
incrementado desde 2014 a la fecha. Las estadísticas nos indican que el
flujo no ha bajado, lo que se ha incrementado son las deportaciones.
Los pies morenos, morenos claros, blancos, negros seguirán caminando en busca de la esperanza, del american dream. En Centroamérica ya no hay nada para ellos ni para sus familias. Y en México, sólo violencia.
Nancy Flores
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 522 / del 15 al 21 de Enero 2017
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