Adital
La deportación del ex ministro
salvadoreño Defensa José Guillermo García, quien se encontraba en los Estados
Unidos hasta el pasado día 08 de enero, reavivó el debate sobre la polémica de
ley de amnistía en El Salvador. Pese a estar acusado por torturas y ejecuciones
extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado interno en el país entre
los años 1980 y principios de 1990, García no debe cumplir pena en su país.
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos continúan
exigiendo justicia y el fin de la amnistía a los criminales de guerra.
Bajo el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en 1993, la Ley de Amnistía, que protege a los criminales de guerra de los cargos por el asesinato de miles de salvadoreños durante el conflicto que asoló el país durante 12 Años (1980 - 1992). Se estima que alrededor de 75.000 personas han sido brutalmente asesinadas y 8.000 fueron desaparecidas durante ese período.
García de 82-años de edad, estaba asilado en la Florida desde 1990, pero en 2012, fue condenado en los EE.UU. por estar vinculado a varios asesinatos y torturas cometidas por el ejército salvadoreño durante la guerra civil salvadoreña. Entre ellos fue acusado de haber encubierto el asesinato, en marzo de 1980, del arzobispo de San Salvador Oscar Romero - beatificado por el Vaticano el año pasado -, por la muerte de más de 1000 campesinos de la región Mozote de 1980; y estar involucrado en el asesinato de varias monjas estadounidenses ese mismo año. Para la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, "al ignorar los compromisos asumidos durante los históricos acuerdos de paz, las autoridades salvadoreñas se están burlando cruelmente las decenas de miles de víctimas de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, y sus familias – quienes no piden más que su derecho a la verdad, justicia y reparación ".
Al llegar al aeropuerto internacional de El Salvador, José Guillermo García fue recibido por periodistas, activistas de derechos humanos y un pequeño grupo de familiares de las víctimas que lo enfrentaron con pancartas acusándolo de asesino y torturador. García fue el segundo militar expulsado del territorio de Estados Unidos, después que el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova fue deportado por Washington también por crímenes de guerra en abril de 2015.
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Bajo el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en 1993, la Ley de Amnistía, que protege a los criminales de guerra de los cargos por el asesinato de miles de salvadoreños durante el conflicto que asoló el país durante 12 Años (1980 - 1992). Se estima que alrededor de 75.000 personas han sido brutalmente asesinadas y 8.000 fueron desaparecidas durante ese período.
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| El ex ministro salvadoreño de Defensa José Guillermo García fue recibido en El Salvador con protestas de activistas y familiares de víctimas de la guerra civil. |
García de 82-años de edad, estaba asilado en la Florida desde 1990, pero en 2012, fue condenado en los EE.UU. por estar vinculado a varios asesinatos y torturas cometidas por el ejército salvadoreño durante la guerra civil salvadoreña. Entre ellos fue acusado de haber encubierto el asesinato, en marzo de 1980, del arzobispo de San Salvador Oscar Romero - beatificado por el Vaticano el año pasado -, por la muerte de más de 1000 campesinos de la región Mozote de 1980; y estar involucrado en el asesinato de varias monjas estadounidenses ese mismo año. Para la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, "al ignorar los compromisos asumidos durante los históricos acuerdos de paz, las autoridades salvadoreñas se están burlando cruelmente las decenas de miles de víctimas de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, y sus familias – quienes no piden más que su derecho a la verdad, justicia y reparación ".
Al llegar al aeropuerto internacional de El Salvador, José Guillermo García fue recibido por periodistas, activistas de derechos humanos y un pequeño grupo de familiares de las víctimas que lo enfrentaron con pancartas acusándolo de asesino y torturador. García fue el segundo militar expulsado del territorio de Estados Unidos, después que el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova fue deportado por Washington también por crímenes de guerra en abril de 2015.
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