Más de 300 millones de pistolas, rifles, fusiles y otros instrumentos para matar circulan entre las familias estadunidenses. Lo peor, se usan mayoritariamente contra negros, latinos y otras minorías
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
La
recurrencia de masacres parece un asunto insoluble en Estados Unidos,
con un debate entrampado entre la impotencia de quienes exigen un mayor
control de armas y la excusa de la seguridad y el derecho a defenderse.
Tiroteos
y asesinatos masivos acapararon titulares en varios momentos del año
que concluyó, mientras que muchas de las causas que desatan estos
fenómenos esperan por la voluntad de las autoridades para mitigarlas.
Quizás
uno de los más trágicos sucesos resultó el asesinato de nueve
estudiantes el 1 de octubre en un colegio universitario del occidental
estado de Oregon.
En
un mensaje a la nación, el presidente Barack Obama consideró el tiroteo
como consecuencia directa de laxas regulaciones respecto a la venta y
posesión de armamento, así como a la incapacidad del Congreso para sacar
adelante medidas que limiten su acceso.
El
autor del hecho, de 26 años, abatido tras intercambiar disparos con la
Policía, disponía de un verdadero arsenal: junto al cuerpo del atacante
se hallaron seis armas, un chaleco antibalas y cinco cargadores de armas
automáticas, además de otros siete artefactos pesados en su
departamento.
Obama se mostró
frustrado al condenar los trágicos sucesos: “Esto se ha convertido en
una rutina, las informaciones son rutinas, mis reacciones aquí en este
podio son una rutina, y lo es la conversación posterior”, afirmó durante
una intervención especial ante la prensa desde la Casa Blanca.
A
su juicio, la ausencia de iniciativas al respecto constituye “una
decisión política”, porque grupos interesados como la industria de
armamentos “financian campañas y alimentan el miedo en la gente”.
El
mandatario explicó que solicitó a su equipo de asesores analizar los
límites del Poder Ejecutivo para hacer aplicar leyes existentes, a fin
de “poner las armas fuera del alcance de los criminales”.
Según
cifras oficiales, los últimos años atestiguaron decenas de masacres con
un número considerable de muertos, la peor de las cuales ocurrió en
diciembre de 2012 en una escuela de Newtown, estado de Connecticut,
donde perecieron 20 niños y seis adultos.
Otros
datos ilustran la magnitud del fenómeno en una nación con el récord de
muertes por arma de fuego dentro de los países desarrollados.
Entre
2004 y 2013, fallecieron más de 316 mil personas a consecuencia de
disparos, según datos del Centro de Prevención de Enfermedades.
Informes
confirman la existencia de más de 300 millones de pistolas, rifles,
fusiles y otros instrumentos para matar en inventarios privados
estadunidenses, casi en igual proporción a la cantidad de habitantes de
la nación.
Según el gobernante, las
estadísticas muestran que la violencia armada tiene un costo mayor en
vidas estadunidenses que el terrorismo desde los ataques del 11 de
septiembre de 2001.
Las exhortaciones de Obama y amplios sectores de la sociedad estadunidense parecen caer en saco roto ante las justificaciones de los republicanos, que esgrimen siempre la Segunda Enmienda constitucional como sacrosanto impedimento para frenar cualquier iniciativa contraria al derecho para portar armas.
Los muchos rostros del odio y la discriminación
A
mediados de noviembre, una noticia evidenció el nivel de violencia
policial en una nación que, al mismo tiempo, comienza a tomar conciencia
de la urgencia de revertir esta situación.
De acuerdo con cálculos del diario británico The Guardian, agentes policiales estadunidenses son responsables del asesinato de al menos 1 mil personas desde que inició el año.
De ese total, 883 murieron por balas disparadas por policías, otros 47 fueron víctimas del shock provocado por taser –pistola eléctrica–, 33 resultaron atropellados por vehículos policiacos y 36 fallecieron en detención.
Según su análisis de estas estadísticas, la tasa de muertes de civiles a manos de la policía es actualmente de 3.1 cada día.
Los
afroestadunidenses, aunque representan sólo 13 por ciento de la
población, son ultimados por policías casi dos veces más que los blancos, agregó la fuente.
A
la violencia de la Policía contra afroamericanos y latinos, se unen
acciones de supremacistas blancos, que tratan de imponer su ideología
como ocurrió el 17 de junio en una histórica iglesia de Charleston,
Carolina del Sur.
Dylann Storm Roof
se introdujo en una reunión de estudio de la biblia en la iglesia
Emanuel African Methodist Episcopal de dicha urbe y abrió fuego, lo cual
dejó nueve afroamericanos asesinados.
Durante
el interrogatorio para incriminarlo de cargos, el supremacista blanco
de 21 años aseguró que quería “emprender una guerra racial”.
La llegada a la Casa Blanca del primer presidente negro
en 2009, apenas modificó el panorama que padecen los afroamericanos, en
una nación donde, advierten algunos, “existen demasiadas armas y
racistas”.
Un editorial del diario británico The Independent
consideró que Estados Unidos retrocedió en sus relaciones raciales
desde la elección de Obama y que “la obscena proliferación de armas sólo
magnifica tragedias” como las de Charleston.
El diario mexicano La Jornada
recalcó, por su parte, que la nación norteña se convirtió en un “Estado
estructuralmente violento”, donde se utiliza la fuerza con demasiada
frecuencia para resolver diferencias a nivel local e internacional.
Masacres y denuncias de cuestionables prácticas policiales contra personas negras
desarmadas evidencian las heridas nunca cicatrizadas de un flagelo
entronizado desde los oscuros tiempos de la esclavitud y la segregación
por el color de la piel.
Tal estado
de cosas alimenta el debate nacional, incluso en las altas esferas
políticas, mientras avanzan reclamos para efectuar profundas reformas de
los cuerpos policiales y del sistema judicial penal.
Una de las evidencias más sobresalientes ocurrió con la absolución de George Zimmerman, un guardia de seguridad blanco
que en 2012 asesinó en Sanford, Florida, al adolescente afroamericano
Trayvon Martin, a quien consideró “sospechoso”, pese a encontrarse
desarmado.
El avance del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de las personas negras importan), demuestra esta toma de conciencia y marca un nuevo punto de tensión dentro del discurso antidiscriminatorio.
Esta
iniciativa se extiende a las universidades, con un enfoque más amplio
sobre el racismo institucional que prevalece en este país, y miles de
jóvenes han participado en una creciente ola de acciones con notables
resultados.
Observadores dicen que Black Lives Matter sirvió para las acusaciones rápidas contra oficiales por disparar contra personas negras y desarmadas, así como un cambio en la actitud del público hacia el tema.
Entre
sus acciones más destacadas se cuentan cierres de carreteras, centros
comerciales, puentes y empresas de un extremo a otro de Estados Unidos.
A
mediados de septiembre, logró incluso la renuncia del jefe policial del
poblado de Surf City, Carolina del Norte, luego que este calificara al
grupo como terrorista en un comentario de la red social Facebook.
Si
los líderes demócratas, e incluso algún que otro republicano están
reconociendo Black Lives Matter, es porque cientos de miles de personas
salieron a las calles, sostuvo recientemente el sitio digital Socialist
Worker.
Casi seis de cada 10 ciudadanos estadunidenses, incluyendo una mayoría de blancos y negros,
creen que las relaciones raciales están generalmente mal, y casi cuatro
de cada 10 piensan que empeorarán, reveló en julio una encuesta del
diario The New York Times y la televisora CBS News.
Luis Brizuela Brínguez/Prensa
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