“Estados Unidos no tiene amistades permanentes: tiene objetivos e intereses permanentes.” John Quincy Adams.
Para los Estados Unidos la guerra es una simple herramienta más, donde no importa que haya millones de muertos, hambre, guerras fratricidas y eternas, conflictos religiosos o atentados terroristas. Todo es válido para conservar e incrementar las grandes fortunas del planeta, pero principalmente las de su país. No olvidemos que el gran Océano Pacífico pasó a sus dominios una vez que realizaron el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki [1].
Herramienta que se potencializa más todavía después de la dos Guerras Mundiales, ya que le permitieron a los Estados Unidos organizar una gran zona económica y aproximarse a su sueño de una economía capitalista a escala planetaria. Los administradores de las grandes empresas reunidos en Washington para tomar a su cargo la gestión de la economía de guerra aprendieron que la producción en masa de armamentos, sostenida por el Estado podía resolver al menos provisionalmente la crisis de las instituciones capitalistas. El conflicto ayudó al rápido crecimiento de la economía de Estados Unidos gracias a los pedidos bélicos de los aliados. El producto nacional bruto creció de 39.000 millones de dólares en 1913 a 77,100 millones en 1918. El comercio exterior aumentó a ritmo acelerado. El sensible superávit de la exportación sobre la importación condujo al aumento de las reservas de oro de los EE.UU. desde 1.526 millones de dólares en 1914 hasta 2,873 millones en 1918. […] La guerra posibilitó el fabuloso enriquecimiento de la oligarquía financiera norteamericana. [2]
Recayendo el papel dirigente de la nueva relación emergente en manos del sector gubernamental oficial y el presidente Roosevelt profundamente popular y carismático. Éste estímulo la producción industrial y el fomento de la investigación, cuidándose de no dañar los intereses del capitalismo de los monopolios. Por el contrario debía favorecerlos siempre que fuera posible. Debido a que en los años formativos del complejo militar-industrial, el público aún desconfiaba profundamente de firmas industriales de propiedad privada por la contribución que estás tuvieron para la Gran Depresión. Roosevelt patrocinó las relaciones público-privadas obteniendo su legitimidad del propósito de rearmar al país, así como a las naciones aliadas en todo el mundo, contra las fuerzas crecientes del fascismo. El sector privado estaba ansioso de seguir esa línea, en gran parte como una manera de recuperar la confianza del público y de disfrazar sus beneficios en tiempos de guerra.
Acordes con este esquema, gracias a la ayuda de EE.UU., hubo un fuerte crecimiento de la economía militar en un amplio sector de países como no se había dado hasta entonces, particularmente en aquellos países capitalistas como Inglaterra, Japón e Israel donde ya los círculos dirigentes de esa naciones estaban acostumbrados al uso de las armas para fortalecer su dominación clasista, luchar contra movimientos revolucionarios, conservar sus colonias y anexionarse nuevos territorios. Inglaterra ocupó el segundo lugar en gastos militares dentro de su economía, y emplazamientos militares fuera de su país, gracias a la alianza de este imperialismo con el norteamericano. Japón por su parte, tuvo una escalada militar de 421 millones de dólares en 1960 a 1.864 millones en 1971, año mismo en el que el XXV Congreso liberal democrático de ese país aprobó una resolución donde se disponía llevar a cabo una resolución para recuperar los territorios del norte. Finalmente Israel, durante los años señalados, terminó por convertirse en uno de los Estados más militarizados del mundo. Y después de haber ocupado extensos territorios árabes, Tel-Aviv se negó a cumplir las condiciones indispensables para la solución política de la Crisis generada en Oriente Medio por estos actos: sacar sus tropas de las tierras ocupadas. [3]
Algunos de los beneficios de la industria bélica se pueden observar tan solo en la producción de pertrechos de un mismo tipo, puesto que en ello se ocupan unas cuantas empresas y en ocasiones una sola compañía grande, donde los precios de producción se caracterizan por una gran vaguedad de los datos de partida, lo que, indudablemente, es una condición favorable para elevar los precios de venta de las mercancías en cuestión. Siendo la causa principal de este hecho el cúmulo particularmente favorable de condiciones de funcionamiento del capital industrial en la esfera militar, determinado por la naturaleza monopolista estatal del complejo militar de hoy. Así, en los Estados Unidos, cerca de las dos terceras partes de los pedidos de material de guerra del Departamento de Defensa y del 80% al 90% de los contratos para realizar investigaciones y estudios militares se los han repartido periódicamente cien grandes compañías [4].
En la actualidad, los cinco contratistas más importantes de la Defensa estadounidense son Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Seguidos de Honeywell, Halliburton, BAE System y miles de compañías y subcontratistas de defensa más pequeñas. Algunas, como Lockeheed Martin en Bethesda (Maryland) y Raytheon en Waltham (Massachussets) obtienen cerca del 100% de sus negocios de los contratos de defensa. Otras, como Honeywell en Morristown (Nueva Jersey), tienen importantes divisiones de productos de consumo. Y todas están preparadas para sacar provecho en cuanto los gastos de suministros de armas aumentan. Tan solo en el 2003 los contratistas de defensa estadounidenses disfrutaron de los grandes presupuestos del Pentágono desde el comienzo de la guerra de Iraq. Contabilizando aumentos considerables en los rendimientos totales de sus acciones, que fueron desde el 68% (Northrop Grumman) hasta el 164% (General Dynamics) desde marzo de 2006 a septiembre de 2006 [5] .
Asimismo, los gastos que tuvo la Casa Blanca en la guerra contra los pueblos de Vietnam dan una idea de la magnitud y carácter de los desembolsos relacionados en la dirección de la actividad bélica. Tan solo en el estudio y diseño experimental de pertrechos “antiguerrilla”, el Departamento de Defensa estadounidense gastó en el periodo de los años de ejercicio económico de 1963/64-1968/69 unos 3.000 millones de dólares. En tanto que la aviación del Cuerpo intervencionista norteamericano lanzó en los territorios de Vietnam, Laos y Camboya entre 1965 y 1970 más de cinco millones de bombas; para lo cual los gastos generales de estadounidenses fueron de 4.000 a 5.000 millones de dólares al año. Además de los enormes gastos para dar suministros a las tropas “expedicionarias” vituallas, uniformes, objetos personales y en sueldos para el personal (unos 1.000 millones de dólares por cada 50.000 del Cuerpo norteamericano de intervención). Finalmente, el gobierno estadounidense gastó miles de millones de dólares en reponer las pérdidas de material de guerra y equipos, que las fuerzas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y de la Defensa Antiaérea de la República Democrática de Vietnam causaron a los intervencionistas. Y desde entonces los EEUU se han colocado como los mayores proveedores de producción de guerra en el mercado capitalista mundial [6].
Por lo que el ejército ha venido desempeñando el papel de cliente ideal para los negocios privados, al gastar miles de millones de dólares anualmente en los términos más favorables para los proveedores. No hay duda de que abastecer al ejército es considerado universalmente como un buen negocio: todas las empresas, grandes y pequeñas, tratan de conseguir una participación tan grande como sea posible, siendo así que los intereses privados de la oligarquía, lejos de oponerse a los gastos militares, estimulan su continua expansión [7].
Ante tal bonanza, el complejo militar-industrial conocido por el presidente Dwight D. Eisenhower es una organización militar muy lejana de la conocida por sus predecesores en tiempos de paz, o por los combatientes en la Segunda Guerra Mundial y Corea. Ha sufrido saltos cuantitativos y cualitativos bajo la presidencia de Ronald Reagan y acelerándose aun más después del 11-S bajo George W. Bush y Dick Cheney, debido a que las guerras, particularmente las guerras electrónicas modernas, son sinónimo de grandes contratos que suponen costes altísimos, grandes beneficios y grandes posibilidades de empleo para todos aquellos que conforman el necesario engranaje militar.
Reagan primero lanzó una campaña para reducir el tamaño del gobierno y ofrecer una gran parte de los gastos públicos al sector privado con la creación en 1982 del “Estudio del sector privado sobre control de costes.” Estudio conocido como la “Comisión Grace”. Que también utilizo Bill Clinton profundamente en servicios que otrora eran considerados inherentemente gubernamentales, incluyendo operaciones militares de alto riesgo y funciones de inteligencia que estaban reservadas sólo para agencias del gobierno. De manera tal que a fines del primer período de Clinton, más de 100.000 puestos del Pentágono habían sido transferidos a compañías del sector privado – entre ellos miles de puestos de trabajo en la inteligencia. Y para fines de su segundo período en 2001, el gobierno había reducido 360.000 puestos de trabajo de la nómina federal y el gobierno gastaba un 44% más en contratistas de lo que había hecho en 1993.
Posteriormente en 2001, Bush y Cheney agregaron al proceso de Clinton el traslado de gastos estadounidenses de defensa, seguridad nacional, y programas sociales a grandes corporaciones amigas del gobierno de Bush. Lo que derivó en un gobierno ahuecado en términos de funciones militares y de inteligencia. La KBR Corporation, por ejemplo, suministró alimentos, lavanderías, y otros servicios personales a los soldados en Iraq gracias a contratos extremadamente lucrativos adjudicados sin licitación, en tanto que Blackwater Worldwide suministró seguridad y servicios analíticos a la CIA y al Departamento de Estado en Bagdad. Donde los costes – tanto financieros como de personal – en la privatización en los servicios armados y en la comunidad de inteligencia han excedido por mucho cualquier supuesto ahorro [8].
Muy por el contrario, los ataques terroristas del 11-S de 2001 supusieron una bonanza para el complejo industrial militar estadounidense. Fue un “Nuevo Pearl Harbor”, por el que algunos habían estado abiertamente esperando. Porque tales ataques dieron el pretexto perfecto para desarrollar gastos militares, que se habían detenido tras la desaparición del antiguo Imperio Soviético. Proporcionando además el fundamento para aumentarlos de modo espectacular, sustituyendo la "guerra contra el comunismo" y la "Guerra Fría contra la URSS" por una "guerra antiterrorista" en el Medio Oriente y una "guerra contra las drogas en América Latina". Dentro de este espectro, las puertas del gasto militar se abrieron nuevamente. Continuándose el desarrollo del cada vez más sofisticado armamento, mientras que algunas corporaciones y cientos de distritos políticos podrían seguir llevándose los beneficios. No importando que los costes sean asumidos por los contribuyentes, por los hombres y mujeres jóvenes que morirían en combate y por las remotas poblaciones que yacerían bajo la lluvia de bombas que caerían sobre ellos y sus hogares [9].
América Latina en la guerra permanente de Europa y Estados Unidos.
La posición de EEUU y la UE, desde el año 2000 se encuentra signada por la tendencia a no poder mantener su poder económico como elemento de dominio sobre los bloques rivales que han emergido en la última década, especialmente China y Rusia. Por ejemplo, los Estados Unidos y sus socios de la OTAN han buscando socavar la formación de una alianza militar cohesionada no solo de India y de China, Rusia, sino también de varias antiguas repúblicas soviéticas que incluyen Bielorrusia, Armenia, Kazajstan, Tajikistan Uzbekistán y Kirguistán, que desafía y contiene el expansionismo de la dupla USA-OTAN en Eurasia.
Esto ha dado lugar a diferentes estrategias de respuesta por parte de las potencias occidentales. Concretamente los EEUU, durante el mandato del Presidente George W. Bush, un antiguo petrolero, y el Vicepresidente Dick Cheney, antiguo presidente y director ejecutivo de la gran compañía de servicios petrolíferos Halliburton en Houston (Texas), consagraron el crecimiento y desarrollo del complejo industrial militar. Su administración ha extendido el sistema militar y adoptó una política exterior militarista a una escala no vista desde el final de la Guerra Fría e incluso desde el final de la II Guerra Mundial. Bajo la administración Bush-Cheney, la industria armamentística se volvió extremadamente rentable. Fluyeron contratos por miles de millones de dólares para vender aviones y tanques a diversos países. Casi las dos terceras partes de todas las armas exportadas en el mundo salen de Norteamérica.
A esta estrategia desgraciadamente le debemos sumar la declaración del presidente francés, François Hollande, al indicar que se había producido un acto de guerra al que Francia iba a responder de manera implacable, tras los terribles atentados de París reivindicados por Daesh. Actos que resultaron imprescindibles, al igual que los ataques a las torres gemelas, para legitimar las pretensiones occidentales en un escenario global de competencia con otras potencias emergentes.
Derivado de la incapacidad de cada uno de los países de la UE con aspiraciones hegemónicas para jugar por sí sólo un papel a la altura de los retos que plantean competencias como los acuerdos militares que tiene China y Rusia. Cooperación de amplio alcance con Irán, que le permitió a éste último desde 2005 contar con el estatus de miembro observador en la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO). Además de que dicha organización a su vez está vinculada con el Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO), un conjunto de acuerdos militares de cooperación entre Rusia, Armenia, Bielorrusia, Uzbekistan, Kazajstan, Kirguistán y Tajikistan. Por si esto fuera poco, desde el 2006 Irán fortaleció sus vínculos energéticos petroleros y gaseros mediante oleoductos y gasoductos que llegan hasta la India pasando por Pakistán. Relación entre la India e Irán en el terreno petrolero y gasero que debilita la influencia de Washington en la región [10].
En esta panorámica, la guerra contra el terrorismo ahora encabezada por Francia ha ofrecido la oportunidad de aumentar las implicaciones de algunos de los miembros de la OTAN y avanzar materialmente en estrategias de cooperación en seguridad y defensa cuyas bases, se encuentran ya asentadas en el Tratado de Lisboa. Estas iban a un ritmo demasiado lento como para satisfacer los requerimientos de una UE con aspiraciones a jugar un papel determinante en el nuevo equilibrio mundial. Además han apuntalado la disciplina interna, mediante medidas excepcionales con tendencia a convertirse en permanentes vía reforma de códigos penales, que no sólo afectaran al país galo. El tratamiento de las protestas ante la Cumbre del Clima de París ha sido una buena muestra. La configuración del enemigo externo y el enemigo interno son un par de construcciones imprescindibles en la respuesta autoritaria y militarista que se extiende como respuesta a la(s) crisis que atraviesan al orden global.
Todos estos escenarios de guerra asociados a ultimátums y preparativos militares, además de los miles de millones de ganancias que generan para Wall Street, para los gigantes petroleros, para el complejo militar industrial, para los especuladores en monedas, en barriles de petróleo, y en los mercados de materias primas agrícolas. También sirven para forzar a otros países a resignar soberanía, a abrir su economía a los inversores occidentales, a privatizar y vender los mejores activos a las compañías norteamericanas. El objetivo de la guerra es extender las fronteras de la economía global capitalista [11].
De tal manera, estos planes de guerra, en paralelo con un proceso de reestructuración económica y con una bastante bien instalada depresión económica mundial, colocan a América Latina y a México en particular, en una encrucijada muy seria. La guerra y la globalización son procesos que están íntimamente relacionados. Y al igual que la militarización de Medio Oriente y de Asia Central, en Latinoamérica tienen que ver con el proyecto de extender el sistema del «libre mercado» hacia nuevas fronteras.
Más aun cuando América latina históricamente ha sido la región inmediata de interés estadounidense, aun desde antes de que se independizaran los países latinoamericanos. Principalmente México, “un país como el que posiblemente no habrá otro en el mundo en el que la naturaleza se haya mostrado tan pródiga”, con su imponente capital “situada en medio de un lago, con estupendos palacios adornados con columnas de jade”. Mundo mágico cuyo destino parecía trazado por la providencia, abierto a la ambición y el trabajo de quienes prometíanse una vida mejor al lograr “compartir” las riquezas mineras de México y el Perú. “Si los patriotas coronan con éxito su lucha de independencia, y creemos que para ese fin harán cuanto de ellos esperamos, escribía la Arkansas Gazette, se amasarán inmensas fortunas con sólo invertir un poco de dinero en esas tierras fértiles, productivas en todo género de mercaderías.” [12]
De forma tal que los intereses de la Casa Blanca por América Latina se han venido reflejando en truculentas maniobras, con vistas a tratar de garantizar la total subordinación de nuestras naciones y el Caribe a sus estrategias y a sus cambiantes tácticas de expansión y dominación hemisférica y mundial. Así como para destruir a cualquier precio a todas aquellas fuerzas sociales y políticas que han sido percibidas en cada momento histórico como obstáculos para la realización de sus afanes expansionistas.
Por ejemplo, Estados Unidos ha participado en varias guerras después de haber fingido ataques a sus intereses por parte de otras naciones. En 1898 cuando comienza a desplegar sus fuerzas navales en torno a las islas del Caribe, se aprovecha de forma oportunista de los inmensos sacrificios y de la sangre derramada por los luchadores para lograr la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, mediante una espléndida guerra chiquita contra el impotente coloniaje español. Guerra en la cual no existían razones por parte de la Casa Blanca para interferir, pero se las inventan al hacer explotar su propia embarcación Maine, hundida en el Caribe y con tal motivo ataca al aparente culpable, España.
Hoy, quienes están amenazados son países como Irán, debido a que este cuenta con la tercera reserva mundial de petróleo y en nuestro continente Venezuela y México. América Latina es una región absolutamente prioritaria para la Casa Blanca. Por lo que será el área donde su intransigencia será mayor. Los grandes intereses empresariales de EE.UU pueden resignarse a perder África, Asia e inclusive Europa, pero jamás Latinoamérica, por lo cual en países como el nuestro vienen descargando toda la furia de su destructivo aparato militar, sobre quienes son percibidos como amenazas para sus intereses.
Y sin lugar a dudas, en este mismo sentido ha estado orientada la famosa guerra contra el narcotráfico. Así lo refleja el memorando que la Washington envió al Departamento de Estado de esa nación, que listo a los países que no cooperan en la lucha antinarco. Al promover una mayor intervención y ocupación de Centroamérica con el pretexto de que la guerra sin cuartel de México y Colombia contra el narcotráfico, obligó al narco a replegarse hacia Honduras, Costa Rica y Nicaragua, por primera vez incluidos en la lista de grandes productores o plataformas del narcotráfico en el mundo. Más todavía cuando después de esto, como se esperaba, el gobierno de Laura Chinchilla, de Costa Rica, autorizó la presencia militar de Estados Unidos en su territorio, ofreciendo inmunidad a soldados y oficiales de ocupación que incurrieran en rupturas a la ley penal internacional, además de encabezar una iniciativa centroamericana para “presionar” a Estados Unidos en pos de más ayuda contra el narco [13].
Mampara que encubre campañas anti-populares y diseños de intervención y ocupación policial/militar/empresarial de zonas clave por su posición geográfica o por sus recursos. Y para lo cual viene utilizando dinámicas complejas que mezclan a íntimas estructuras criminales y estatales, donde oficiales uniformados se encuentran completamente integrados en los niveles operativos de la economía ilegal, que van más allá de la simple imagen de "un aparato estatal asediado por los criminales en busca de protección para sus viles actos".
A este respecto podemos observar la relación histórica entre los golpes militares, las políticas de desestabilización y las invasiones extranjeras. Donde las políticas de desestabilización han correspondido a la aplicación sistemática y programada de acciones encubiertas y abiertas, económicas, sociales, ideológicas y militares contra los gobiernos populistas, socialdemócratas, y más o menos democráticos para preservar la hegemonía del imperio y aumentar los procesos de transnacionalización de la economía y el Estado. Hoy en día se han perfeccionado las intervenciones imperialistas mediante políticas de desestabilización más novedosas, que no solo esperan sino que crean las condiciones para asestar golpes militares o intervenciones. La reformulada desestabilización, no sólo usa las contradicciones internas de un país, sino que las agrava y las acelera. Usando el poder de las empresas para hacer más poderosas a las empresas. Con el mercado, los mass media y los agentes de la CIA arman la desestabilización contrarrevolucionaria defensiva y ofensiva. Combinando la manipulación del mercado, el consumismo de los obreros, y de las clases medias, el tribalismo o el indianismo, las sectas religiosas, la televisión, el rumor, los agentes especiales ultra-revolucionarios, ingenuos o fingidos, la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Todas armas sagaces y complejas utilizadas para imponer sus designios económicos.
Durante el siglo XIX, los gobiernos inestables fueron el pretexto para las intervenciones en los países dependientes. Tales fueron los caos de Haití (1844-1847), México (1846-1848), Guatemala (1840-1844), Colombia (1830-1831) y Argentina (1827-1830). Mientras que en el siglo XX, la inestabilidad política y social frecuentemente precedió a las intervenciones norteamericanas de larga duración. Así ocurrió en Haití, en República Dominicana y en Nicaragua. Después de las intervenciones militares, Washington pudo controlar los territorios y países latinoamericanos dependientes a través de sus propios gobiernos y ejércitos nativos a cuyos funcionarios y cuadros entrenaron previamente para ahondar la dependencia de dichas naciones [14] .
Conforme a estos lineamientos de desestabilización, según John Saxe-Fernández, Estados Unidos necesitaba tener en México a unas Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles y entretenida en conflictos internos, como pieza clave de un diseño global que busca asegurar el control, por las compañías multinacionales, de los recursos geoestratégicos del país; en particular sobre el petróleo y el uranio del subsuelo. En este sentido el caso Gutiérrez Rebollo aceleró la penetración de los organismos de inteligencia norteamericanos en sus homólogos mexicanos. En el marco de la certificación unilateral del Capitolio y la Casa Blanca sobre la política antidrogas mexicana, el balance entre febrero y septiembre de 1997 indica que el general Barry McCaffrey obtuvo muy buenos dividendos. Ya que días después de la captura de Gutiérrez Rebollo (febrero de 1997), la administración Clinton pudo impulsar seis condiciones hacia al presidente Zedillo a cambio de obtener la certificación: Arresto, en un plazo máximo de seis meses, de los capos Amado Carrillo (Cártel de Juárez) y los hermanos Arellano Félix (Cártel de Tijuana); extradición de 12 narcotraficantes mexicanos, algunos en prisión, como Rafael Caro Quintero; inmunidad diplomática para los 39 agentes de la DEA asignados oficialmente a México; permiso para que el personal de la DEA pueda portar armas en territorio mexicano; autorización para que barcos de la Guardia Costera estadounidense ingresen en aguas mexicanas y cumplan tareas de interdicción; participación plena de las Fuerzas Armadas mexicanas en una "fuerza multinacional" americana para combatir el tráfico de drogas (proyecto de la flota aérea con sede en la Base Howard del Canal de Panamá).
Además, la caída de Gutiérrez Rebollo sirvió también para desmantelar el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) que dirigía el general, y crear una "dirección antidrogas mexicana que sería "a imagen y semejanza de la DEA" y sus agentes serían seleccionados y entrenados por el FBI, la CIA y la propia DEA. Por más que un importante funcionario mexicano dijo garantizar que la nueva dirección sería a prueba de las balas de la corrupción, la nueva Fiscalía antidrogas, a cuyo frente se puso a un civil, Mariano Herrán, quedaba bajo el paraguas de los servicios de inteligencia de Washington.
Por si esto fuera poco, en forma paralela, el director general de la CIA, John M. Deutch, giró órdenes para aumentar la presencia de su agencia de espionaje en México. Así, mientras los servicios de inteligencia mexicanos eran desmantelados, la CIA enviaba 200 agentes, informantes y analistas para abordar el tema del narcotráfico [15].
Asimismo, en México al igual que el resto de nuestra región, la industria armamentista de Estados Unidos es beneficiaria de doble vía en esta guerra sui géneris: Washington es el principal abastecedor (al 90 por ciento) de armas a los cárteles que operan acá ¡y a los ejércitos que los combaten! duplicando así exportaciones y beneficios [16]. De acuerdo con un estudio de la Universidad de San Diego en el periodo 2010-2012 ingresaron ilegalmente al país un cuarto de millón de armas cada año, cifras que hacen aparecer enano al programa Rápido y furioso de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés).
En tanto que de manera legal, el 17 de marzo del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano autorizó la venta de tres helicópteros Blackhawk por 110 millones de dólares para las FFAA mexicanas. Venta a la cual se le debe sumar otra efectuada el 21 de abril del 2014, cuando se adquirieron 18 Blackhawk UH-60M por 680 millones de dólares. Dichos helicópteros son producidos por las corporaciones Sikorsky y General Electric, y los acuerdos incluyen la construcción de un complejo en Querétaro para facilitar las ventas y el entrenamiento. Además, en febrero de 2015 la Fuerza Aérea Mexicana cerró un trato por 15 helicópteros Bell para su base en Zapopan, Jalisco.
Dentro de este mismo espectro, con la finalidad de expandir la arquitectura militar existente y fortalecer la interoperabilidad entre México y Estados Unidos, en mayo de 2014 Washington autorizó la venta de más de 3 mil vehículos militares Humvees multipropósitos a las FFAA mexicanas, a un costo de 556 millones de dólares. Y en diciembre de ese mismo año autorizó la venta de otros 2 mil 200 Humvees. Acuerdos que en su mayor parte fueron facilitados mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales) del Pentágono, que no están sujetos a restricciones de derechos humanos como la ley Leahy (introducida por el senador Patrick Leahy en los años 90, la ley prohíbe al gobierno de Estados Unidos proporcionar asistencia a cualquier unidad militar o policial extranjera si existe información creíble de que la misma ha cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad).
Además, según el reportaje de la revista estadunidense NACLA, durante el 2014 las fuerzas armadas (FFAA) mexicanas gastaron mil 150 millones de dólares en la compra de armamento. Y dentro de las ventas comerciales directas, México adquirió mediante autorización de Washington en 2013, más de mil millones de dólares en ventas de equipo militar, principalmente para sistemas de vehículos espaciales y equipos asociados; que podrían incluir satélites, sistemas GPS y estaciones de control terrestre [17].
De manera tal que la guerra de Calderón, y que continua con Peña Nieto, es un negocio multimillonario derivado de las elevadas erogaciones del presupuesto público en compras externas al complejo industrial militar norteamericano, principalmente, donde de la mano de miedo que ha generado la “lucha entre narcotraficantes”, también la seguridad privada es un mercado que en América ha crecido rápidamente. En los últimos 23 años, como sector de la vida económica la seguridad privada ha ganado un lugar de relevancia tanto en el mundo como en nuestra región. El mercado mundial de la seguridad privada tuvo en el año 2006 un valor de 85.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual promedio del 7% al 8%. En América Latina se estima ha tenido un crecimiento del 11%.
Las empresas se seguridad privada durante 2003 tuvieron en Brasil en el sector formal un aproximado de 570.000 guardias, seguido de México con 450.000 y en tercer lugar Colombia con 190.000 vigilantes, mientras que existían tan solo en ese año, a nivel regional unos 2.000.000 de guardias informales. Lo cual arrojaba una cantidad de 4.000.000 de personas empleados en esta industria en total [18].
En México durante el 2012, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) el 71% de la población reportó pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, lo que llevó a 24.8% a implementar medidas de seguridad, como cambiar cerraduras y candados, poner puertas y ventanas, o colocar rejas o bardas y algunos otros dispositivos de seguridad.
En este mismo sentido la industria mexicana del blindaje se inicio y ha crecido a pasos acelerados en tan sólo veinte años. Colocándose en América Latina, México en el segundo lugar en el blindaje de autos; anualmente se blindan 3 mil unidades mediante un registro formal. Cifra superada por Brasil, con 10 mil 400 unidades al año, en tanto que en Colombia se blindan mil 800 unidades al año. Partiendo prácticamente de cero hoy en día en México esta industria se ha convertido en un redituable negocio en el que compiten varias empresas, al grado de que muchas de ellas operan al margen del control del gobierno. Para lo cual a coadyuvado sobremanera el miedo a la delincuencia, tan solo en el 2011 los mexicanos gastaron 52 mil 400 millones de pesos, según datos del INEGI [19].
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Revista, Ciudad segura. “La seguridad privada en América Latina: un mercado en crecimiento”. FLACSO Ecuador. Por Andrea Betancourt.
La Jornada. “EU narcopotencia”. John Saxe-Fernández. Jueves 23 de septiembre de 2010
Proceso. 30 de septiembre de 2012. # 1874
Proceso. 30 de junio de 2013. # 1913
Proceso. 26 de mayo de 2013. # 1908
Proceso. 12 de agosto de 2012. # 1867
La Jornada. “Armas para la represión”. Por Carlos Fazio. 30-03-2015
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