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Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos iniciarán este
miércoles en La Habana una nueva ronda de diálogos, que busca poner fin
al conflicto armado en esa nación suramericana.
Desde noviembre de 2012, la mayor guerrilla de Colombia y el
Ejecutivo de ese país llevan adelante un proceso de paz, que, según las
pautas definidas por ambos bandos desde el pasado año, deberá concluir
antes del 23 de marzo.
Luego de un receso de fin de año, este miércoles inicia una etapa en
la que se prevé mayor actividad y diligencia en busca de un pronto
acuerdo.
Al respecto, según manifestó el propio presidente Santos, la
intención es instalar a partir de ahora una suerte de cónclave
permanente, a fin de permanecer en la mesa de conversaciones de manera
casi ininterrumpida, con pequeñas pausas para consultas.
Tal modelo de concertación, que presupone mayor dinamismo,
sustituiría al precedente concebido por ciclos y con descansos
intermedios de varios días.
En una alocución efectuada la víspera desde la Casa de Nariño, Santos
ratificó su disposición para lograr en el menor tiempo posible un pacto
con la contraparte rumbo al fin de la confrontación bélica, que dura
más de medio siglo.
En ese sentido, confirmó que la delegación de paz gubernamental
regresa a La Habana con la instrucción de agilizar los diálogos en aras
de un acuerdo final.
Tras lograr un pacto en el controversial tema de las víctimas del
conflicto -que incluye esclarecimiento de la verdad, justicia y
reparación-, los equipos del Ejecutivo y de las FARC-EP, deberán tratar
otros polémicos asuntos como la dejación de las armas, desmovilización
de los guerrilleros y su reintegración a la sociedad.
Hasta el momento, como resultado de los diálogos de paz, ambas
delegaciones lograron acuerdos en los temas de reforma rural integral,
participación política, combate a las drogas ilícitas, y víctimas, las
cuales suman casi siete millones.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, los puntos más difíciles a
dilucidar son las condiciones bajo las cuales deberá decretarse el cese
el fuego bilateral y definitivo, así como la definición del mecanismo
para validar por la vía popular el conjunto de consensos.
Mientras el Ejecutivo aboga por un plebiscito, el movimiento insurgente pide una Asamblea Nacional Constituyente.
(Con información de Prensa Latina)
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