Tendrá que declarar ante juez por escándalo sobre supuesta corrupción en Petrobras
Luiz Inacio Lula da Silva, ex mandatario brasileño, durante un discurso en Sao Paulo en 2015
Periódico La Jornada
El viernes pasado el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su
esposa Marisa fueron llamados a prestar declaración el 17 de febrero
ante un fiscal de primera instancia no como testigos, sino como
investigados.
El fiscal Cassio Conserino declaró que hay indicios de que
intentaron ocultar la identidad real del propietariode un departamento en Guaruja, playa de clase media, a 67 kilómetros de São Paulo.
Aunque no haya ninguna novedad relacionada con el tema –Lula siempre admitió haber comprado en 2004 una
cuota de participaciónen la construcción de un edificio en el balneario–, el departamento sirvió de pretexto para que finalmente el ex mandatario pase a la condición de investigado. Desde hace al menos un año cada paso de la sonada operación Lavado Rápido, que trata de revelar el esquema de corrupción en Petrobras, no hizo más que buscar caminos para alcanzar a Lula da Silva e involucrarlo de alguna manera en la trama.
En relación con el sonado triplex (el departamento ocupa los
últimos tres pisos del edificio), Lula asegura haber pagado, entre 2004
y 2010, las contribuciones mensuales estipuladas en el contrato de
opción de compra y que en 2015 desistió de ejercer esa opción, lo que
estaba igualmente previsto en el convenio.
Tener a Lula da Silva, quien continúa siendo el principal referente
político de Brasil, en la condición de investigado era un objetivo claro
en las pesquisas llevadas a cabo por el juez de primera instancia
Sergio Moro. Los jóvenes fiscales regionales, de poca experiencia y
bastante ambición, no hicieron ningún esfuerzo por disfrazar sus ganas
de lucirse como paladines de la justicia. Así, la actual ola de
investigaciones, pese a todas las aberraciones judiciales alegremente
ignoradas por los medios de comunicación, sería un buen ejemplo de que
la impunidad de los poderosos llegó a su fin. Y como mejor prueba, ¿qué
tal tener a Lula da Silva, el más popular de los presidentes brasileños
en más de medio siglo, en la cárcel?
En días recientes, pese a las reiteradas afirmaciones de que el ex
presidente no se encontraba bajo investigación, se reforzaron los
indicios de que vincular a Lula con el escándalo no era uno de los
objetivos, sino el objetivo central del operativo.
El muy obvio y selectivo sistema de filtración de
informaciones supuestamente bajo sigilo judicial a la prensa se
concentró en el departamento, cuyo valor de mercado es calculado en unos
400 mil dólares. La sospecha, de acuerdo con la policía federal, es que
Lula no compró el inmueble, sino lo recibió de propina en el escándalo
de corrupción de Petrobras. Para el fiscal de São Paulo, se trata de un
claro mecanismo de
ocultamiento de patrimonio, una vez que el inmueble sigue, en los registros formales, como propiedad de la constructora (vale recordar que Lula desistió de ejercer la opción de compra).
Se trata de algo definitivamente insólito. Primero, la ley no faculta
a un fiscal a anunciar a la prensa que pretende denunciar a alguien.
Sólo con eso, los abogados de la persona mencionada pueden denunciarlo
por parcialidad evidente, en perjuicio de la defensa. Segundo: en la
declaración juramentada de patrimonio, la pareja Marisa-Lula da Silva
declaró poseer
una cuota de la cooperativaque construyó el edificio y que ésta les daba la
opción de realizar el negocio o desistir, recuperando el valor actualizado al día de la renuncia a ejercer el derecho de compra.
Es importante conocer esos detalles porque la campaña contra Lula,
alimentada alegremente por los medios hegemónicos brasileños, tiende a
crecer, salpicando una eventual candidatura presidencial en 2018.
Abogados de presos por la operación Lavado Rápido admiten en los
bastidores que sus clientes reciben a diario una misma oferta de
interrogadores de la policía federal o de la fiscalía que trabajan a las
órdenes del juez de provincia Sergio Moro: una denuncia, cualquiera,
contra Lula da Silva facilita que se incluya al preso en el programa de
delación premiada. O sea, se delata a cambio de una drástica reducción de la sentencia, que en general resulta en la puesta en libertad. Y en las sombras de las celdas, donde importantes empresarios e intermediarios de negocios excusos están confinados, la presión sicológica es ejercida sin treguas, siempre teniendo entre sus objetivos alcanzar a Lula da Silva.
Comprobar lo que se denuncia es parte del acuerdo. Pero mientras no se analizan las supuestas pruebas, se sepultan reputaciones.
