El “Trans Pacific Partnership” es un tratado de libre comercio que
lidera Estados Unidos y en el que también está negociando Chile y que
entre sus postulados promueve la regulación del comercio de lácteos,
medicamentos, empleos, derechos de autor, patentes, inversiones
estatales y medioambientales. Lo más grave es que limita los derechos
humanos en internet.
Con los hechos consumados no se puede hacer nada. Ocurre en el mundo
privado (colusión de los pollos y de las farmacias, las repactaciones
irregulares de La Polar y muchos otros temas más) y también en la
administración pública y los proyectos de ley que se aprueban en el
Congreso Nacional que varias veces terminan perjudicando a los
gobernados.
Sin rodeos, es antes donde el ojo ciudadano y de la opinión pública debe poner el acento.
Por tal motivo, un grupo de parlamentarios y de organizaciones
sociales comenzó una campaña que busca impedir que nuestro país ponga su
firma en el "Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica", "TPP" en
inglés.
En rigor, el Trans Pacific Partnership es un tratado de libre
comercio multilateral que se está negociando en secreto por su principal
promotor, Estados Unidos, junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú... y adivine
quién más: Chile.
Dentro de los contenidos del pacto se enumeran cuatro aspectos
esenciales que han generado pavor en todos los rincones el planeta.
Tome nota: limitación a derechos humanos en internet, obstáculos al
acceso de medicamentos genéricos, filtros en el conocimiento y la
cultura e impedimentos a los derechos de los consumidores.
Traducido al español, se quiere regular el comercio de lácteos,
empleos, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y
medioambientales.
Lo peor de todo es que las silenciosas tratativas del TPP (30
capítulos) vienen avanzando desde marzo de 2010 y que solo gracias a las
revelaciones de los documentos oficiales que fueron realizadas por
"Wikileaks" -en noviembre de 2013- el mundo pudo conocer al menos tres
capítulos de esta cruenta trama.
Violación de derechos
Para evitar que nuestra República sea socia del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica se constituyó la "Plataforma Ciudadana Chile
Mejor sin TPP", donde las caras visibles son el senador del MAS
Alejandro Navarro y los diputados Camila Vallejo (PC), Giorgio Jackson,
Gaspar Rivas y Gabriel Boric (independientes) y donde suscriben su apoyo
el Observatorio Ciudadano, el Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo (Cenda), la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
la Fundación Terram, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas (Anamuri), entre otras agrupaciones ligadas al mundo
económico, educacional, mapuche, editorial y de la salud y la ecología.
Nótese que 34 diputados y 15 senadores, además de premios nacionales,
profesionales de las ciencias sociales y artistas de diversas
disciplinas -en diciembre de 2013- solicitaron transparentar los
contenidos del TPP, lo que generó que en el programa de gobierno de la
entonces candidata presidencial, Michelle Bachelet, se incluyera el
reestudio del texto a causa de las amenazas que podría acarrear este
pacto para Chile.
Sin embargo, como de este polémico asunto nunca más se habló, el
codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló en el
lanzamiento de la plataforma que este tratado "es una aberración desde
el punto de vista de los derechos humanos, la democracia y la
soberanía".
"Hasta ahora, no han sido consultados los pueblos indígenas, como
obliga el Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile, en circunstancia de
que se trata de una medida legislativa que evidentemente va a tener
grandes implicancias para los pueblos indígenas", alegó.
Por su parte, Rodrigo Irarrázaval, representante de "Médicos Sin
Marca", precisó que el TPP "impedirá la entrada de medicamentos
genéricos al mercado, lo que trae como consecuencia el aumento de
precios insostenibles o muy difíciles de mantener de los productos
farmacéuticos".
"Por eso es importante recordar que en mayo de este año el actual
ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se comprometió ante la
Cámara de Diputados que se iba a defender la condición actual al
derecho a patente en nuestro país y que el tratado no iba a influenciar
en este punto", agregó.
Javiera Espinoza, vocera de la Fundación Terram, en tanto, manifestó
que "es preocupante que el ítem del Medio Ambiente esté supeditado al
capítulo de inversiones, puesto que finalmente son las reglas de este
nuevo acuerdo las que estarían limitando la política pública ambiental
de los próximos años".
"Es contradictorio al Principio 10 de la Declaración de Río que está
liderando Chile y que promueve el acceso a la información, participación
y justicia ambiental", resaltó.
Siesta legislativa
A nivel político, al senador Navarro fustigó que el proyecto de
reforma constitucional (Boletín 9209-07), que incorpora los principios
de participación y transparencia en la negociación de tratados
internacionales de naturaleza económica, aún duerme en el Congreso desde
su presentación en 2013.
"El TPP extiende los derechos privados de los medicamentos y mantiene
el monopolio, debido a que las licencias que hoy duran 20 años se
extenderían por otros 15", alegó.
"Además de la criminalización, sin derecho a defensa de usuarios
comunes, este tratado esconde tras sus garras la privatización de
internet, ya que genera las condiciones apropiadas para que en el futuro
las empresas cobren por ver un video musical de un artista, abriendo un
amplio campo de negocios con internet. No seré cómplice de un tratado
que busca criminalizar internet", sentenció el parlamentario.
Fuente: Cambio 21
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