Adital
El
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Trans Pacific Partnership, TPP), ambicioso proyecto entre gobiernos
y grandes corporaciones de empresas que pretende instaurar una Área de Libre
Comercio en la región del Pacífico, podrá atentar directamente contra los
derechos humanos de un amplio conjunto de la población. Además, sería contra la
soberanía de los pueblos y sin la posibilidad de los habitantes de la zona de participar
en las decisiones que les afectan directamente. Cerca de 50 organizaciones de
la sociedad civil e indígenas, además de ciudadanos de diversos ámbitos, y
parlamentarios, denuncian los riesgos y reclaman un mayor acceso a los términos
de las negociaciones, exigiendo participación ciudadana efectiva en el proceso.
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| Activistas hacen intervención en Chile con pedido a Michelle Bachelet: "Presidenta, ¡no firme el TPP!”. Foto: Reproducción. |
Cuestionando
la propuesta, la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP, que reúne a movimientos
sociales e iniciativas de la sociedad civil, publicó una declaración pública en
la que rechaza, de manera vehemente, el carácter secreto de las discusiones en
relación con el tratado, inclusive, por el propio Parlamento. Exige que la
presidente chilena, Michelle Bachelet, no firme el tratado. Esto porque, de los
30 capítulos que tiene el Acuerdo, solamente tres son conocidos públicamente y,
aún así, solamente por infiltraciones en los textos realizados por la
organización Wikileaks, en noviembre de 2013.
El
acuerdo incluye a Estados Unidos y 11 países del Círculo Pacífico: Australia,
Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam, que juntos responden por el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del
mundo. En negociación desde por lo menos el año 2008, el TPP pretende ser
viabilizado como el mayor acuerdo corporativo de la historia e, inclusive con
potencial de impacto a escala global, ha sido negociado bajo extremo secreto.
Casi todo lo que se sabe sobre él fue revelado a través de documentos filtrados.
En
América Latina, la resistencia a la propuesta ha unificado esfuerzos de organizaciones
en contra de la adhesión de Chile al Acuerdo. Miembro de la dirección del
Observatorio Ciudadano, José Aylwin es enfático al señalar que el tratado que
se pretende instaurar entre las naciones no considera el compromiso de los
Estados con la democracia. "No solamente en Chile, sino en todos los Estados
que son parte”, asevera. "Hasta
ahora no ha sido consultado a los pueblos indígenas como obliga el Convenio 169
de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] suscrito por Chile, en
circunstancia que se trata de una medida legislativa que evidentemente va a
tener grandes implicancias para los pueblos indígenas”, observa Aylwin.
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| La Presidente chilena Michelle Bachelet (a la derecha) con presidente de Estados Unidos Barack Obama. Ella es presionada por los movimientos sociales para no aceptar términos propuestos en el acuerdo con Estados Unidos. Foto: Reproducción. |
La
propuesta pretende interferir en cuestiones como propiedad intelectual,
regulación de internet, mercados financieros, empresas estatales y medio
ambiente. Uno de los puntos más preocupantes del Acuerdo se refiere a la
propiedad industrial farmacéutica, que a través de disposiciones pro corporaciones,
van a aumentar los costos de los medicamentos a los ciudadanos, dificultar el
acceso a los productos genéricos en todo el mundo y precarizar los sistemas
públicos de salud. Sobre este asunto, Rodrigo Irarrázaval, miembro de la
asociación chilena "Médicos sin marca”, que promueve el ejercicio clínico
responsable, observa que el impedimento de la entrada de medicamentos genéricos
en el mercado se revertirá sobre la población con precios "insustentables”.
En
lo que se refiere al capítulo que trata sobre el medio ambiente, la geógrafa
Javiera Espinoza, integrante de la Fundación Terram, organización que propone
un modelo de desarrollo de Chile basado en la democracia, transparencia,
ciudadanía y justicia, los términos económicos del Acuerdo limitarán la
política pública ambiental de los próximos años. "Este acuerdo se está negociando en secreto de la ciudadanía y del
parlamento, siendo contradictorio con el principio 10 de la Declaración de Río
[de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992] y que está
liderando Chile, el que promueve el acceso a la información, participación y
justicia ambiental”, afirma.
La
plataforma afirma que continuará con la movilización para persuadir al Congreso
para que no apruebe el mega acuerdo comercial, además de viabilizar una
participación efectiva de la ciudadanía durante el proceso legislativo,
incluyendo la consulta previa a los pueblos indígenas. Para ello, debe utilizar
mecanismos administrativos y legales, como la Ley de Transparencia, para exigir
que el gobierno haga públicos los textos completos del Acuerdo, así como los
documentos técnicos elaborados por los ministerios para evaluar la conveniencia
de la propuesta del TPP.
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