En este sentido, el 86,7 por ciento de los ciudadanos interrogados sobre las medidas concretas que el Gobierno de Rousseff está analizando para contrarrestar la depresión económica del gigante suramericano se declaran en contra de pagar más impuestos.
En particular, el 70,5 por ciento de los encuestados se opone a un plan del Gobierno para restablecer un impopular impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como CPMF.
Los legisladores brasileños se han negado de momento a aprobar dicho impuesto, a pesar de que el Gobierno insiste en que es necesario para reducir el déficit presupuestario y evitar una segunda rebaja de calificación crediticia de Brasil.
El índice de aprobación del Gobierno de Rousseff subió levemente en octubre, alcanzando un 8,8 por ciento frente al 7,7 por ciento en una encuesta anterior divulgada en julio. El 70 por ciento de los consultados evaluó negativamente al Ejecutivo frente al 70,9 por ciento en julio.
Rousseff está políticamente bajo el punto de mira: el Congreso nacional ha presentado distintas iniciativas para destituirla con un 'impeachment' a raíz del escándalo de corrupción en Petrobras y el maquillaje de las cuentas públicas de 2014.
No obstante, Dilma Rousseff, el pasado 20 de octubre, declaró que su Gobierno no está involucrado en los escándalos de corrupción.
La oposición de Brasil sigue solicitando a la Cámara de Diputados abrir un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, pese a que una solicitud similar fuera declarada improcedente.
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