En el marco del 156 período de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Washington, una delegación en representación de defensores y defensoras del territorio dio a conocer el caso de criminalización y judicialización de las Autoridades Comunitarias Indígenas del Gobierno Plurinacional de la Nación Q'anjob'al Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, originarios del Municipio de Santa Eulalia del Departamento de Huehuetenango.
Ambos son autoridades mayas elegidos legítimamente por sus comunidades los cuales junto a otros 4 pueblos mayas se han declarado Gobierno Plurinacional además de eso son defensores de su territorio frente a la imposición de las mineras e hidroeléctricas
Como consecuencia, sufren dos procesos penales en su contra; el primer proceso penal están sindicados de coacción amenazas y detenciones ilegales, esta denuncia fue puesta por la empresa Cinco M Sociedad Anónima, una hidroeléctrica que quiere comenzar a funcionar en el territorio indígena Q'anjob'al de Santa Eulalia, ellos en resistencia histórica han estado protegiendo sus bienes naturales contra esta imposición de la hidroeléctrica.
El segundo proceso llega cuando el Ministerio Publico los imputa de seis delitos, uno de ellos por secuestro la cual en la legislación Guatemalteca contempla pena de cincuenta años y por esta acusación quedan detenidos. Actualmente pesa sobre ellos veinte denuncias lo que estaría atentando contra toda posibilidad de salir en libertad ya que una vez terminado un proceso debe continuar con la subsiguiente lo cual los mantendría bajo encierro toda la vida.
La otra situación que preocupa a los abogados defensores es que las cárceles de Guatemala presentan serios problemas de seguridad para la integridad física de los líderes sociales y así mismo que la criminalización se extienda a sus familiares por lo que exigieron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos cese la persecución penal contras los indígenas Mayas
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