México, DF. Un estudio
de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del
gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y
aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido
calcinados en un basurero nunca pasó.
El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, basado en información "pública y oficial", señaló que
en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques
coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo
el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de
agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que
sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de
indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene
datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes
desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis
oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los
jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de
drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado
ese día para transportarse.
"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", "¡Ni
perdón, ni olvido, castigo a los asesinos", gritaron familiares antes
de iniciar la presentación del reporte presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y diversos invitados, incluidas autoridades federales.
Los expertos, que dieron a conocer el documento ante los padres de
las víctimas y diversas autoridades, refieren que hay investigaciones
que señalan que algunos autobuses fueron usados para traficar heroína,
cocaína y dinero entre ese municipio de Guerrero y Chilpancingo. Por
eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, "el negocio que se mueve
en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente
violenta y el carácter masivo del ataque".
El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la
"verdad histórica" de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo
dijo en aquel momento que el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías
municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en
un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.
Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si
era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y
como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas:
"los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de
Cocula".
Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso,
sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza
de lo que pasó con los otros 42 alumnos.
El denominado "Informe Ayotzinapa" documenta cómo policías estatales
y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los
estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron
cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los
agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40
heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso
horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos
personas que esperaban ser atendidos.
Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus
hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de
los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar
cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.
La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más
fuertes en lo que va del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en
diciembre de 2012 y ha tenido que reconocer que es una de las causas de
la desconfianza social actual hacia su gobierno.
La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los
padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado
que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en
evidencias específicas.
Hasta ahora las autoridades han detenido a más de 100 personas, en
su mayoría policías municipales. El entonces alcalde Iguala, José Luis
Abarca también está preso y es señalado junto con su esposa como
probables autores intelectuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado una
ampliación de dos meses a la investigación del grupo de expertos, pero
el gobierno aún tiene que decidir si lo aprueba o no.
La ONG Human Right Watch al conocer el informe lamentó que pese a la
conmoción que suscitó el crimen las autoridades mexicanas demostraron
no poder o no querer hacer una investigación seria por lo que indicó
que la justicia mexicana "necesita escrutinio externo para evitar que
se repita esta vergonzosa actuación".
Un informe de grupo de expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos rechazó el domingo la versión del gobierno de México
de que los 43 estudiantes que desaparecieron hace casi un año fueron
cremados en un basurero.
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