Guatemala en la mira de la ONU
| Corrupción endémica marca al sistema electoral |
Pocas horas después de la renuncia y detención del ex presidente de
Guatemala el jueves 3 de septiembre, el propio Secretario General de
las Naciones Unidas Ban Ki-moon publicó un comunicado sobre los sucesos
del país centroamericano. Ampliaba así el impacto internacional de los
recientes eventos “chapinos” que acapararon en esta primera semana de
septiembre la atención de una parte de la opinión pública
internacional.
La voz “institucional”
En su
mensaje, Ban Ki-moon expresa su confianza “en que las autoridades
acatarán la Constitución y garantizarán una transición ordenada y
democrática” y llama “a todos los guatemaltecos y guatemaltecas a
asegurar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un ambiente
pacífico”.
El Secretario General de la ONU reiteró que está al
tanto del deseo profundo de la ciudadanía “de poner fin a la corrupción
y la impunidad”, y en pro de “reformas legales y políticas”. También
convoca a las autoridades y a todos los sectores de la sociedad “para
que trabajen juntos con el fin de fortalecer las instituciones y el
estado de derecho en el país”.
El ex general Otto Pérez Molina
se vio obligado a renunciar como presidente de la República el primer
jueves de septiembre para enfrentar acusaciones sobre su participación
en una red que cobraba sobornos millonarios a empresarios y que
promovió hechos delictivos de contrabando en el sistema nacional de
aduanas. Desprovisto de impunidad fue detenido y pasó su primera noche
de arresto en la cárcel del cuartel de Matamoros.
El Congreso
juramentó ese mismo día como nuevo presidente a Alejandro Maldonado,
quien había asumido la vicepresidencia en mayo pasado tras la renuncia
de Ingrid Roxana Baldetti, inculpada por los delitos de asociación
ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y
detenida desde fines de agosto.
El mismo jueves 3 de
septiembre, luego de la dimisión de Pérez Molina, el Sistema de
Naciones Unidas en Guatemala se pronunció enfatizando que la actual “
crisis política… debe ser vista como una oportunidad de cambios serios
y profundos para que se avance en la agenda de las reformas políticas y
legislativas que la ciudadanía demanda”.
Dicho pronunciamiento
onusiano propone que en “las decisiones que el país ha de tomar en los
próximos días debiera tenerse muy en cuenta a la voz ciudadana, quien
por un lado expresa su rechazo ante los hechos de corrupción
denunciados y por el otro celebra que se haya escogido la vía
constitucional para resolverlos”.
Las democracias más estables
del mundo, enfatiza, “son aquellas en donde le han conferido un papel
vital a la sociedad civil, incluyendo la observación de la
transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, así como el
estricto cumplimiento de los derechos humanos”.
Sistema corrupto
Pocas horas antes de la renuncia de Otto Pérez Molina, un lúcido
editorial del periódico suizo Le Courrier en su edición del miércoles 2
de septiembre, anticipaba los hechos inminentes y realizaba un análisis
histórico de las últimas décadas de gobiernos guatemaltecos.
El
periodista Benito Pérez, bajo el título “Las autoridades pasan, la
corrupción permanece” interpelaba sobre las causas profundas del
deterioro del sistema político de ese país centroamericano. ¿El inicio
de una nueva era en Guatemala?, se pregunta. “Quisiéramos creerlo. Pero
la repetición de mandatos fraudulentos desde el fin de la guerra civil
en 1996 no incita al optimismo”, se responde el afilado analista de
asuntos latinoamericanos.
Lucha contra la impunidad
Los sucesos institucionales de las últimas horas - que arrancaron ya
varios meses atrás-, han sido sistemáticamente denunciados por diversas
instituciones nacionales e internacionales presentes en ese país, en
particular por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG). Dicha Comisión -constituida en 2007 como
órgano independiente con el apoyo de las Naciones Unidas- había
expresado su reconocimiento a fines de octubre del 2012 cuando el
Congreso de ese país aprobó la Ley contra la Corrupción.
En un
reciente informe “El Financiamiento de la Política en Guatemala”,
publicado en julio de este año, la CICIG llega a conclusiones muy
críticas sobre la repercusión de la corrupción en el entramado del
poder económico y el sistema electoral y partidario. En
Guatemala, subraya, “los gastos en las campañas electorales son
excesivos y desproporcionados.
Los partidos con expectativa de éxito
electoral son quienes exceden gastos de campaña sin explicar el origen
de los fondos. La mayor parte del financiamiento ilícito de la política
procede de la corrupción. Este sistema perverso de financiamiento de la
política ha moldeado el sistema de partidos”. Con el
agravante, según la misma institución, “que los porcentajes de
impunidad de delitos electorales son de 95 al 100%. Esto permite
aseverar con contundencia que Guatemala es un país propicio para
cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia”,
concluye.
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