Antonio Elías*
Uruguay
ingresó al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (Trade in Services
Agreement, TISA) sin que exista una discusión nacional sobre su
conveniencia o inconveniencia. Es una medida que demuestra las grandes
debilidades del gobierno de José Mujica en su política de inserción
internacional y la transparencia de sus acciones, teniendo en cuenta el
modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos
anteriores sobre el TISA.
En febrero de 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia:
Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 participantes en las negociaciones TISA: Australia, Canadá, Chile, Taipei Chino, Colombia, Costa Rica, la Unión Europea, Hong Kong (China), Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Uruguay.
Uruguay fue aceptado –luego de que el Congreso de Estados Unidos dio
luz verde para que así lo hiciera– y participó de las negociaciones a
partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las
negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su
incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen
el futuro de todos los uruguayos.
La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 2 de mayo de
2014 cuando la agencia Efe informó, desde Bruselas, que Uruguay había
solicitado ingresar al TISA en septiembre de 2013 y que el comisario
europeo de Comercio, Karel De Gucht, manifestaba que
la Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante. Aseguró, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, garantizó que su país
comparte los objetivos de las negociaciones del TISAy que
respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une a ellas.
Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el
canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que si
Uruguay es admitido se tomará conocimiento
del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas, y se estará
en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar.
El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso
elogioso e impreciso, que el TISA tiene como propósito “establecer un
régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo
suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su
propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones
del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones
relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los
servicios financieros”; asimismo, que Uruguay podrá incluir sectores
que quieran proteger
en listas de excepción.
El
gobierno uruguayo ingresó al TISA inmediatamente después de ser
aceptado, lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy
poco probable, o conocía y aceptó el contenido de dichos acuerdos que
siguen siendo secretos.
Los principales referentes del Frente Amplio (FA) en el Senado sobre
asuntos internacionales consultados en aquel momento –Enrique Rubio,
Eduardo Lorier y Alberto Couriel– desconocían el tema, mientras el
asesor de la presidencia del FA en política exterior –José Bayardi–
afirmó que no se había discutido en la coalición.
Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado
participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa
es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA y es notorio que
todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo
necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que
convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.
Debe destacarse que si bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió
rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacionales, pues la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados. La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Por su parte, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes.
Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por
qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se
recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para
integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las
potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El
gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Si
así lo hiciera, ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o
continuarán con el secreto de Estado?
En las siguientes rondas de negociaciones (la próxima es entre el 11
y el 15 de abril), Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con
los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los
demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su
consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y
usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa
resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería
olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el
pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.
*Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU
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