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Un
jurado de Boston halló a Dzhokhar Tsarnaev culpable de los 30 delitos
de los que fue acusado por su participación en los atentados de la
maratón de Boston. Ahora el jurado deberá decidir a qué pena se lo
condenará: si a cadena perpetua o a pena de muerte. La pena capital es
ilegal en Massachusetts, pero el juicio contra Tsarnaev se llevó a cabo
en un tribunal federal, donde esta pena está permitida. El jurado
deberá decidir si vive o muere. El caso brinda un nuevo motivo para
analizar la pena de muerte y por qué esta práctica irreversible y
extremadamente problemática debería prohibirse.
Anthony Ray
Hinton está vivo y es un hombre libre hoy, pero la semana pasada estaba
condenado a pena de muerte y aguardaba su ejecución en Alabama desde
hacía 30 años. Hinton se convirtió en la persona número 152 en Estados
Unidos en ser exonerada de la pena de muerte, a la que estuvo condenado
durante treinta años por un delito que no cometió. Fue acusado de matar
a dos gerentes de un restaurante de comida rápida en 1985. Sin embargo,
no hubo testigos ni huellas dactilares que lo incriminaran. Los
fiscales alegaron que las balas halladas coincidían con las del
revólver de la madre de Hinton. Hinton no estuvo bien asesorado ni
tenía dinero para establecer una defensa creíble o contratar a un
verdadero experto que contradijera el informe balístico. Le pregunté a
Anthony Ray Hinton cómo se siente estar en libertad: “Es maravilloso.
Por momentos es aterrador, especialmente cuando voy al centro
comercial. No estoy acostumbrado a estar rodeado de tantas personas en
un mismo lugar”.
El juicio injusto fue tan solo el comienzo.
Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice
Initiative (Iniciativa por una justicia equitativa), que fue el abogado
que finalmente logró la liberación de Anthony Ray Hinton, me dijo:
“Esta es una clara demostración de la crítica al sistema de justicia
penal de Estados Unidos, que nosotros sostenemos que trata mejor a los
ricos y culpables que a los pobres e inocentes”. Stevenson continuó:
“Presentamos pruebas que demostraron que estas balas no correspondían a
una única pistola y que no se trataba de la pistola del Sr. Hinton. El
estado se negó durante 16 años a volver a examinar las pruebas. Y, para
mí, esa fue la parte más preocupante de este caso. Fue indiferente, fue
irresponsable y muy inescrupuloso que decidieran arriesgarse a ejecutar
a una persona inocente antes de arriesgase a que se percibiera que de
algún modo estaban cometiendo un error o que no estaban siendo firmes a
la hora de castigar el delito. Lucharon con uñas y dientes contra
nosotros. Realmente fue excepcional e inusual que lográramos que la
Corte Suprema interviniera cuando lo hizo. Si no hubiera intervenido,
creo que el riesgo de realizar una ejecución errónea habría sido muy,
muy alto”, afirmó Stevenson.
No muy lejos de allí, en Louisiana,
Glenn Ford fue liberado en marzo de 2014, también después de haber
pasado treinta años condenado a pena de muerte. Las pruebas lo
absolvieron del asesinato del propietario de una joyería en 1983. Ahora
es un hombre libre y afronta una condena a muerte diferente: padece
cáncer de pulmón en estado avanzado que se expandió a sus huesos,
nódulos linfáticos y columna. Está internado en un centro para enfermos
terminales y no tuvo la fuerza suficiente para verme esta semana, pero
Marty Stroud sí la tuvo. Stroud es el hombre que procesó a Glenn Ford
hace 30 años y hoy lamenta haberlo hecho. Considera que Ford tuvo un
juicio injusto, en el cual la policía y los fiscales eliminaron pruebas
fundamentales, y que Ford carecía de dinero para tener una defensa
adecuada. Además, sostiene Stroud, si él hubiera hecho bien su trabajo
en aquel entonces y se hubiesen recopilado todas las pruebas, no
habrían podido “arrestar al Sr. Ford y mucho menos enjuiciarlo y
condenarlo a la pena de muerte”. Ahora, 30 años más tarde, el fiscal
Marty Stroud tiene una opinión diferente sobre la pena capital: “Estoy
100% en contra de la pena de muerte. Es inhumana y el motivo por el
cual es inhumana es que es administrada por seres humanos y los seres
humanos nos equivocamos, no somos infalibles”.
Además de los
argumentos jurídicos, éticos, raciales y de injusticia económica en
contra de la pena de muerte, hay un motivo práctico de creciente peso
para poner fin a esta práctica: cada vez es más difícil obtener los
fármacos utilizados en las inyecciones letales. Las empresas
farmacéuticas europeas se niegan a suministrar los fármacos si serán
utilizados para matar a personas. La Asociación Estadounidense de
Farmacéuticos (APhA, por sus siglas en inglés) se sumó recientemente a
las organizaciones de médicos y anestesiólogos que desalientan a sus
miembros a participar en ejecuciones. El Dr. Leonard Edloe, un
farmacéutico de la APhA, me dijo: “Simplemente no queremos que nuestros
farmacéuticos participen en el suministro o uso de los fármacos porque,
realmente, las recetas son ilegales. No son recetas, son órdenes de
compra”. Debido a la escasez de los fármacos para la inyección letal,
en Utah se reinstauraron las ejecuciones mediante el pelotón de
fusilamiento y en Oklahoma ahora se utilizan combinaciones de fármacos
que no han sido probados y que han provocado ejecuciones malogradas en
que los condenados sufrieron una muerte lenta y dolorosa.
Las
deliberaciones sobre la condena que se impondrá a Tsarnaev vuelven a
centrar la atención en el debate sobre la pena de muerte en Estados
Unidos. Esta práctica está prohibida en dieciocho estados y en el
Distrito de Columbia. Sin embargo, aún hay más de 3.000 personas
condenadas a la pena de muerte en el país. Como observa Bryan
Stevenson: “Hemos podido identificar que cada nueve personas ejecutadas
en el país, una es inocente”. Ya es hora de imponer una moratoria a las
ejecuciones.
© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy
Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional
que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión
en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que
luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios
en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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