A los Mártires de Acteal, hace 17 años.
A
tres meses de Ayotzinapa, y seguimos esperándolos vivos. “Estamos de
luto, somos el llanto de nuestros muertos, somos sangre derramada sobre
la tierra fértil, somos el silencio que está a punto de estallar. Hoy
no reconocemos el suelo que pisamos, la lluvia que cae no limpia los
errores, nuestros ojos no limpian la verdad, vivimos vendados, vivimos
vendidos, con el vapor de nuestros cuerpos hablamos”. Es un poema
escrito por la bailarina Sonia Jiménez y leído por Daniel Castillo la
noche del jueves pasado en el estreno de la temporada del célebre
ballet navideño “El cascanueces”, en el Auditorio Nacional. “Poco antes
del inicio, el recinto se llenó de niños y jóvenes que, con sus padres,
tías y/o abuelas, acudían a la escenificación del cuento con música de
Tchaikovsky. Antes de que los bailarines y bailarinas de la Compañía
Nacional de Danza salieran a escena, uno de ellos, Daniel Castillo,
habló en nombre de sus compañeros, de Tlatelolco y Ayotzinapa. Lo hizo
mientras otros danzantes sostenían dos mantas, una con el hashtag
#Yamecansé y otra con un silencioso grito: Basta de impunidad. ‘México
está de luto –dijo Castillo– por una impunidad insostenible y
desgarradora que se ha convertido en la historia diaria y que vulnera a
nuestra ciudadanía’”. En medio de fuerte ovación, los integrantes
salieron del escenario y poco después regresaron para iniciar el
ballet.
Este es uno de los ejemplos, de muchos, donde los
artistas en sus variados géneros exigen justicia en el caso de
Ayotzinapa y protestan contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por su
ineptitud manifiesta, empezando por la del procurador, muy cansado
desde siempre, Jesús Murillo Karam. Las protestas de artistas y
ciudadanos se han dado en México y en muchas partes del mundo en
solidaridad con los padres, madres y parientes de los estudiantes
desaparecidos y asesinados en Iguala, Guerrero. Nunca antes se ha visto
tal manifestación internacional solidaria con el dolido pueblo mexicano
y sus legítimas aspiraciones por una Nación libre de violencia social
extrema, libre de flagrante impunidad y corrupción gubernamental, y de
cárteles terroristas asociados con las altas esferas del poder
político. Si para ello se requiere más sangre, sudor y lágrimas, el
pueblo, el pueblo trabajador, lo hará, sin duda. Empiezan a
confrontarse visiblemente dos proyectos de Nación opuestos totalmente
en sus intereses económicos, políticos, sociales, educativos y
culturales. Uno es el proyecto ya conocido desde hace tres décadas;
tres décadas perdidas para el grueso de la sociedad, pero bien ganadas
para una ínfima minoría oligárquica criolla y extranjera.
El
neoliberalismo en su versión más violenta y explotador que enarbola el
poder y el dinero es el proyecto actual de país que pregona y defiende
el gobierno de Peña Nieto, es el proyecto autoritario de los grandes
capitales locales y foráneos; y este es el que ha llevado al país al
despeñadero. El proyecto alternativo pretende reconstruir la Nación
sobre la base de principios políticos democráticos, realmente
representativos de los intereses de la mayoría de la población
trabajadora mexicana, la de abajo, la que está siendo ultrajada,
oprimida, explotada, vilipendiada, asesinada, desaparecida,
secuestrada, violentada en sus derechos humanos, laborales, educativos,
políticos y culturales. Este proyecto pretende construir una Nación
soberana, libre e independiente de todas aquellas fuerzas del mal
imperialista vecino y ultramarino. México, al parecer, en el marco de
una globalización rampante, está en vías de ser un país semicolonial y
dependiente a uno enteramente colonial cuyo Estado represente sólo los
intereses capitalistas extranjeros asociados a los de una burguesía
criolla supeditada a los dictados de los grandes corporativos
financieros metropolitanos y a sus enclaves políticos, empezando por
Washington y la Casa Blanca; porque la casa blanca de aquí solamente
quedó en una remedo grotesco de una pareja presidencial en el
frenetismo de una corrupción descarada.
México está siendo
desgarrado por una hiperviolencia inducida por los seis últimos
gobiernos federales. Vivimos la peor crisis de violencia social
desatada posrevolucionaria, expresión de una profunda crisis del
régimen político priista, que no quiere ni desea cambiar las cosas
actuales. La guerra “antinarco” triplicó la criminalidad. El Índice de
Paz Global (IPG) ubicó a México entre los diez países con mayor
retroceso en cuanto a niveles de violencia, al triplicar sus tasas de
criminalidad desde 2008, al comenzar la llamada guerra contra el
narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón [MILENIO, 22/12/2014].
Misma “guerra” que continua empecinado Peña Nieto, a pesar de su
rotundo fracaso, evidenciado más con los recientes sucesos de
Michoacán. La “guerra” es negocio. La restauración del poder priista, a
dos años, se ha dado bajo el terror de un régimen político experto en
la violación de los derechos humanos, ahora queriendo iniciar el año
con la política del borrón y cuenta nueva, la del olvido fácil de la
masacre de Iguala y con las promesas ilusorias democráticas de un
proceso electoral plagado de transas entre la partidocracia sistémica
corruptísima.
A tres meses de la matanza de Iguala, la
Asamblea Nacional Popular celebrada en Ayotzinapa hizo un llamado a
boicotear las próximas elecciones, así como continuar con la exigencia
de la destitución inmediata de Peña Nieto, la aparición con vida de los
normalistas y la construcción de una nueva Constituyente. Demandas muy
legítimas. La disputa por la Nación apenas inicia, y tarde o temprano
la alternativa popular democrática vencerá.
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