Varios documentos revelaron el lunes la complicidad y participación de policías municipales mexicanos, junto al cártel de Los Zetas, en la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos, en 2010, en San Fernando, en el estado de Tamaulipas (noroeste de México).
Un informe realizado por la fiscalía general de México y difundido el lunes por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense afirmó que al menos 17 policías del municipio de San Fernando, donde ocurrió la masacre, fueron detenidos por recibir pagos por parte de Los Zetas a cambio de realizar "labores de halconeo (vigilancia) e intercepción de personas".
Según esta información, Álvaro Alba Terrazas, uno de los policías detenidos, ha confesado que policías y agentes de tráfico fueron pagados por entregar a la gente que arrestaban a Los Zetas, en vez de llevarlos a la cárcel.
Los policías actuaron como "vigías" para el grupo y ayudaron con "la interceptación de las personas", además de permitir las actividades ilegales de Los Zetas, de acuerdo con el informe.
El reporte afirmó que los policías municipales participaron en la "ejecución sumaria de 72 migrantes" en agosto de 2010, así como en "un número incalculable de asesinatos similares que culminaron en el descubrimiento, en abril de 2011, de otros cientos de cuerpos en fosas comunes en la misma parte del estado de Tamaulipas".
Las autoridades mexicanas sostuvieron que los 72 inmigrantes habían sido secuestrados por Los Zetas y que sus familiares no pagaron el rescate. Posteriormente, los narcotraficantes les habrían exigido sumarse a su cártel, y ante el rechazo, fueron asesinados.
Este documento se da a conocer en momentos en que México está conmocionado por la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, donde, por orden del detenido exalcalde de Iguala José Luis Abarca, policías y narcos atacaron a tiros dos autobuses repletos de estudiantes y, como consecuencia de ello, seis personas murieron, 20 resultaron heridas y 43 desaparecieron.
Esta tragedia ha detonado la peor crisis de la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder a finales de 2012, y ha puesto en evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad mexicanas.
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