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miércoles, 17 de diciembre de 2014

Minería en Colombia - Riesgos, ilegalidad y pobreza



Cristina Fontenele
Adital

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Colombia se mantiene, desde 2010, como el séptimo país del mundo en producción de minerales, atrás sólo de Australia, Canadá, Chile, Brasil, México y Estados Unidos. Sin embargo, la actividad minera, considerada por el gobierno como uno de los ejes principales de crecimiento de la economía colombiana, continúa incumpliendo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y presentando una serie de riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
La minería ilegal, que representa el 60% de la producción de Colombia (en Bogotá, la mayoría de los canteros de obras es ilegal), ya causó la muerte de más de 216 personas (2008-2011). Sólo en 2014, murieron más de 80 mineros, incluyendo la tragedia más reciente, el 30 de octubre de este año, en la mina de la ciudad de Amagá, departamento de Antioquia, a 240 kilómetros de Bogotá, cuando 12 hombres quedaron presos después de la inundación de un área de explotación.
Son irregularidades graves y condiciones preocupantes para la salud y el trabajo, como empleo de mano de obra infantil (200 mil niños en 2003); falta de equipos y de programas de seguridad industrial; ausencia de ventilación en las carbonerías; proliferación de enfermedades y accidentes de trabajo; ausencia de ingenieros o geólogos para dirijan la salud ocupacional en las minas; situación de contrabando y esclavitud; creciente evasión fiscal; y serios daños ambientales, principalmente por el oro y el mercurio.
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El sector en números
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2010–2014), en Colombia existen más de 14 mil unidades de producción minera. Durante la última década, el sector tuvo un crecimiento medio anual de 4,5% (2,3% en 2012), con una participación en el PIB [Producto Interno Bruto] en torno del 6,7%. Las exportaciones de minerales sumaron US$ 12,8 millones en 2012, representando el 21,3% de las exportaciones nacionales.
De acuerdo con datos del Sector de Minería en Gran Escala (SMGE), Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas, el primero en producción de carbono en América Latina (y el noveno en el mundo) y el noveno productor mundial de níquel.
En el país, son más de 9 mil los títulos inscriptos en el Registro Minero Nacional, algunos situados en parques nacionales y reservas indígenas. Un total de 19 mil solicitudes está en curso, de las cuales el 90% son rechazadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
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La producción de productos de minería se concentra en siete de los 33 departamentos del país. El petróleo en Casanare, el carbón en los departamentos de Cesar y La Guajira, el oro en Antioquia y Chocó, y el hierro-níquel en Córdoba.
Minería y organizaciones delictivas
La minería ilegal es sospechosa de ser un medio de lavado de dinero de organizaciones delictivas en Colombia. Se estima que de los US$ 36.000 millones del dinero ilegal que circula en el país, US$ 10.000 millones se originan en la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y grupos criminales emergentes (Bacrim) usarían también la explotación ilegal de oro y carbón para financiar sus actividades.
Según un estudio de la extinta Dirección Administrativa de Seguridad (DAS), las Farc serían responsables de extorsionar a departamentos como Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Guanía, Putumayo y Tolima; el ELN explotaría minerales en los departamento de Bolívar, Nariño y Santander; mientras que el grupo paramilitar Bacrim actuaría en los departamentos de Antioquia, Córdoba, La Guajira y Valle del Cauca.
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Son comunes también extorsiones, secuestros de trabajadores, ataques a las estructuras de las compañías extractivistas, además de nuevas formas más sofisticadas de presión, como alianzas de las compañías con grupos delictivos como intercambio de protección, las llamadas "campañas de limpieza social”.
A pesar de las elevadas cifras movilizadas por el sector de minería, la pobreza es una situación contrastante en las regiones donde se practica la minería. Lo que se concluye es que la generación de riquezas no es condición suficiente para garantizar el desarrollo regional integral. Es necesario que se generen oportunidades adecuadas para que la población local supere la condición de pobreza.
De acuerdo con el informeMinería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos, producido por el economista Luis Jorge Garay y apoyado por la Controladuría General de la República, para avanzar en una nueva visión sobre la minería en Colombia, son imprescindibles medidas, como que el Estado recupere la gobernanza del sector minero; un nuevo acuerdo social entre sociedad y gobierno, que debe escuchar a las diferentes posiciones de políticas para el segmento; un modelo de minería más inclusivo; una política extractivista con visión integral, analizando además los impactos ambientales, sociales y económicos, también los impactos éticos y culturales.
Con información de Las 2 Orillas.
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