Cristina Fontenele
Adital
Colombia se mantiene,
desde 2010, como el séptimo país del mundo en producción de minerales, atrás
sólo de Australia, Canadá, Chile, Brasil, México y Estados Unidos. Sin embargo,
la actividad minera, considerada por el gobierno como uno de los ejes
principales de crecimiento de la economía colombiana, continúa incumpliendo los
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y presentando una
serie de riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
La minería ilegal, que
representa el 60% de la producción de Colombia (en Bogotá, la mayoría de los canteros
de obras es ilegal), ya causó la muerte de más de 216 personas (2008-2011).
Sólo en 2014, murieron más de 80 mineros, incluyendo la tragedia más reciente, el
30 de octubre de este año, en la mina de la ciudad de Amagá, departamento de
Antioquia, a 240 kilómetros de Bogotá, cuando 12 hombres quedaron presos
después de la inundación de un área de explotación.
Son irregularidades
graves y condiciones preocupantes para la salud y el trabajo, como empleo de
mano de obra infantil (200 mil niños en 2003); falta de equipos y de programas
de seguridad industrial; ausencia de ventilación en las carbonerías;
proliferación de enfermedades y accidentes de trabajo; ausencia de ingenieros o
geólogos para dirijan la salud ocupacional en las minas; situación de
contrabando y esclavitud; creciente evasión fiscal; y serios daños ambientales,
principalmente por el oro y el mercurio.
El sector en números
De acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo (2010–2014), en Colombia existen más de 14 mil unidades
de producción minera. Durante la última década, el sector tuvo un crecimiento
medio anual de 4,5% (2,3% en 2012), con una participación en el PIB [Producto
Interno Bruto] en torno del 6,7%. Las exportaciones de minerales sumaron US$
12,8 millones en 2012, representando el 21,3% de las exportaciones nacionales.
De acuerdo con datos del Sector de
Minería en Gran Escala (SMGE), Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas, el primero en
producción de carbono en América Latina (y el noveno en el mundo) y el noveno
productor mundial de níquel.
En el país, son más de 9
mil los títulos inscriptos en el Registro Minero Nacional, algunos situados en
parques nacionales y reservas indígenas. Un total de 19 mil solicitudes está en
curso, de las cuales el 90% son rechazadas por la Agencia Nacional de Minería
(ANM).
La producción de
productos de minería se concentra en siete de los 33 departamentos del país. El
petróleo en Casanare, el carbón en los departamentos de Cesar y La Guajira, el
oro en Antioquia y Chocó, y el hierro-níquel en Córdoba.
Minería y organizaciones
delictivas
La minería ilegal es sospechosa
de ser un medio de lavado de dinero de organizaciones delictivas en Colombia.
Se estima que de los US$ 36.000 millones del dinero ilegal que circula en el
país, US$ 10.000 millones se originan en la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
grupos paramilitares y grupos criminales emergentes (Bacrim) usarían también la
explotación ilegal de oro y carbón para financiar sus actividades.
Según un estudio de la
extinta Dirección Administrativa de Seguridad (DAS), las Farc serían
responsables de extorsionar a departamentos como Bolívar, Caquetá, Casanare,
Cauca, Guanía, Putumayo y Tolima; el ELN explotaría minerales en los
departamento de Bolívar, Nariño y Santander; mientras que el grupo paramilitar
Bacrim actuaría en los departamentos de Antioquia, Córdoba, La Guajira y Valle
del Cauca.
Son comunes también
extorsiones, secuestros de trabajadores, ataques a las estructuras de las
compañías extractivistas, además de nuevas formas más sofisticadas de presión,
como alianzas de las compañías con grupos delictivos como intercambio de
protección, las llamadas "campañas de limpieza social”.
A pesar de las elevadas
cifras movilizadas por el sector de minería, la pobreza es una situación
contrastante en las regiones donde se practica la minería. Lo que se concluye
es que la generación de riquezas no es condición suficiente para garantizar el
desarrollo regional integral. Es necesario que se generen oportunidades
adecuadas para que la población local supere la condición de pobreza.
De acuerdo con el informeMinería en Colombia:
Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos, producido por el
economista Luis Jorge Garay y apoyado por la Controladuría General de la
República, para avanzar en una nueva visión sobre la minería en Colombia, son
imprescindibles medidas, como que el Estado recupere la gobernanza del sector minero;
un nuevo acuerdo social entre sociedad y gobierno, que debe escuchar a las
diferentes posiciones de políticas para el segmento; un modelo de minería más
inclusivo; una política extractivista con visión integral, analizando además
los impactos ambientales, sociales y económicos, también los impactos éticos y
culturales.
Con información de Las 2 Orillas.
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