Marcela Belchior
Adital
Para enfrentar
el tráfico humano en América Latina, el Estado de Perú acaba de proponer la
formulación de una Declaración Conjunta Iberoamericana contra el Tráfico de
Personas. En balance presentado recientemente en el Congreso de la República,
la Jefa de Gabinete del gobierno federal de Perú, Ana Jara, y el ministro del
Interior, Daniel Urresti, evaluaron las políticas del país en la prevención y
sanción del tráfico de seres humanos, así como los instrumentos de protección y
asistencia a las víctimas.
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| Según la ONU, tráfico humano afecta a 2,5 millones de personas en el mundo. Foto: Reproducción. |
La propuesta
fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la IV Reunión
de Autoridades Nacionales sobre el Tráfico de Personas, realizada en Brasilia,
capital de Brasil, los días 4 y 5 de diciembre. Según la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el tráfico humano afecta a más de 2,5 millones de
personas a nivel mundial.
La Organización
Internacional de Migraciones (OIM) estima que aproximadamente el 0,22% de la
población peruana estaría sometida a alguna modalidad de tráfico. Según la
entidad, Perú es el sexto país de la región latinoamericana con mayor índice de
víctimas de tráfico humano, atrás sólo de Argentina, Colombia, Brasil, Haití y
México.
En la ocasión
de la presentación de la propuesta, en el Parlamento peruano, Ana Jara afirmó
que, para enfrentar directamente el tráfico de personas, se requiere también la
cooperación de los países latinoamericanos, a fin de establecer estrategias
conjuntas para frenar el avance de este tipo de delito en el continente. La
Jefa de Gabinete de la Presidencia de Perú recordó que el país impulsó la firma
de acuerdos bilaterales sobre el tema con Ecuador y que ha realizado consultas
semejantes con Colombia, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil.
El objetivo del
diálogo entre los países sería acordar instrumentos internacionales que
permitan acciones transnacionales coordinadas para la protección de las
víctimas de tráfico, además de establecer medidas adecuadas para la prevención
y combate del delito. Las actuales medidas adoptadas por el gobierno peruano se
sustentan en el cumplimiento del Plan Nacional de Acción contra el Tráfico de
Personas 2011-2016.
Datos señalados
por Ana Jara indican que, entre enero y septiembre de 2014, fueron denunciados
293 casos de tráfico de personas y delitos afines, al Gobierno de Perú. El
Ministerio Público del país habría registrado, en el mismo período, 326
registros similares. Para la gestora, tales números alertan sobre la gran
dimensión del problema en el país.
Lagunas del Estado
Informe de la
organización no gubernamental de derechos humanos CHS Alternativo critica la
estructura de la que el gobierno dispone para el enfrentamiento del problema.
Según la entidad, no hay presupuesto suficiente y específico para prevenir y
combatir el tráfico de personas. Para el ejercicio 2014, el Estado habría
reservado sólo el 0,0025% de los recursos para el área. Otras lagunas del Poder
Público serían la ausencia de recursos para la implementación de albergues para
atención de las víctimas rescatadas, además de la falta de profesionales
capacitados para actuar en el tema.
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