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miércoles, 17 de diciembre de 2014

Gobierno de Perú propone declaración iberoamericana para combatir tráfico de personas



Marcela Belchior
Adital

Para enfrentar el tráfico humano en América Latina, el Estado de Perú acaba de proponer la formulación de una Declaración Conjunta Iberoamericana contra el Tráfico de Personas. En balance presentado recientemente en el Congreso de la República, la Jefa de Gabinete del gobierno federal de Perú, Ana Jara, y el ministro del Interior, Daniel Urresti, evaluaron las políticas del país en la prevención y sanción del tráfico de seres humanos, así como los instrumentos de protección y asistencia a las víctimas.
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Según la ONU, tráfico humano afecta a 2,5 millones de personas en el mundo. Foto: Reproducción.

La propuesta fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la IV Reunión de Autoridades Nacionales sobre el Tráfico de Personas, realizada en Brasilia, capital de Brasil, los días 4 y 5 de diciembre. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el tráfico humano afecta a más de 2,5 millones de personas a nivel mundial.
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) estima que aproximadamente el 0,22% de la población peruana estaría sometida a alguna modalidad de tráfico. Según la entidad, Perú es el sexto país de la región latinoamericana con mayor índice de víctimas de tráfico humano, atrás sólo de Argentina, Colombia, Brasil, Haití y México.
En la ocasión de la presentación de la propuesta, en el Parlamento peruano, Ana Jara afirmó que, para enfrentar directamente el tráfico de personas, se requiere también la cooperación de los países latinoamericanos, a fin de establecer estrategias conjuntas para frenar el avance de este tipo de delito en el continente. La Jefa de Gabinete de la Presidencia de Perú recordó que el país impulsó la firma de acuerdos bilaterales sobre el tema con Ecuador y que ha realizado consultas semejantes con Colombia, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil.
El objetivo del diálogo entre los países sería acordar instrumentos internacionales que permitan acciones transnacionales coordinadas para la protección de las víctimas de tráfico, además de establecer medidas adecuadas para la prevención y combate del delito. Las actuales medidas adoptadas por el gobierno peruano se sustentan en el cumplimiento del Plan Nacional de Acción contra el Tráfico de Personas 2011-2016.
Datos señalados por Ana Jara indican que, entre enero y septiembre de 2014, fueron denunciados 293 casos de tráfico de personas y delitos afines, al Gobierno de Perú. El Ministerio Público del país habría registrado, en el mismo período, 326 registros similares. Para la gestora, tales números alertan sobre la gran dimensión del problema en el país.
Lagunas del Estado
Informe de la organización no gubernamental de derechos humanos CHS Alternativo critica la estructura de la que el gobierno dispone para el enfrentamiento del problema. Según la entidad, no hay presupuesto suficiente y específico para prevenir y combatir el tráfico de personas. Para el ejercicio 2014, el Estado habría reservado sólo el 0,0025% de los recursos para el área. Otras lagunas del Poder Público serían la ausencia de recursos para la implementación de albergues para atención de las víctimas rescatadas, además de la falta de profesionales capacitados para actuar en el tema.
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