Editorial La Jornada
De acuerdo con un artículo divulgado ayer por el nuevo sitio internético The Intercept,
el gobierno de Estados Unidos utiliza los sistemas de geolocalización
de los teléfonos celulares para ubicar y atacar con aviones no
tripulados (drones) a personas que considera terroristas.
En lugar de confirmar la identidad de un objetivo con operadores e informantes en el terreno, la CIA o los militares estadunidenses ordenan un ataque basados en la actividad y localización del celular que creen que usa la persona en cuestión, señala el texto, firmado por Glenn Greenwald, periodista que ha divulgado las filtraciones de Edward Snowden sobre el espionaje global realizado por las autoridades de Washington contra gobiernos, empresas y personas de una multitud de países.
En rigor, este empleo criminal de la tecnología de telecomunicaciones no es nuevo. La noticia obliga a recordar el homicidio del dirigente independentista checheno Dzhojar Dudayev, perpetrado en abril de 1996. De acuerdo con diversas fuentes, el líder rebelde fue localizado desde el aire mediante la señal de su teléfono satelital y fue asesinado con misiles lanzados desde aviones. En ese entonces, varios medios señalaron que para realizar la operación las autoridades de Moscú habían contado con apoyo tecnológico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadunidense. En marzo de 2012 el periodista Robert Young Pelton, quien cubrió algunas de las
operaciones especialesde Washington en Asia Central y Medio Oriente, describió el método de rastrear comunicaciones de teléfonos celulares para guiar drones armados con misiles a un objetivo determinado.
Los datos difundidos ayer por The Intercept
confirman, simplemente, que el gobierno de Estados Unidos recurre de
manera regular y estructural al homicidio de sospechosos –con la
agravante de que en muchas ocasiones sus ataques con drones producen bajas colaterales–, lo cual constituye una flagrante violación de las leyes, tanto las estadunidenses como las de los países en los que tienen lugar las
operaciones especiales. La noticia comentada obliga a preguntarse cuál es la función real del costoso aparato judicial del país vecino, si para las agencias de espionaje y las dependencias militares resulta más fácil y expedito asesinar a una persona bajo sospecha que presentarla ante un tribunal y esclarecer, en un juicio regular, su culpabilidad o su inocencia.
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