En un proceso, que ha sido identificado como similar al vivido por el Gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular en Chile entre los años 1970 y 1973 y que condujo finalmente a un cruento Golpe de Estado, la República Bolivariana de Venezuela vive una situación política, económica y social compleja con acusaciones de injerencia de Estados Unidos, división del país en posturas de defensa y de oposición de las actuales autoridades y el peligro de una salida política que ahonde más la fragmentación de la sociedad venezolana.
Una realidad que parece encaminar sus pasos hacia una fractura social, con una escalada de declaraciones y acciones que muestran la intención del antichavismo de ocupar todas las formas de lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Incluso, parte de esa idea ha tenido su expresión extramuros, con el ataque al Consulado de Venezuela en Aruba lo que significó el llamado del Gobierno venezolano al Reino de Holanda, para garantizar la seguridad de sus legaciones en estos territorios, cerrando también las oficinas en Curazao y Bonaire.
A su vez, como parte de lo que se considera su eterna política de injerencia en los asuntos internos de los países, los Estados Unidos, a través del Secretario de Estado norteamericano John Kerry, expresó el claro compromiso de la administración del Gobierno de Barack Obama con el mundo opositor exigiendo respeto a las manifestaciones de la derecha venezolana y el fin de la supuesta represión gubernamental, sin mencionar los llamados de Maduro a la paz y a buscar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad venezolana. Las palabras de Kerry merecieron la repulsa del mandatario venezolano, que al mismo tiempo de reiterar la invitación a restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, convocó a la oposición a reunirse en el Palacio Miraflores (sede del Ejecutivo) para iniciar un proceso de diálogo, que de solución a los problemas que aquejan a la sociedad venezolana: seguridad, desabastecimiento y especulación financiera entre otros temas.
Desde la derecha menos radical de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) agrupada en torno a Henrique Capriles - que seguramente es la que estaría este lunes 24 en Miraflores, y aquella derecha más radical y menos dispuesta al diálogo encabezada por personajes como el encarcelado presidente de la ultraderechista Voluntad Popular y la diputada María Machado; no existe una estrategia política que avizore planes de desarrollo para una eventual Venezuela sin el chavismo, están entrampados en su propia dinámica oposicionista sin atender a llamados del Gobierno al diálogo, continuando en el discurso que la fuerza que triunfo en abril del 2013 es ilegitimo y que cualquier cambio al interior del chavismo seguirá siendo espurio.
Hablamos de similitudes con el proceso de derrocamiento que vivió Salvador Allende en Chile, pues, tras el estrecho triunfo de Nicolás Maduro sobre el abanderado derechista Henrique Capriles en abril del año 2013, la oposición venezolana, convencida que el escenario electoral no le era propicio para su llegada al poder (habían perdido 18 de diecinueve elecciones contra el chavismo) comenzó una lenta pero sostenida estrategia política, para socavar los cimientos económicos y políticos de la revolución bolivariana. La escalada de desestabilización que sufre el gobierno de Venezuela tiene un objetivo que no posee una doble lectura: derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, convencidos que el plano electoral no es un escenario que les sea favorable.
Washington, la derecha venezolana, los medios de comunicación internos y externos afines a la oposición estaban convencidos que el chavismo no iba a ser capaz de sobrevivir a la muerte de su líder, el fallecido Hugo Chávez Frías. El estrecho triunfo de Nicolás Maduro significo un duro varapalo del cual les ha sido muy difícil reponerse, pero sacó a la luz sus verdaderas intenciones: no dejar que Nicolás Maduro gobierne en paz. Tras diez meses de asumir el mando de la nación venezolana, Washington aún no reconoce formalmente a su gobierno, en una conducta que muestra del lado de quien se encuentra la principal potencia del mundo, interesada, como no, en las enormes reservas de petróleo de Venezuela en la llamada Faja del Orinoco, que con sus 316 mil millones de barriles de reserva comprobada representa un apetitoso botín para la principal potencia del mundo.
GOLPE CONTRA VENEZUELA
El deseo opositor, amparado por el apoyo norteamericano, político y financiero como ha sido denunciado se expresa mediante una estrategia que se ha denominado “Golpe Suave o Blando” con una serie de etapas definidas por el cientista político estadounidense Gene Sharp. Estas etapas se ven claramente explicitadas en la actual coyuntura venezolana y consisten, básicamente en: una primera etapa denominada como “Ablandamiento” donde se genera y promociona un clima de malestar social con denuncias sobre corrupción, rumores y creación de matrices de opinión recogidas por la prensa afín. Una segunda etapa llamada “Deslegitimación” y que consiste en acusar al gobierno de totalitarismo, acusaciones sobre falta de libertad de expresión y vínculos con el comunismo.
Una tercera etapa que Sharp signa como “Calentamiento de Calles” y que saca a parte de la población a la calle exigiendo soluciones a problemas de seguridad, económicos y llamados a libertades políticas, generando paralización de la vida cotidiana y ataques a instituciones públicas. Una cuarta etapa: “Combinación de Formas de Lucha” con operaciones de guerra sicológica, toma y ataque a instituciones gubernamentales emblemáticas, creación de opinión sobre la supuesta ingobernabilidad del país. Finalmente, una quinta etapa denominada “Fractura Institucional” donde el llamado es a la renuncia del mandatario, llamado a intervención de fuerzas extranjeras, consolidación de un clima de presión en las calles hacia una virtual guerra civil.
Si bien es cierto la votación presidencial del año 2013 significó una estrecha diferencia entre el presidente Nicolás Maduro y el candidato opositor, Henrique Capriles, la elección en el campo del poder local (las municipales) representó un enorme triunfo para el chavismo, que ocupó el 73 % de las alcaldías del país, alzándose con el triunfo en 242 de las 335 alcaldías del país, generando con ello una plataforma de poder popular que convenció a la oposición que por medios electorales, difícilmente podrían derrotar el legado político de Chávez sin esperar tampoco el cumplimiento de la mitad del periodo de Maduro que les permitiría, por ejemplo, convocar a un referéndum revocatorio.
El 8 de diciembre del año 2013 el Gobierno obtuvo un contundente triunfo en la lucha por los poderes locales. Esto, a pesar del voto voluntario y las históricas cifras de abstención que estas elecciones traen aparejada. El resultado obtenido, significo el fracaso de su estrategia de desconocer el triunfo en las elecciones presidenciales de Maduro. La MUD no pudo disputarle la hegemonía electoral y menos cuestionar la legitimidad del chavismo, pues al darle el carácter de plebiscito a estas municipales y perder, quedo excluido un sostén importante en materia política. La mesa de la desestabilización estaba servida
Ante su derrota presidencial y municipal, la derecha venezolana comenzó un proceso de rearticulación de fuerzas encaminada a negarle “la sal y el agua” al Gobierno de Maduro lo que trajo como consecuencia, la agudización de la especulación monetaria elevando el precio del dólar hasta cifras diez veces superior al cambio oficial. Se suma ello el acaparamiento de productos de primera necesidad, una campaña mediática y política fuertemente crítica de cualquier medida que tome el Gobierno. Búsqueda de apoyos externos para ir acorralando al Gobierno venezolano, hizo que Nicolás Maduro se posicionara para enfrentar a la oposición que comenzó a concentrar poder económico y político para iniciar, a partir del 12 de febrero pasado una severa campaña de desestabilización.
Venezuela ha devenido en una sociedad atomizada, propio de procesos políticos que suelen romper con lo que se denomina en ciencia política como “el viejo orden” y la pugna ideológica, política y económica que tal hecho genera. Lucha entre quienes apoyan al actual Gobierno - continuador de las políticas chavistas - y una fuerza opositora que controla medios de comunicación, poder económico y una campaña internacional de fuerte signo deslegitimador de la administración de Nicolás Maduro donde el tema del desabastecimiento y las protestas de parte de la sociedad han copado las agencias de noticias internacionales y con un gobierno, que acusa a empresarios y a la oposición de una sostenida campaña de socavamiento de la legitimidad del gobierno chavista.
En un claro contexto de dificultades para la economía venezolana, con problemas de administración, de gestión en sus líneas de producción, distribución, control y eficacia, con un dólar volátil, con ataques especulativos, acaparamiento de insumos básicos muy sensibles para la población (harina -pan, aceite, leche, pasta dental entre otros) las movilizaciones opositoras, el copamiento de los discursos victimizadores ante los aun poderosos medios de comunicación internos (Diario El Nacional, El Universal, Tal Cual, Ultimas Noticias, entre otros) y la violencia callejera de los grupos de la derecha más radical, encuentran, lógicamente, un terreno fértil para que el discurso de descontrol, de un gobierno débil, de un desgobierno se vaya imponiendo, aupado en ello por la transmisión de noticias unilaterales de las grandes cadenas de noticias internacionales. Hoy por hoy, el conglomerado opositor, apoyado en ello por la administración estadounidense y con un caudal de dinero que no cesa (100 millones de dólares en los últimos 13 años) ha evaluado y puesto en práctica que es el momento adecuado, para debilitar al gobierno chavista y con ello el proyecto bolivariano.
El gobierno venezolano ha responsabilizado a los empresarios del desabastecimiento, que agrupados en Fedecamaras, representan un fuerte sector opositor e incluso fuente de financiamiento para la sostenida campaña de deslegitimación del gobierno de Maduro, por parte de grupos ligados a la Mesa de Unidad Democrática, lideradas por Henrique Capriles y grupos más radicales vinculados al detenido Leopoldo López (ex alcalde del Municipio de Chacao en Caracas y jefe del Partido Ultraderechista Voluntad Popular) y la diputada de Súmate, María Corina Machado. Estos últimos han logrado sacar de primera línea a la derecha menos radical creando con ello las bases de un mundo opositor con el cual difícilmente se pueda dialogar -y que ha dado a conocer su objetivo superior: la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.
Para el analista político Atilio Borón “la justicia venezolana debe hacer caer todo el peso de la ley a estos personajes (López y Machado) pues llevan varias muertes en sus mochilas y lo peor que le podría pasar a Venezuela seria que el gobierno y la justicia no advirtieran lo que se oculta dentro del huevo de la serpiente. En situaciones como estas y ante enemigos como estos, cualquier intento de reconciliación nacional o de línea blanda es la ruta segura hacia su propia destrucción. Los fascistas y el imperialismo sólo entienden el lenguaje de la fuerza. López y Machado deben recibir un castigo ejemplar, siempre dentro del marco de la legalidad vigente…para aventar el riesgo de un brutal derrocamiento de Gobierno bolivariano, la única garantía estriba en la activa movilización y organización de las masas chavistas para sostener a su revolución con sus muchos aciertos, lo que está en juego en estas horas no es solo el futuro de Venezuela sino de toda nuestra América Latina”.
En las últimas horas el gobierno denunció que la oposición, dentro de la guerra sicológica implementada había sacado a la luz la teoría del autogolpe, es decir, que toda la situación de tensión política y social que vivía Venezuela tenía su base en la pretensión del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de asumir el control del país.
El gobierno, ha implementado una estrategia de contención de las fuerzas opositoras en la calle y de denunciar la campaña mediática interna y externa, incluso con amenazas de sacar del país a la señal televisiva norteamericana CNN por “instigar un estado de guerra”, tal como lo ha efectuado con el canal en cable colombiano NTN24, denunciando también la labor de desinformación de dos diarios de ese país: El Tiempo y El Espectador o medios españoles como El País (con claros intereses económicos en Venezuela) y ABC.
El Gobierno venezolano ha asignado también la responsabilidad de la situación económica del país a las conductas “contrarrevolucionarias” de la oposición, asimilando el actual estado de cosas en Venezuela a un marco de lucha política similar al vivido en Chile previo al Golpe de Estado del año 1973. Idea desmentida por la oposición del país llanero, que ve en ello un argumento que no da cuenta de la necesidad de buscar una salida a la crisis venezolana. La historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa sostenía en el siglo XIX Karl Marx, afirmación que esperamos no sea realidad en Venezuela, en ninguna de sus dos vertientes.
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