El Frente Amplio Colonense, en mensaje enviado por su vocero Edgardo Voitier, expresó su rechazo al desalojo y el apoyo a la lucha indígena en defensa del río como parte del hábitat de los ngÃñbe bugle, de su cultura y tradiciones.
También el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) manifestó su repudio por la resolución de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) de autorizar el desalojo de más de seis mil indígenas, así como la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
El M-10 y el CIAM pidieron a la Corte Suprema de Justicia que emita con carácter urgencia su decisión sobre la demanda de nulidad contra la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico.
La resolución de ASEP obliga a familias de la comunidad de Kiad, del área anexa a la comarca, desalojar las tierras, un trámite que abre las puertas a la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), para que continúe con el proyecto hidroeléctrico.
Genisa pagará en concepto de anticipo de compensación e indemnización a cinco familias de fincas ubicadas a orillas del río Tabasará entre dos mil 500 y 10 mil dólares, pero los ngÃñbes no quieren dinero, sino sus tierras.
Julio Lasso, director de Proyectos Renovables de Genisa, argumenta que el proyecto fue auditado por el Estado panameño, empresas extranjeras y sometido a un peritaje internacional que ratificó la incidencia de la obra solamente en 5,81 hectáreas.
Los indígenas insisten en que los daños son mayores y que se opondrán a que las obras continúen, pero Genisa reiteró ayer que en mayo comenzará a embalsar las aguas del Tabasará, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.
pgh/lma
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