Pablo Ortega, abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur, denunció en Radio Universidad de Chile que "todas las instituciones quieren aplicarla porque la consideran un instrumento de control social muy bueno".
Con ella pueden amenazar o aplicarla a cualquier sector social que intente cuestionar el sistema neoliberal y el bloque de poder que controla el país, subrayó.
"Desde el punto de vista jurídico nosotros creemos que es una ley inconstitucional porque establece un tipo penal abierto", señaló Ortega.
Al respecto, criticó el uso indiscriminado de esa normativa contra el pueblo mapuche, que desde hace más de diez años reclama la restitución de tierras ancestrales ocupadas por empresas privadas.
Las reivindicaciones mapuches tocan los intereses de las compañías forestales, que son parte del bloque de poder, por lo tanto es "es natural que se pretenda aplicar la peor de las leyes", expresó.
Por su parte, Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, estimó que el uso de esa herramienta es constantemente desestimada por la justicia porque el terrorismo existe sólo "en la mente de los fiscales y el Gobierno".
Román emplazó a la presidenta electa, Michelle Bachelet, a honrar sus compromisos y derogar la ley, una vez que asuma su próximo gobierno.
Sin embargo, el lonko (dirigente) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, se mostró escéptico.
"No me hago muchas ilusiones del nuevo gobierno porque fue Michelle Bachelet quien aplicó la Ley Antiterrorista, y solamente (el presidente Sebastián) Piñera en su gobierno hizo que se colocara en funcionamiento. No podemos esperar mucho de ellos".
La ley Antiterrorista fue instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y se caracteriza por aumentar los castigos respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos.
Además impone la ampliación de la prisión preventiva y el uso de testigos sin rostro.
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