Guatemala
Desde
hace algunos días el tema de la hidroeléctrica Chixoy ha vuelto a ser
noticia, con la emisión de una ley estadounidense que condiciona la
ayuda económica a Guatemala a que se den “pasos creíbles” en la
reparación de daños a los damnificados por dicha represa. Los “daños” a
los que se alude no son pocos; los “costos del desarrollo” implicaron
400 personas masacradas, inundación de tierras comunitarias y
desplazamiento forzoso de los sobrevivientes, entre varios otros
factores.
Hasta la fecha, las comunidades cercanas a la hidroeléctrica Chixoy no tienen luz eléctrica, ni viviendas dignas, mucho menos han sido reparadas por los daños que sufrieron. La verdad es que esta injusticia, como tantas otras en la historia del pais, estaba hace tiempo enterrada (o más exáctamente, inundada), por lo que no era un tema de preocupación para el partido gobernante (Partido Patriota, PP).
Sin embargo, en los dos años de gobierno del PP, el tema de las hidroeléctricas ha aparecido numerosas veces en los titulares. Es frecuente leer noticias sobre la oposición comunitaria a la construcción de hidroeléctricas.
Para el ciudadano común es más fácil identificarse con las comunidades opositoras a proyectos mineros, e incluso -si tal identificación no existe- comprender argumentos sobre las muchas razones para oponerse a la minería de metales a cielo abierto, vistos sus devastadores impactos socio ambientales y económicos en Guatemala, Honduras y varios otros países en todo el globo.
Sin embargo, existe mayor confusión y opiniones encontradas cuando las comunidades se oponen a proyectos hidroeléctricos. Esta confusión se explica por la publicidad que dichos proyectos han recibido como productores de “energía verde”, ambientalmente sostenible y ciertamente menos contaminadores que los combustibles fósiles. Otra explicación se vincula con la criminalización de que han sido objeto estas justas luchas y resistencias comunitarias.
¿En que consiste dicha criminalización? En una fase inicial, se retrata a las comunidades como grupos antisociales o retrógrados que se oponen de manera irresponsable, como por inercia, al “desarrollo”, simbolizado por la construcción de la represa. En el “mejor” caso, se atribuye la oposición a la supuesta ignorancia de los pobladores, en el peor caso a la manipulación de grupos externos a la comunidad. No está de más advertir que ambos argumentos son racistas de forma y fondo.
La segunda fase de la criminalización consiste en acusar abiertamente a comunidades y organizaciones aliadas de crímenes como destrucción de propiedad privada o incluso de terrorismo; este último un delito de moda desde los atentados del 11 de septiembre de 2001en Estados Unidos. Sin embargo, esta peligrosa derivación de la “teoría de los indios manipulados” tiene su propia historia en Guatemala.
La última fase de la criminalización es la represiva. Con ello nos referimos principalmente a la represión ejecutada de acuerdo a la ley -pero en contra de la justicia-, es decir órdenes de captura, encarcelamientos o violentos desalojos (por ejemplo, el realizado en Barillas). En esta fase represiva incluimos también aquellos hechos violentos aislados, o aparentemente aislados, y sin embargo protagonizados por personas vinculadas a las empresas hidroeléctricas (caso Monte Olivo y otros).
La estrategia de criminalización tiene varios planos y objetivos. Por un lado se reprimen las luchas y resistencias locales, intentando parar en seco los conflictos provocados por las empresas y no por las comunidades. Por otro, se les hace ver como criminales y terroristas, con lo cual se les aisla del potencial apoyo en el resto del país (o incluso internacional). Al mismo tiempo, se crea legitimidad para las acciones represivas legales, que de este modo son vistas como un simple “mantenimiento del órden público” y no como un brutal e incondicional apoyo del gobierno a las empresas.
No es este el momento ni el lugar para discutir las desventajas y ventajas (reales o supuestas) de los proyectos hidroeléctricos. Esperamos hacerlo en un próximo artículo. Baste por el momento con indicar que no pueden hacerse generalizaciones como “todas las hidreoléctricas son buenas” o “todas las hidroeléctricas son malas”. Se debe analizar cada caso por separado y de forma específica, pero sin perder de vista el contexto general.
De hecho, deben tomarse en cuenta muchos otros factores, por ejemplo, el tamaño real de la construcción, la extensión de su zona de influencia, sus posibles impactos en los cuerpos de agua cercanos (en especial el que va a ser usado por la hidroeléctrica), así como en la flora y fauna locales y por supuesto, en la poblaciones aledañas; en especial, aunque no únicamente, aquellas ubicadas río abajo de donde se construirá el proyecto.
Tampoco pueden hacerse generalizaciones sobre las razones de las comunidades para oponerse a la construcción de una hidroeléctrica. Las mismas pueden ser múltiples y complejas, dependiendo de cada caso. Solo podemos afirmar algunas cosas de los casos a los que hemos estado más próximos.
Desde hace algunos años, AVANCSO ha entrevistado a varias personas y comunidades que se oponen a proyectos hidroeléctricos en varios puntos del país. Si bien son muy diversas, en todas las entrevistas existen algunos denominadores comunes: ciertamente no se oponen al “desarrollo”, el cual siguen viendo -tal vez inocentemente- como una salida a la insoportable situación de pobreza, abandono estatal y exclusión en que viven.
Tampoco confunden las hidroeléctricas con la minería, como afirman algunos columnistas de cuyo nombre no quiero acordarme. Muchos de ellos conocen las ventajas que podría traer un pequeño proyecto hidroeléctrico, pero preferirían verlo administrado por la misma comunidad (o en todo caso por la municipalidad), y no en manos de una empresa privada cuyo primer objetivo es generar ganancias privadas.
Y por cierto, no se oponen a “las hidroeléctricas” en general ni en abstracto. A lo que estas personas se oponen, es a casos concretos con nombres exactos: Hidro Santa Rita, Hidro Santa Cruz, Hidro Xacbal. A lo que se oponen, es a la forma abusiva y prepotente en que los sucesivos gobiernos y las empresas privadas, armados de razón (“es energía verde”, “es buena para el ambiente”, “traerá empleos”) , pero también armados con pistolas, pretenden imponer los proyectos hidroeléctricos, sin consultar a las comunidades afectadas ni mostrarles el más mínimo respeto humano básico.
Pero sobre todo, estos luchadores y luchadoras sociales conocen su historia y guardan perfectamente en su memoria colectiva lo que los gobiernos quieren decir cuando dicen “hidroeléctrica”; todo ello se resume en una palabra: Chixoy.
Camilo Salvadó. Equipo PICTA -AVANCSO. Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) avancso.org.gt
La opinión fue el editorial del Noticiero Maya K'at de la FGER, el 4 de febrero del 2014.
Hasta la fecha, las comunidades cercanas a la hidroeléctrica Chixoy no tienen luz eléctrica, ni viviendas dignas, mucho menos han sido reparadas por los daños que sufrieron. La verdad es que esta injusticia, como tantas otras en la historia del pais, estaba hace tiempo enterrada (o más exáctamente, inundada), por lo que no era un tema de preocupación para el partido gobernante (Partido Patriota, PP).
Sin embargo, en los dos años de gobierno del PP, el tema de las hidroeléctricas ha aparecido numerosas veces en los titulares. Es frecuente leer noticias sobre la oposición comunitaria a la construcción de hidroeléctricas.
Para el ciudadano común es más fácil identificarse con las comunidades opositoras a proyectos mineros, e incluso -si tal identificación no existe- comprender argumentos sobre las muchas razones para oponerse a la minería de metales a cielo abierto, vistos sus devastadores impactos socio ambientales y económicos en Guatemala, Honduras y varios otros países en todo el globo.
Sin embargo, existe mayor confusión y opiniones encontradas cuando las comunidades se oponen a proyectos hidroeléctricos. Esta confusión se explica por la publicidad que dichos proyectos han recibido como productores de “energía verde”, ambientalmente sostenible y ciertamente menos contaminadores que los combustibles fósiles. Otra explicación se vincula con la criminalización de que han sido objeto estas justas luchas y resistencias comunitarias.
¿En que consiste dicha criminalización? En una fase inicial, se retrata a las comunidades como grupos antisociales o retrógrados que se oponen de manera irresponsable, como por inercia, al “desarrollo”, simbolizado por la construcción de la represa. En el “mejor” caso, se atribuye la oposición a la supuesta ignorancia de los pobladores, en el peor caso a la manipulación de grupos externos a la comunidad. No está de más advertir que ambos argumentos son racistas de forma y fondo.
La segunda fase de la criminalización consiste en acusar abiertamente a comunidades y organizaciones aliadas de crímenes como destrucción de propiedad privada o incluso de terrorismo; este último un delito de moda desde los atentados del 11 de septiembre de 2001en Estados Unidos. Sin embargo, esta peligrosa derivación de la “teoría de los indios manipulados” tiene su propia historia en Guatemala.
La última fase de la criminalización es la represiva. Con ello nos referimos principalmente a la represión ejecutada de acuerdo a la ley -pero en contra de la justicia-, es decir órdenes de captura, encarcelamientos o violentos desalojos (por ejemplo, el realizado en Barillas). En esta fase represiva incluimos también aquellos hechos violentos aislados, o aparentemente aislados, y sin embargo protagonizados por personas vinculadas a las empresas hidroeléctricas (caso Monte Olivo y otros).
La estrategia de criminalización tiene varios planos y objetivos. Por un lado se reprimen las luchas y resistencias locales, intentando parar en seco los conflictos provocados por las empresas y no por las comunidades. Por otro, se les hace ver como criminales y terroristas, con lo cual se les aisla del potencial apoyo en el resto del país (o incluso internacional). Al mismo tiempo, se crea legitimidad para las acciones represivas legales, que de este modo son vistas como un simple “mantenimiento del órden público” y no como un brutal e incondicional apoyo del gobierno a las empresas.
No es este el momento ni el lugar para discutir las desventajas y ventajas (reales o supuestas) de los proyectos hidroeléctricos. Esperamos hacerlo en un próximo artículo. Baste por el momento con indicar que no pueden hacerse generalizaciones como “todas las hidreoléctricas son buenas” o “todas las hidroeléctricas son malas”. Se debe analizar cada caso por separado y de forma específica, pero sin perder de vista el contexto general.
De hecho, deben tomarse en cuenta muchos otros factores, por ejemplo, el tamaño real de la construcción, la extensión de su zona de influencia, sus posibles impactos en los cuerpos de agua cercanos (en especial el que va a ser usado por la hidroeléctrica), así como en la flora y fauna locales y por supuesto, en la poblaciones aledañas; en especial, aunque no únicamente, aquellas ubicadas río abajo de donde se construirá el proyecto.
Tampoco pueden hacerse generalizaciones sobre las razones de las comunidades para oponerse a la construcción de una hidroeléctrica. Las mismas pueden ser múltiples y complejas, dependiendo de cada caso. Solo podemos afirmar algunas cosas de los casos a los que hemos estado más próximos.
Desde hace algunos años, AVANCSO ha entrevistado a varias personas y comunidades que se oponen a proyectos hidroeléctricos en varios puntos del país. Si bien son muy diversas, en todas las entrevistas existen algunos denominadores comunes: ciertamente no se oponen al “desarrollo”, el cual siguen viendo -tal vez inocentemente- como una salida a la insoportable situación de pobreza, abandono estatal y exclusión en que viven.
Tampoco confunden las hidroeléctricas con la minería, como afirman algunos columnistas de cuyo nombre no quiero acordarme. Muchos de ellos conocen las ventajas que podría traer un pequeño proyecto hidroeléctrico, pero preferirían verlo administrado por la misma comunidad (o en todo caso por la municipalidad), y no en manos de una empresa privada cuyo primer objetivo es generar ganancias privadas.
Y por cierto, no se oponen a “las hidroeléctricas” en general ni en abstracto. A lo que estas personas se oponen, es a casos concretos con nombres exactos: Hidro Santa Rita, Hidro Santa Cruz, Hidro Xacbal. A lo que se oponen, es a la forma abusiva y prepotente en que los sucesivos gobiernos y las empresas privadas, armados de razón (“es energía verde”, “es buena para el ambiente”, “traerá empleos”) , pero también armados con pistolas, pretenden imponer los proyectos hidroeléctricos, sin consultar a las comunidades afectadas ni mostrarles el más mínimo respeto humano básico.
Pero sobre todo, estos luchadores y luchadoras sociales conocen su historia y guardan perfectamente en su memoria colectiva lo que los gobiernos quieren decir cuando dicen “hidroeléctrica”; todo ello se resume en una palabra: Chixoy.
Camilo Salvadó. Equipo PICTA -AVANCSO. Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) avancso.org.gt
La opinión fue el editorial del Noticiero Maya K'at de la FGER, el 4 de febrero del 2014.
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