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Los juristas hemos sostenido la necesidad de reconstruir el Estado social y democrático de derecho y la legalidad en el país, como vía de solución a los grandes problemas de México. En ese propósito, estaríamos apoyando un gobierno a la izquierda, honesto y eficaz, que restituya de manera inmediata el empleo masivo, la mejora salarial, la buena seguridad pública y el uso racional y humanitario del Estado.
Un gobierno a la izquierda sería una autentica salida a la crisis, violencia y corrupción que vive México, debido a que las políticas públicas y modelo neoliberal de las administraciones que han prevalecido, como las de Salinas-Zedillo y Fox-Calderón, no han podido ni querido construir alternativas de bienestar para la sociedad y progreso efectivo para la nación.
El fracaso de las políticas del PRI y del PAN ha producido un estancamiento sostenido de la economía, una violencia e inseguridad en las calles, peor que las de un estado de guerra y condiciones de extrema pobreza y carencias de millones de habitantes en alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y servicios.
Los yerros y fracasos del gobierno de Calderón en materia económica, de justicia y seguridad pública, y de los priístas en las entidades que gobiernan, deben constituir un incentivo para buscar un cambio mediante el sufragio, razonando el voto antes de otorgarlo, a candidatos a la Presidencia y otros cargos de elección popular.
Más aún debido a la impunidad de funcionarios que han saqueado las arcas y patrimonio públicos, mediante la ilegalidad, el dispendio, los jugosos sueldos y comisiones, el bandidaje y la corrupción, a cambio de garantizar y reproducir el control de los grupos monopólicos, que han favorecido además, la dependencia alimentaria, comercial y policial que transgreden la soberanía nacional.
Hay que evitar la repetición de gobiernos incapaces y buscar una opción de transición a la democracia, por ello es fundamental que mediante la participación ciudadana se insista en la investigación y castigo de los numerosos y presumibles casos de corrupción abiertos, como el enriquecimiento de la familia Fox, el “moreirazo” y otros.
El apoyo a candidatas y candidatos de los partidos a puestos de elección popular no debe constituir un cheque en blanco para que a nombre de los electores y sus seguidores prometan y digan cuanta cosa se les ocurra, ofreciendo acciones salvadoras cuando han sido incapaces de practicarlas en sus gobiernos, como en el caso de Peña Nieto o Vázquez Mota, como exsecretaria de Estado con Calderón.
Por ello, para algunas fuerza de izquierda como las que representa el Movimiento de Unidad Social para un Gobierno del Pueblo, hemos reiterado nuestro apoyo y alianza críticos a la candidatura de unidad popular nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aprobando su tesis de reconciliación nacional y gabinete de coalición, con empresarios y políticos socialmente responsables.
El nombramiento anticipado de secretarios de despacho que serían integrantes del posible gabinete de AMLO, es transparente y elogiable, e inquietante para la izquierda, pues muestra falta de contrapesos al carecer éste de nombramientos de personajes con experiencia y perfil en la defensa del derecho mexicano del trabajo, que es tutelar y solidario con la clase trabajadora, campesina y cooperativista.
Por ello, proponemos, a todos los candidatos, realizar consultas ciudadanas al respecto, porque el 95 por ciento de la población la constituyen trabajadores y sus familias y en nuestro caso, constituimos fuerzas sociales principalmente de origen obrero, campesino, indígena, cooperativista, magisterial y juristas ligados a estas luchas.
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