Por Juan Gasparini
En la foto delegación mexicana (*)
GINEBRA - La discriminación sistemática contra mujeres indígenas y migrantes observada en México durante el examen ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, días pasados en Ginebra, constituye un caso paradigmático que incita a la ONU a crear la imputación general de discriminación por omisión válida para todos los países, por el abandono de derechos de esas minorias, excluidas de la protección, a causa de la negligencia del Estado", reveló a ContraPunto el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, uno de los 18 expertos que constituyen este Comité.
"Es un mal ejemplo sobre todo en la región. Hay situaciones muy graves, llegan a 22000 los migrantes secuestrados en México, los indígenas son criminalizados por oponerse a la explotación minera contaminante, y se los condena por presuntos delitos sin haberles traducido a sus lenguas las inculpaciones en la justicia, algunos están en la cárcel sin saber por qué; un indígena fue deportado a Honduras por su perfil físico y era ciudadano de México, ¡tuvo que trabajar varios meses en Honduras para pagarse el pasaje de vuelta al Estado de Guerrero!", exclamó Cali Tzay, luego de la comparecencia de una nutrida delegación gubernamental de México para hacer frente a este Comité, cuyo fallo de conclusiones será conocido el próximo 9 de marzo.
Cali Tzay preguntó a México si no iba a revisar esas sentencias judiciales contra indígenas que no pudieron ejercer plenamente el derecho a defenderse por ausencia de traductores de las acusaciones a sus idiomas originarios, pero no consiguió una respuesta satisfactoria. Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir Discriminación, prometió que en 2015, México dispondrá del número suficiente de traductores a todas las lenguas de los 68 pueblos originarios reconocidos en el país. Informó que actualmente hay 450 intérpretes en los tribunales competentes.
Los 175 países que en 1969 firmaran la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU, se han dotado de un Comité de 18 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los Estados que la han ratificado, con el objeto que los controlen para corroborar si acatan la Convención y mantienen esfuerzos permanentes para reforzar su aplicación. Ahora le toca el turno de chequeo a México.
En ese "diálogo interactivo" entre los expertos de la ONU y México pudo saberse que el 10% de sus 112 millones de habitantes son de origen indígena, además de los 450 mil afrodescendientes. México dio su tácito consentimiento a que hay una especie de menosprecio por parte del resto de la población, que sustentaría una suerte de "discriminación estructural de baja intensidad", manifestación de "racismo cultural", plagado de prejuicios, pero adelantó que la justicia indígena, de acuerdo a sus propias normas, ha obtenido ya un alto grado de reconocimiento.
"La autoidentificación de los indígenas es un principio respetado, no lo determina el Estado, sus lenguas han dejado de ser dialectos y se ha mejorado su enseñanza, disfrutan del derecho a la autonomía y gozan del debido proceso; todo proyecto de explotación de sus tierras obliga a la consulta previa y a la presentación de un informe de impacto ambiental avalado por un órgano de gobierno, y las concesiones se pueden anular con respaldo de una ley", resumió Janitzio Durán Ortegón, titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México.
"Protagonizamos una revolución judicial garantista en México, estamos castigando todas las violaciones de los derechos humanos, el grado de transparencia del gobierno alcanza los más altos estándares internacionales, existe una voluntad de erradicar la impunidad y limitar los excesos del poder, hoy hay más garantías que antes para afrontar la lucha contra el crimen organizado, las declaraciones obtenidas sin presencia de un abogado son nulas, se respeta la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a ser juzgado en vista pública, pero es cierto que perduran problemas", subrayó Alejandro Negrín Muñoz, director General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, múltiples alegaciones repercutidas por el Comité, matizan la euforia oficial. Para el experto estadounidense Carlos Manuel Vázquez, "la administración de justicia en la lucha contra el crimen organizado ha empeorado". Su colega de Burkina Faso, Fatima-Binta Victoire Dah, quiso saber cuándo se va a retirar el Ejército de la lucha contra el narcotráfico y ninguno de los 16 integrantes de la representación mexicana articuló respuesta. Al francés Régis de Gouttes le llamó la atención que no se ventilan querellas por racismo en los tribunales, lo cual demostraría una falta de confianza de las víctimas en la justicia, o miedo a denunciar. El rumano Ion Diaconu concluyó que hay leyes que no se aplican en México, un fenómeno que según el colombiano Pastor Elías Murillo Martínez es característico del continente latinoamericano y del Caribe, que consiste en disponer de una sólida legislación para combatir la discriminación racial, aunque su aplicación es altamente deficitaria.
Para probar sus dichos, Murrillo Martinez enumeró algunos hechos cuya rendición de cuentas México tiene pendiente. Solicitó el esclarecimiento del asesinato de José Trinidad de la Cruz, indígena Nahua, abatido por paramilitares en el marco de una disputa por tierras, de las detenciones arbitrarias de José Ramón Aniceto y Agustín Cruz, indígenas otomí, por reclamos de acceso al agua, y aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema de México sobre la condena al indígena Hugo Sánchez a 37 años de prisión por un secuestro que el acusado parece negar, cuya prueba sería motivo de controversia. También Murillo Martínez espera un pronunciamiento sobre inquietantes cifras establecidas por organizaciones de la sociedad civil: el 49% de los marginados en 441 municipios mexicanos serían indígenas, y un sondeo en establecimientos penitenciarios establecería que el 63% de la mujeres indígenas privadas de su libertad no tuvieron intérpretes en el curso de los procesos judiciales que las condujeron a la cárcel.
(*) A la izquierda, Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; en el centro, Alejandro Negrin Muñoz, Director General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la derecha, Janitzio Durán Ortegón, Titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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