Esas consideraciones fueron recogidas en un informe anual presentado hoy en Bogotá por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de su nuevo representante Tood Howland.
En rueda de prensa Howland, quien asumió el cargo el 30 de enero pasado, sostuvo que dicha práctica no se ha erradicado totalmente en el país.
La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en departamentos como Arauca, Cauca y Cesar, e incluso en Bogotá, apuntó.
Al respecto, el informe precisa que hasta agosto del pasado año, la Fiscalía tenía asignados un acumulado de mil 622 casos de presuntos homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a tres mil 963 miembros de la fuerza pública.
Pese a esas cifras el documento refiere que sólo se han proferido 148 sentencias condenatorias por ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, Howland señaló que en 2011 la Oficina en Colombia observó con preocupación la continua expansión de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares.
Estos grupos, que se organizan en torno al narcotráfico y otras actividades criminales, generalmente evitan enfrentarse con la fuerza pública y tienen un impacto abrumador en la vida de la población, advirtió.
Asimismo, la Oficina de Naciones expresa en el documento gran preocupación por la creciente violencia que despliegan estos grupos, especialmente en contra de líderes sociales, así como de funcionarios del Estado.
También alerta que el número de masacres y de víctimas atribuidas a estas bandas continúa en aumento, principalmente en Antioquia y Córdoba.
La Policía reportó que hasta la fecha de cierre del citado informe, el 53 por ciento de los mandos de estos grupos capturados o muertos eran paramilitares desmovilizados.
A su vez, la Oficina alerta que dichas bandas armadas ilegales están presentes en la mayoría de los departamentos del país y demuestran alta capacidad de reclutamiento, incluyendo niños y adolescentes, y utilizan estructuras delincuenciales y sicarios para apoyar sus actividades.
Respecto a la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras que impulsa el gobierno, la ONU considera que esta tiene vacios, sobre todo en lo relacionado a su aplicación y la protección de las víctimas.
En ese sentido, Howland llamó al Estado a brindar una mayor seguridad a los reclamantes de tierras, acosados por la presecusión, amenazas y asesinatos de sus líderes.
El reto es asegurar la protección de todos los actores involucrados en ese rpceso, apostilló.
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