Guatemala (PL) Leyes, resoluciones, medidas, todo ha sido insuficiente para frenar la violencia contra la mujer guatemalteca y aplicar el castigo merecido a quienes la ejercen, en tanto la sociedad trata de ponerle coto.
En 2008 el Congreso de Guatemala aprobó la Ley contra el Femicidio (aunque sea una palabra inexistente en el diccionario) y otras Formas de Violencia contra la Mujer.
Su objetivo es garantizar la vida, libertad, integridad, dignidad, protección e igualdad de todas las mujeres ante la ley, y actuar contra quien las agreda, cometa prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.
El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las féminas, según lo estipulado en la Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de ellas, ratificados por el Estado.
Organizaciones sociales de variado tipo se esfuerzan por lograr el cumplimiento de la norma en todos sus aspectos, pero en un entorno donde tan enraizado está el machismo, incluso en las instituciones públicas y privadas, poco han podido hacer.
Los ejemplos de violencia, derechos pisoteados, marginación, son diariamente conocidos, sobre todo en ese segmento poblacional mayoritario de origen indígena.
Una guatemalteca conocida, quien pidió no revelara su nombre por motivos lógicos, contó a Prensa Latina el calvario sufrido durante varios años de vida -si así pudiera llamársele- matrimonial.
El marido, en apariencia una persona normal, con un comportamiento nada fuera de lo común en su trabajo y la calle, se transformaba completamente una vez pasado el umbral de la vivienda donde habitaba con su cónyuge y dos hijos.
A los menores casi los ignoraba, en tanto sobre la esposa recaían iras, decepciones o simples molestias acumuladas y por cualquier nimiedad la emprendía a golpes contra ella, según el relato.
Y no solo eso, de afuera llegaba el suegro, en aparente visita familiar para ver a los nietos, y a ella de vez en cuando también le atizaba un bofetón, para incrementar los habituales moretones y marcas dejadas en su rostro por el esposo.
Un buen día, prosiguió, dijo basta, y aprovechando la ausencia del hombre tomó a sus pequeños vástagos de las manos y emprendió un camino sin retorno fuera del hogar, al cual debía tener el mismo derecho de pertenencia.
Escondida pasó algún tiempo, pues conocía de los esfuerzos del marido por encontrarlos, hasta que otra mujer la convenció para acudir a las autoridades y denunciar los maltratos sufridos.
Eso fue algo a lo cual, como ella hasta ese momento, muchas de sus compatriotas aún no se atreven por temor a represalias.
Pero hasta ahora no existe castigo para el violento esposo -nada de divorcio-, como tantos otros casos de impunidad existentes, y ella sigue temiendo verlo cruzarse nuevamente en su camino y, dijo, con peores intenciones hacia ella e incluso los hijos.
Esa es una situación de violencia intrafamiliar de las miles registradas, mientras otras miles están en el anonimato, pero al menos no llegó, o no ha llegado, a males mayores, porque se han divulgado muchas más con desenlaces trágicos.
Así se desarrolló el caso de una joven en un pueblo de provincia (departamento en este país), también cansada de recibir malos tratos de su media naranja, esa vez sin acta matrimonial, unidos en convivencia marital.
Ella terminó la relación, pero él no lo aceptaba e insistía una y otra vez en reanudarla, hasta citarla para una supuesta última conversación en un paraje desolado, aunque en pleno día a fin de no hacerla sospechar.
Una vez allí, a la orilla de un río, la atacó con crueldad despiadada y le desfiguró el rostro. Tras la consiguiente denuncia a la policía el hombre fue preso, pero tardó poco tiempo en salir con sed de venganza.
El resultado: la muchacha desapareció y días después fue hallada sin vida.
Se calcula en unos cinco mil los asesinatos de mujeres cometidos en esta nación en la más reciente década, de los cuales la gran mayoría queda inserto en ese 98 por ciento de impunidad computado para todo tipo de hechos criminales a nivel nacional.
Como parte de su intención por combatir la violencia, el gobierno instaurado el 12 de enero de 2012 creó varias fuerzas de tarea especializadas en los delitos más habituales, una de ellas la nombrada contra el femicidio.
A su cargo estará la investigación de casos de alto impacto y con un trabajo fijado en favor de la vida de esas personas, en un país considerado con niveles muy elevados de violencia machista y de femicidio.
Recientemente dos galardonadas con el Premio Nobel, la estadounidense Jody Williams y la guatemalteca Rigoberta Menchú, realizaron junto con activistas evaluaciones sobre asesinatos de mujeres en México, Honduras y Guatemala.
En el caso de su país, Menchú aseguró hará una fiscalización sobre el cumplimiento de las promesas de campaña del ahora presidente Otto Pérez Molina en este asunto de la lucha contra la violencia de género.
La directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala, Leonor Calderón, explicó en cierta ocasión cómo los femicidios no sólo ocurren cuando los esposos asesinan a sus parejas, tras un proceso de maltratos, insultos y desprecios.
En la mayoría de los casos, dijo, las muertes se dan en un contexto de relaciones desiguales de poder entre los sexos.
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.
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