Guatemala, 21 jul (PL) La controversia en torno a la actitud del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dallâ�ÖAnese, toma hoy diversos matices, desde el pedido de destitución hasta el apoyo total.
Mientras la Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia exige su democión, el presidente guatemalteco, Alvaro Colom, lo apoyó sin nombrarlo cuando respaldó la labor de la Cicig en la lucha contra el crimen organizado.
A esta defensa se unió la sociedad civil por intermedio de una organización aglutinadora de agrupaciones defensoras de los derechos ciudadanos, de mujeres, trabajadores, la niñez, adolescencia y juventud, religiosas y muchas orientaciones más.
La Convergencia por los Derechos Humanos manifestó su respaldo a la gestión de la Cicig, particularmente a su equipo y comisionado titular porque, aseveró, Guatemala merece justicia pronta, cumplida e imparcial.
Ante las afirmaciones de jueces y magistrados en críticas a la actuación de Dallâ�ÖAnese, señaló cómo no es un secreto que uno de los graves problemas que enfrenta este país es el alto índice de impunidad, tanto por crímenes del pasado como del presente.
La falta de castigo se manifiesta en todos los niveles del sistema caracterizado por la débil o ineficiente investigación, la tortuosa persecución penal y la parcializada impartición de justicia, según un comunicado de la Convergencia.
Añade que la existencia de un alto número de funcionarios del Estado comprometidos con estructuras de corrupción e impunidad llevó a la solicitud de apoyo que derivó en la instalación Cicig, cuyo mandato incluye el apoyo en el fortalecimiento institucional.
Pese a los avances en el cumplimiento de su misión, la impunidad sigue teniendo un recio cuello de botella en el sistema de procuración de justicia, representado por el Organismo Judicial, argumenta el texto.
Lejos de asumir con humildad la posible falla en las apreciaciones judiciales, prosigue, jueces y magistrados se han constituido en una suerte de corte inquisitorial cuasi autocrática, infalible pero, sobre todo, incuestionable.
Dice que llega al extremo de permitirse amenazar con persecución penal a quien critique sus actuaciones, en total ignorancia del precepto constitucional que garantiza el ejercicio de derechos tales como la crítica a los funcionarios públicos.
Por ello la Convergencia da su espaldarazo a la gestión de la Cicig y su jefe Dallâ Anese y expresa la decisión de una auditoría social necesaria para impulsar la depuración en el sistema de justicia y contribuir así al fortalecimiento del estado de derecho.
Además, llama a la sociedad, especialmente a las víctimas de la violencia y la impunidad, a pronunciarse en demanda de un ejercicio independiente y efectivo en la impartición de justicia.
Mientras la Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia exige su democión, el presidente guatemalteco, Alvaro Colom, lo apoyó sin nombrarlo cuando respaldó la labor de la Cicig en la lucha contra el crimen organizado.
A esta defensa se unió la sociedad civil por intermedio de una organización aglutinadora de agrupaciones defensoras de los derechos ciudadanos, de mujeres, trabajadores, la niñez, adolescencia y juventud, religiosas y muchas orientaciones más.
La Convergencia por los Derechos Humanos manifestó su respaldo a la gestión de la Cicig, particularmente a su equipo y comisionado titular porque, aseveró, Guatemala merece justicia pronta, cumplida e imparcial.
Ante las afirmaciones de jueces y magistrados en críticas a la actuación de Dallâ�ÖAnese, señaló cómo no es un secreto que uno de los graves problemas que enfrenta este país es el alto índice de impunidad, tanto por crímenes del pasado como del presente.
La falta de castigo se manifiesta en todos los niveles del sistema caracterizado por la débil o ineficiente investigación, la tortuosa persecución penal y la parcializada impartición de justicia, según un comunicado de la Convergencia.
Añade que la existencia de un alto número de funcionarios del Estado comprometidos con estructuras de corrupción e impunidad llevó a la solicitud de apoyo que derivó en la instalación Cicig, cuyo mandato incluye el apoyo en el fortalecimiento institucional.
Pese a los avances en el cumplimiento de su misión, la impunidad sigue teniendo un recio cuello de botella en el sistema de procuración de justicia, representado por el Organismo Judicial, argumenta el texto.
Lejos de asumir con humildad la posible falla en las apreciaciones judiciales, prosigue, jueces y magistrados se han constituido en una suerte de corte inquisitorial cuasi autocrática, infalible pero, sobre todo, incuestionable.
Dice que llega al extremo de permitirse amenazar con persecución penal a quien critique sus actuaciones, en total ignorancia del precepto constitucional que garantiza el ejercicio de derechos tales como la crítica a los funcionarios públicos.
Por ello la Convergencia da su espaldarazo a la gestión de la Cicig y su jefe Dallâ Anese y expresa la decisión de una auditoría social necesaria para impulsar la depuración en el sistema de justicia y contribuir así al fortalecimiento del estado de derecho.
Además, llama a la sociedad, especialmente a las víctimas de la violencia y la impunidad, a pronunciarse en demanda de un ejercicio independiente y efectivo en la impartición de justicia.
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