Marielos Monzón
Que en Guatemala la justicia no es ni pronta, ni cumplida, ni independiente es algo que está más que demostrado. Las últimas resoluciones en casos de alto impacto por corrupción o ejecuciones extrajudiciales así lo demuestran. Las órdenes de desalojo dictadas, aun y cuando no hay certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, o la persecución criminal contra líderes y lideresas comunitarios que encabezan movimientos de resistencia, son pruebas irrefutables de que el sistema siempre se cae para el mismo lado.
Las cárceles están repletas de personas de escasos recursos que no pudieron costearse un abogado de esos “que se las saben todas”, y cuando digo todas me refiero al abuso de los amparos, a la compra de voluntades, al tráfico de influencias y a cuanta artimaña se les ocurra para obstruir la justicia.
La excusa siempre fue que el Ministerio Público no sabía hacer su trabajo y que las investigaciones estaban mal hechas y sin pruebas suficientes para obtener una condena, pero ahora, en aquellos casos donde las imputaciones se hacen con prueba científica que las sustenta, las resoluciones judiciales siguen siendo las mismas.
Y sería pecar de ingenuos pensar que todo es producto de la ignorancia. Aquí las redes mafiosas se mueven a sus anchas y tienen tentáculos en todo el sistema de justicia, y eso hay que evidenciarlo.
Desenmascarar a fiscales, jueces, abogados y magistrados que forman parte de las estructuras de la impunidad es absolutamente indispensable para sanear el sistema; y eso solamente se logra obligándolos a mostrarse a través de sus actuaciones y resoluciones. Por eso, poner a prueba el sistema de justicia guatemalteco es un imperativo democrático.
Si bien existen algunos jueces cuya trayectoria demuestra su imparcialidad y su compromiso con el estado de Derecho, hay muchos otros que responden a intereses particulares y de grupos de poder económico y político —incluyendo al crimen organizado— y no podemos seguir permitiendo que la justicia continúe en sus manos.
Por eso no se vale la defensa oficiosa de estos malos elementos, amparándose en una malentendida salvaguardia de esta dizque independencia judicial; ni quitarse la responsabilidad y dejar que otros saquen la tarea, porque así no vamos a obligar a que las cosas empiecen a cambiar y la institucionalidad guatemalteca se sanee y fortalezca.
La independencia judicial no se cacarea, se demuestra. Es una responsabilidad mayúscula de la Corte Suprema de Justicia asumir la depuración en el Organismo Judicial, y emprender procesos penales y administrativos contra aquellos jueces y juezas que obstruyen la justicia y cometen prevaricato.
El Ejecutivo y el Congreso no escapan tampoco de su adeudo en la politización de la justicia. Resulta ineludible a estas alturas la exigencia y el trabajo de la sociedad en su conjunto —de los gremios, la academia, las organizaciones y movimientos sociales y los grupos organizados— por la transformación del sistema de justicia; de lo contrario nos seguiremos enfrentando a ese muro gigantesco de impunidad que nos tiene sumidos en esta vorágine de violencia y de terror, porque mientras la justicia deje sin castigo a poderosos asesinos y corruptos, el mensaje seguirá siendo: sigan haciéndolo que, total, en este país no pasa nada.
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