San José, 19 jul (PL) Una comisión de la Asamblea Legislativa investigará desde hoy las causas y responsables de los problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), mientras los sindicatos de esta desarrollan un paro nacional.
La moción aprobada por el plenario establece que el ente propondrá soluciones y correctivos para que la institución estatal cumpla sus objetivos constitucionales: garantizar servicios de salud y otros a la población.
El grupo, integrado por nueve diputados, revisará la legislación sobre seguridad social y propondrá reformas para mejorar el funcionamiento de la dependencia, en crisis por la deuda acumulada con ella por el Estado y otras razones.
La comisión servirá "para defender y salvar la Caja en beneficio de las todas las personas aseguradas", afirmó el diputado del Frente Amplio José María Villalta.
Esta deberá "encontrar maneras de evitar la evasión y la morosidad, para mejorar la administración, fortalecer su autonomía y evitar la influencia de los gobiernos de turno", explicó el parlamentario.
Los integrantes del ente considerarán las opiniones de los movimientos sociales y propondrán "el nombramiento de asesores externos de reconocida honorabilidad y amplio conocimiento de la seguridad social, en representación de la sociedad civil".
De forma paralela, podrán solicitar al Directorio Legislativo la contratación de asesores especializados y requerir directamente a los órganos de la Administración Pública, "el suministro de asesores técnicos y peritos especialistas para que colaboren con las funciones de la Comisión".
El grupo tendrá cuatro meses, prorrogables por una única vez, para cumplir con las labores que le han sido encomendadas.
En tanto, miles de representantes de diversas organizaciones sindicales pertenecientes a la CCSS irrumpieron este martes en las calles desde horas tempranas, en protesta por la situación de la entidad de seguro.
Los gremialistas exigen al gobierno pagar la deuda millonaria acumulada con la Caja y que los directivos de esta desestimen la decisión de la Procuraduría General de acabar con el pago del subsidio por incapacidad como salario, aplicado durante años por la entidad.
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