Joan Martínez Alier *
La Jornada
La situación en Perú,
con continuidad política y económica evidente, trae a la memoria el
terrible episodio conocido como El Baguazo, en el año 2009. Durante el
gobierno del presidente Alan García se suscribieron varios decretos
legislativos que afectaban directamente a las comunidades indígenas de
la Amazonia con una clara intención de privatización y acaparamiento de
tierras.
El conflicto venía de años atrás. A pesar de que Perú ratifiLey de la selva, aprobados en 2008 por el
Poder Ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le
otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la
implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
có en
1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (que obligan al
Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la
consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera
desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García quiso
eliminar tales garantías mediante los decretos legislativos conocidos
como la
Se asegura que la ministra (y ahora vicepresidenta) Mercedes Aráoz
dijo entonces que el TLC con Estados Unidos se venía abajo si se
derogaban los decretos que los pobladores atrincherados en las cercanías
de Bagua exigían derogar y que abrían sus territorios a la explotación
exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales, sino de madera y
agrocombustibles, una verdadera expropiación de derechos comunitarios
tradicionales.
Pidiendo la derogación de los decretos, el 9 de abril de 2009 los
indígenas iniciaron una huelga que duró 60 días bloqueando una
carretera. Finalmente, el día 4 de junio se debía votar en el Congreso
el retiro de los decretos legislativos. Pero no se hizo por falta de
quórum. Los manifestantes, cerca de 5 mil, cansados de esperar la
votación, tenían previsto levantar su huelga el 5 de junio. Pero el
gobierno prefirió usar la fuerza.
En la mañana de ese aciago día 5 de junio de 2009 cientos de miembros
de la Dirección Nacional de Operativos Especiales (Dinoes), con apoyo
de las fuerzas armadas, ingresaron a la denominada Curva del diablo
–donde la carretera da una curva frente al río Marañón–, con el
objetivo de desalojar a los indígenas awajún (Aguaruna) y wampis
(Huambisa). Las fuerzas del orden comenzaron el operativo a la altura
del kilómetro 201 alrededor de las 5 de la madrugada lanzando bombas
lacrimógenas desde helicópteros. No obstante, conforme iban
transcurriendo las horas, la confrontación se agravó. La jornada dejó al
líder awajún Santiago Manuin como uno de los primeros graves heridos
cuando trataba de mediar. Con varios impactos de bala, el dirigente fue
dado por muerto –aunque al final logró sobrevivir–, lo cual exasperó a
los awajún y wampis. La policía usó armas de fuego y disparó desde los
helicópteros. Un grupo de policías, entre los que se encontraba el mayor
Felipe Bazán, terminó arrinconado en una ladera. Fue dado por
desaparecido. Los medios informaban sobre la muerte de decenas de
nativos, lo que provocó el enojo de los awajún, ubicados en la estación
número seis de Petroperú en Imasita, la cual estaba cercada desde
semanas antes. Fue así que éstos tomaron como rehenes a 39 personas.
Diez de ellas fueron ejecutadas, entre ellas el comandante PNP Miguel
Montenegro, dejando con vida a 28 de los cautivos. El saldo aproximado
del conflicto fue de 33 muertos (23 policías y 10 civiles), un policía
desaparecido, 205 heridos (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos
con impactos de bala, y 33 policías) y más de 100 detenidos, entre
indígenas y mestizos.
El líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, quien estaba en Lima, se
exilió temporalmente en Nicaragua. Varios nativos han sido encarcelados
por años y están siendo juzgados actualmente, a veces con intérpretes.
La fiscalía no ha levantado acusación alguna contra ningún policía ni
responsable político de entonces. La interpretación sociopolítica más
adecuada de El Baguazo y sus secuelas es la de
colonialismo interior.
Hace unos días, el 4 junio de 2016, la Aidesep declaraba:
Reiteramos el 5 de junio como el día de la dignidad de los pueblos indígenas amazónicos, en recuerdo de la memorable lucha librada por nuestros hermanos indígenas en 2019 en Bagua y en todos los tiempos reiterar que hemos declarado como héroes de los pueblos indígenas amazónicos a todos los hermanos caídos, los heridos indígenas y amazonenses, y los indígenas injustamente procesados. Pasarán a la historia, por lo que sus nombres darán vida a los locales comunales, calles y avenidas, así como a otros establecimientos públicos y privados.
* ICTA-Universitat Autónoma de Barcelona
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