El titular caribeño lanzó estas declaraciones el martes tras una primera reunión que mantuvo con el ministro de la Presidencia dominicano, Gustavo Montalvo, ambos encabezando sus respectivas delegaciones, para resolver una disputa migratoria.
El diferendo surgió cuando el Tribunal Constitucional dominicano dictó el 26 de septiembre un fallo que restringe la nacionalidad a descendientes de inmigrantes ilegales, una mayoría de origen haitiano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tachó de "discriminatoria" la sentencia, por afectar a unas 200 000 personas.
Durante la cita que, además, se centró en diversos temas como comercio, seguridad, recursos naturales y desastres naturales, la delegación haitiana reconoció el derecho de la contraparte "a determinar su política migratoria y las reglas para el otorgamiento de la nacionalidad".
A su vez, la delegación dominicana se comprometió a estudiar en los próximos días una "legislación adicional", destinada a regular la situación de la población que resulte afectada por dicha sentencia.
Ambas partes han decidido continuar los diálogos en los próximos meses, para solventar completamente la situación de los inmigrantes, así como el conflicto generado por la polémica sentencia.
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