Rechaza el Congreso tres Decretos de Necesidad y Urgencia
Crece el escándalo por extorsión del fiscal Stornelli, en una de las causas contra la ex presidenta argentina
Buenos Aires. En un fuerte revés para el gobierno del
presidente argentino, Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia le
ordenó devolver a la provincia de San Luis 15 mil millones de pesos
(unos 377 millones de dólares) de coparticipación federal de impuestos,
lo que debió haber sido saldado después de otro fallo de la misma
entidad a finales de 2015.
En tanto, la comisión bicamaral de Trámite Legislativo rechazó tres
Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el mandatario, en
los cuales cedía el espectro radioeléctrico del satélite Arsat,
eliminaba la Secretaría de Deportes e imponía la extinción de dominio
para expropiar bienes por una serie de delitos graves sin que hubiera
sentencia firme, y en el fuero civil no penal.
Se especula que en el corto plazo se tomaría la misma medida en favor
de la provincia de Santa Fe, a la que se deben 45 mil millones de
pesos, para lo cual también el gobierno de Macri desconoció la
resolución de finales de 2015.
El fallo es un golpe para el gobierno nacional, en pleno ajuste. Es, además, un triunfo político para las provincias opositoras en el comienzo del año electoral, advierte Página/12.
En cuanto a los DNU firmados por Macri y rechazados, la extinción de
dominio –como la famosa ley del arrepentido– se transforma en una
herramienta para usar no sólo contra la delincuencia, sino para la
persecución política, algo que se sugirió desde Washington. Esto
significaba despojar no sólo a personas, sino también a partidos e
instituciones ante cualquier armado de causas por la simple decisión
estatal, además de que en el DNU firmado por Macri la carga de la prueba
se invierte y las personas debían demostrar la procedencia legal de
esos bienes.
En el caso del Arsat, el gobierno de Macri suspendió la construcción
del tercero, después del éxito logrado por el gobierno anterior en un
esfuerzo de recuperación científica reconocido en el mundo. El decreto
suspendía esta construcción para alquilar en 7 millones de euros a
Francia uno que es ya antiguo, por menos de un año, y la eliminación de
la Secretaría de Deportes se rechazó al considerar que significaba una
degradación para todos los sectores del deporte.
Todo esto sucede en medio del escándalo por extorsión en el que está
señalado el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación sobre
las famosas fotocopias de cuadernos inexistentes, que permitió al juez
Claudio Bonadío armar una causa –entre otras siete– contra la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el macrismo quiere
presa, aunque no haya pruebas de que haya cometido algún delito.
Stornelli define quiénes deben aparecer en la causa de los cuadernos y
ha sido denunciado, junto con el juez Bonadío, por mandar a prisión
preventiva para
ablandara todos aquellos que se niegan a repetir el discurso para acusar a la ex mandataria y sus ex funcionarios, y además liberan a los
colaboradores arrepentidos, que suman una larga lista.
Acusado por un productor agropecuario de extorsionarlo por conducto
del abogado Marcelo D’Alessio, agente de inteligencia, además de la DEA,
ya detenido, quien le pidió 300 mil dólares para evitar que
supuestamente apareciera en la causa de las fotocopias, lo que fue
grabado por el denunciante, ahora un nuevo audio complicó aún más la
situación para Stornelli, quien ordenó borrar las actas de la
declaración de Pablo Barreiro, ex secretario de Fernández de Kirchner en
esta misma causa, después de que los hermanos Barreiro le pagaron 40
mil dólares de 250 mil que solicitó por sus servicios.
En una de cal y otra de arena, la Corte Suprema benefició a Gustavo
Arribas, uno de los mejores amigos de Macri y titular de la Agencia
Federal de Inteligencia, al desestimar el pedido para reabrir la causa
en la que fue involucrado por transferencias ilícitas de dinero desde el
exterior por la firma Odebrecht. A pesar de la declaración del
principal informante, el brasileño Leonardo Meirelles, quien denunció
las transferencias por 850 mil dólares que habría cobrado Arribas, dando
datos y pruebas, la Corte cerró el caso.
No hay juez que haya podido procesar libremente la corrupción de
integrantes del gobierno de Cambiemos, como es el caso de las cuentas en
paraísos fiscales del presidente y su familia, descubiertas en los Papeles de Panamá en 2016, por lo cual varios juristas advierten sobre la
desaparición del estado de derecho en el país.
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
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