Editorial La Jornada
Colombia fungió ayer
como anfitriona de los países del Grupo de Lima que han decidido seguir
hasta el final el empeño estadunidense por derrocar al gobierno
constitucional de Nicolás Maduro. Con la presencia del vicepresidente de
Estados Unidos, Mike Pence, y de los representantes de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, el
gobierno de Iván Duque organizó una recepción propia de un jefe de
Estado para Juan Guaidó, el diputado opositor venezolano que el 23 de
enero anterior se autoproclamó
presidente encargadode Venezuela en una operación dirigida desde la Casa Blanca. Tal recepción corona los esfuerzos de Bogotá por construir en torno de Guaidó un tinglado que lo presente ante el mundo como el efectivo mandatario venezolano, en lo que constituye un desfiguro y una falta de respeto, no sólo para el pueblo de ese país sudamericano, sino para los propios colombianos, pues tal despliegue exhibe el nivel de sumisión alcanzado por la Casa de Nariño ante los designios estadunidenses.
En ese entorno, Pence hizo un llamado a México y a Uruguay para reconocer a Guaidó como presidente legítimo, arguyendo que
no puede haber espectadoresy
cada nación del hemisferio que ame la libertaddebe unirse al gobierno de Donald Trump en el reconocimiento al
presidente interino.
Que este
exhortofuera previsible, habida cuenta de la trayectoria adoptada por la Casa Blanca en torno de la crisis que enfrenta Venezuela, no deja de constituir una insolencia anacrónica, impertinente y en todo punto fuera de lugar, que muestra la persistencia de los reflejos neocoloniales de la superpotencia habituada a tronar los dedos para lograr el alineamiento de la región entera.
Pero no debiera ser necesario recordar que Washington carece del
menor resquicio legal o moral que le permita hacer un llamado semejante,
pues tanto México como Uruguay son estados soberanos, cuya política
exterior no está sujeta a recomendaciones externas, y en la actual
coyuntura han desempeñado un papel notoriamente positivo frente al
factor de violencia, desestabilización e injerencismo que representa
Estados Unidos.
Ante los ataques contra la soberanía venezolana y la de todas las
naciones de la región que no se han plegado a las maniobras
intervencionistas del gobierno de Trump, se debe respaldar la postura
oficial emitida por la cancillería mexicana, respecto de que el
Mecanismo de Montevideo es el camino para encontrar una solución
pacífica a la crisis de Venezuela mediante el diálogo abierto e
incluyente. Esta postura no supone, como pretenden algunas voces adictas
al discurso de la Casa Blanca, una toma de partido por el régimen
chavista, sino una defensa de la soberanía del pueblo venezolano, línea
que México debe seguir tanto por congruencia con el mandato
constitucional de respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación
como por la certeza de que es la única vía posible para mantener la paz.
Y como lo demostraron de manera dramática los eventos que tuvieron
lugar el fin de semana en la frontera colombiano-venzolana, quienes
estaban ayer en Bogotá persisten en su empeño de llevar la crisis
política venezolana a una confrontación fratricida que podría
desestabilizar a varios países fronterizos, empezando por la propia
Colombia.
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