Entrevista a Ángela Robledo, excandidata a vicepresidenta y actual representante en la Cámara por Colombia Humana
Contexto
Contexto dialogó con la
excandidata a vicepresidenta y actual representante en la Cámara por
Colombia Humana, quien analizó la grave situación de los líderes
sociales en su país. Diversos estudios indican que, desde la firma del
Acuerdo de Paz, son más de cuatrocientos los referentes asesinados.
“Detrás de estos crímenes de líderes y lideresas hay grandes intereses
económicos.”
Esta semana se supo que otro líder social fue asesinado
en Colombia. En lo que va de 2019 ya suman veinte, y desde la firma del
Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP la cifra supera los
cuatrocientos.
Para entender la terrible realidad que viven el pueblo colombiano y sus referentes, Contexto
dialogó con Ángela María Robledo, intelectual, académica, dirigente
política, miembro de la Cámara de Representantes y excandidata a la
vicepresidencia en la fórmula con Gustavo Petro por el partido Colombia
Humana (expresión política que disputó el balotaje y obtuvo más de ocho
millones de votos en las elecciones de 2018).
La dirigente
analizó las motivaciones detrás de los asesinatos, la inacción del
gobierno de Iván Duque frente a estos hechos, la negativa a reconocer
una sistematicidad tras estos crímenes y la necesidad de profundizar los
caminos para la paz a fin de garantizar la vida de los líderes y
lideresas de Colombia.
¿Por qué los líderes sociales, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos están bajo este asedio en Colombia?
En
Colombia, durante décadas, no sólo los líderes sociales, sino todos
quienes hemos estado más cerca de las propuestas de la izquierda hemos
cargado con una enorme estigmatización respecto a la legitimidad de
nuestras exigencias y nuestras luchas.
Sabíamos que el proceso
de paz iba a permitir visibilizar muchísimos liderazgos que se estaban
produciendo en los territorios a raíz de este tránsito tenue, precario y
frágil, pero al fin y al cabo tránsito de la guerra a la paz.
Se visibilizaron los liderazgos de personas que luchaban en defensa del
agua, contra la minería ilegal, en defensa de los derechos de las
mujeres, y todos resueltamente decididos a apoyar el proceso de paz.
Según estudios de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz), que es una de las organizaciones de la sociedad civil que hace
seguimiento del asesinato de líderes y lideresas, luego de la firma del
Acuerdo de Paz se han asesinado más de cuatrocientos líderes y
lideresas. Sólo en lo que va de este año ya van veinte asesinados.
Quienes han sido asesinados son defensores de la tierra, del agua, del
proceso de paz y reclamantes de tierras. Todo esto es el efecto de una
estigmatización en un país que tiene una democracia frágil, y de que el
proceso de paz ha visibilizado estos liderazgos.
Como no tenemos
el monopolio de las armas, como el proceso con los paramilitares no
significó un desarme sino una desmovilización, hoy, de manera
contundente y clara, en la Colombia profunda los líderes y lideresas
están bajo fuego.
“Algunos de esos líderes y lideresas
defendieron a capa y espada el proceso de paz, el ‘Sí’ al plebiscito, y
hoy en sus territorios eso les ha significado la muerte”
¿Se trata de un plan sistemático de exterminio?
Desde
hace dos años, Iván Cepeda y Alirio Uribe, dos parlamentarios del Polo
Democrático, y yo como feminista y pacifista, venimos pidiéndole a la
Fiscalía General de la Nación y al gobierno nacional que explore una
hipótesis de sistematicidad respecto de los asesinatos de líderes y
lideresas. Si bien la situación actual muestra un patrón diferente al
ocurrido con el exterminio de la UP (Unión Patriótica), donde el mayor
responsable fue el Estado colombiano, y en este caso habría distintos
patrones y, quizás, distintas razones, sí existe, como dice el profesor
Francisco Sanín, una sistematicidad de contexto. Nuestra solicitud nunca
fue acogida.
Hace sólo quince días, Néstor Humberto Martínez,
un fiscal que tenemos bajo sospecha por sus vínculos con los poderosos y
los dueños de este país, admitió que podía haber patrones de
sistematicidad en esto que realmente consideramos un exterminio.
También recientemente se dio a conocer un estudio realizado por cerca
de diez organizaciones de Justicia, la Universidad Nacional, la Comisión
Colombiana de Juristas, que documenta un conjunto de patrones que
permitirían confirmar que los asesinatos de líderes y lideresas son
sistemáticos.
¿Qué intereses están en juego detrás de estos crímenes?
El
último ministro de Defensa de Juan Manuel Santos dijo que estos
crímenes de líderes y lideresas correspondían a ‘líos de faldas y de
linderos’, y, como dije anteriormente, la Fiscalía se ha negado a
investigar como crímenes de lesa humanidad. Lo cierto es que detrás de
estos crímenes hay grandes intereses económicos. Colombia es uno de los
países de la región que tiene una de las mayores concentraciones de la
tierra. Esa es una de las causas objetivas del conflicto. A raíz del
proceso de paz se han constituido grupos armados antirrestitución de
tierras que se han dedicado a atacar –directa o indirectamente– a
quienes defienden los procesos de restitución de la tierra.
También la ilegalidad en el ejercicio de la minería y la deforestación
esconden grandes intereses económicos en Colombia. Dos de los grandes
problemas que hoy comienzan a hacerse visibles en nuestro país.
Algunos de esos líderes y lideresas defendieron a capa y espada el
proceso de paz, el ‘Sí’ al plebiscito, y hoy en sus territorios eso les
ha significado la muerte.
¿Cómo evalúa usted la postura del
gobierno de Iván Duque frente a un tema tan preocupante y que no parece
tener límites como este?
Frente a los asesinatos de
líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, el gobierno de Iván
Duque tiene una posición ambigua y ambivalente. Parece que, en su
narrativa más blanda, condenara esos crímenes, sin embargo desechó toda
la arquitectura institucional que era fruto del tercer punto del acuerdo
gobierno-FARC, que generaba garantías de seguridad no sólo para los
excombatientes, sino también para los líderes y las lideresas, porque
han estado también estigmatizados por sus luchas y reivindicaciones en
los territorios colombianos.
Duque acaba de crear un “Plan de
acción oportuna”, que convoca a la institucionalidad, pero ha puesto
como responsable para coordinar el trabajo con el Ejército y la Policía a
un exgeneral de la república que estuvo acusado de “falsos positivos”,
es decir que fue cómplice de las ejecuciones extrajudiciales, el general
en retiro Barrera. Fruto de la presión de las organizaciones sociales y
de un debate que hicimos en el Congreso, a este general se le quitó esa
tarea que iba a significar coordinar en los territorios la protección
de líderes y lideresas.
Iván Duque no ha mostrado una voluntad
firme de condena a los asesinatos. Tampoco ha mostrado una voluntad
clara de mantener y proteger el proceso de paz, lo que genera un enorme
riesgo para los que habitan en los territorios de la Colombia profunda.
Nosotros sostenemos que se defiende la vida defendiendo la paz.
¿Qué se debe hacer para poner un freno a este desangramiento social en Colombia?
Desde
el Congreso de la República hemos establecido dos rutas. Una ruta
nacional, que va desde debates del control político con la concurrencia
del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el consejero para
Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación y la misma Fiscalía General de la
Nación, exigiéndole que adelante de manera acuciosa y eficiente la
investigación porque es muy alta la impunidad respecto de los asesinatos
de líderes y lideresas. También hay una ruta internacional en la que
hemos buscado activar el sistema de Naciones Unidas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y, si es necesario, la Corte Penal
Internacional.
Esta es la tarea que hacemos desde el Congreso de
la República, pero es en los territorios, promoviendo medidas de
protección colectiva, no individuales, reconociendo procesos de
protección de la vida, como la guardia indígena, la guardia cimarrona,
la guardia campesina, como se puede desarrollar una estrategia mucho más
protectora de quienes allí habitan.
Además, insistimos en que
la mejor forma de proteger la vida de los líderes y lideresas es
protegiendo el proceso de paz, y ojalá, cuando se den las condiciones,
continuar la negociación con el ELN, porque creemos que una paz completa
es la mejor forma de proteger la vida.
En el resto de la
región los medios hegemónicos callan lo que sucede con los líderes
sociales en Colombia. ¿Cómo están actuando los medios allí?, ¿cuál es y
cuál debería ser su rol?
Como ocurre en tantos lugares
del mundo, los grandes medios de comunicación están en manos de los
grandes poderes económicos, muchas veces emparentados con los grandes
poderes políticos. Sin embargo, es tan evidente lo que está ocurriendo
en el país, lo que ha ocurrido en los últimos meses es tan ostensible,
que resulta imposible no visibilizarlo.
Desde hace algunos
meses, algunos grandes medios han empezado a darle visibilidad a lo que
está ocurriendo en los territorios, pero todavía lo hacen de manera
anecdótica, falta una investigación más estructural que le dé a este
país elementos para comprender qué es lo que hay detrás de estos
asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos
humanos, y entender que no son hechos aislados.
En la reciente
visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, a través de Michel Forst, que estuvo en diciembre de 2018, dejó
una serie de recomendaciones respecto de lo que el país debe hacer y
remarcó especialmente el riesgo de la estigmatización, que en Colombia
continúa, respecto de la tarea de defensores y defensoras de derechos
humanos.
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