Basural en San Martín, Buenos Aires
| Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento Por el patio trasero |
El
caso argentino es ilustrativo de otros tantos episodios similares en la
mayoría de los países que se presentan a sí mismos como "preocupados
por la democracia y los derechos humanos" en Venezuela. Este movimiento
de propaganda se desarrolla en el contexto de la ofensiva impulsada por
USA e incluye a actores estatales y no estatales.
Desde
su asunción el 10 de diciembre de 2015, el gobierno encabezado por
Mauricio Macri se caracteriza por el alineamiento absoluto a la política
del Departamento de Estado norteamericano. Esto incluye especialmente
la participación en el asedio contra Venezuela. La narrativa en la que
se sustenta la hostilidad diplomática es por lo menos contradictoria con
la que se utiliza para analizar la situación política en otros países.
Ni hablar en el propio caso argentino.
La información en el centro de la guerra
La
estrategia parte de la desinformación, que en este caso se caracteriza
por una saturación del tema “Venezuela”, mientras se ocultan
informaciones esenciales para comprenderlo.
Entre lo que
se oculta, un lugar destacado lo ocupa el propio pueblo que simpatiza
con el chavismo. En la narrativa oficial, se da por hecho que la
totalidad de los venezolanos y las venezolanas adversan al gobierno de
Nicolás Maduro. A su vez, también se ocultan las acciones de violencia
realizadas por opositores, al punto de que todos los asesinatos
–incluidos los de agentes policiales por parte de manifestantes– son
cargados a la cuenta del gobierno bolivariano.
En el plano
de la saturación, la denominada crisis humanitaria se emplea de modo de
presentar una situación al borde del colapso, como si se viviera en una
guerra. A cada momento, en los medios pueden encontrarse “informes
especiales” sobre la migración de personas venezolanas, la situación en
la que vivían o en la que viven, etcétera. En cambio, no tienen lugar
en los medios o en las declaraciones diplomáticas la situación en
Colombia, donde se desarrolla un sistemático plan de asesinatos a
opositores; la de Honduras, donde el presidente fue electo dos veces con
fraude electoral, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno
libremente electo de Mel Zelaya; o la de Haití, en situación crítica de
hambre, crisis sanitaria y represión desde hace años. Pareciera que
ciertos medios, periodistas y dirigentes políticos se preocupan por las
crisis humanitarias solo en el caso de Venezuela.
El colmo
del cinismo llega cuando ejércitos de tuiteros (los “trolls”
oficialistas), supuestamente escandalizados, comparten imágenes de
personas en Venezuela buscando comida en los botes de la basura, como si
no pudieran encontrarse en casi todas las ciudades argentinas,
empezando por Buenos Aires –la más rica del país, pero que tiene más de 7
mil personas viviendo en la calle– o las del conurbano bonaerense,
golpeadas por la creciente miseria y desigualdad.
Libertad de prensa y división de poderes
En
su afán por instalar la idea de que Venezuela vive una dictadura, se
afirma y se repite que en este país no hay libertad de prensa. Pero
cualquier persona que haga un recorrido por los canales de televisión,
el dial de las radios o los puestos de diarios del país caribeño, podrá
comprobar que la mayoría de los medios son claramente opositores,
incluso con posiciones abiertamente golpistas.
En el caso
argentino, es paradójico que quienes “denuncian” la falta de libertad de
prensa en Venezuela son los principales impulsores de la concentración
de medios y el recorte de voces opositoras.
Apenas asumió
Macri como presidente, destrozó la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, sancionada por una amplia mayoría en las cámaras
legislativas en 2009. Esta ley, además de representar un avance para
combatir los oligopolios y para impulsar el pluralismo informativo y la
diversidad cultural, fue la norma más ampliamente debatida de la
historia argentina. Durante meses, se realizaron asambleas donde todos
los medios, periodistas e instituciones de interés público pudieron
tomar la palabra para realizar aportes al debate. Al gobierno de Macri
no le importó la institucionalidad democrática y la búsqueda de
consensos al momento de modificarla a través de decretos.
El
trabajo a favor de la concentración de medios luego se complementó con
el pago de un mayor porcentaje de pauta oficial para la prensa y los
periodistas aliados y el año pasado, con la sanción de una norma que
habilita a Clarín –el principal grupo de medios que defiende al
gobierno– ingresar al negocio de la telefonía.
A su vez,
el gobierno también permite que este grupo empresario censure el ingreso
a los servicios de cable de dos canales comunitarios, Barricada TV y
Pares TV, que concursaron por la señal. El poder de este grupo
económico es tal que no sólo incumple la ley en el punto mencionado,
sino que en el caso de Barricada TV, durante años le ocupó ilegalmente
su frecuencia con una repetidora de canal 13, su señal de televisión
abierta.
Del “periodismo de guerra” que ejerció Clarín en
el ciclo político anterior –según confesó quien fuera su editor, Julio
Blanck– se pasó como por arte de magia a la “guerra contra el
periodismo”, desatada por el gobierno de Macri apenas asumió. El
resultado es impactante: en tres años, cerraron la mayoría de los medios
opositores, se despidieron a cientos de periodistas y se atacó a toda
voz disidente que pudiera instalar otros puntos de vista. Un momento
destacado fue la persecución a los trabajadores y las trabajadoras de la
agencia estatal Télam, quienes en 2018 sostuvieron un paro y ocupación
del edificio durante varios meses, ante el despido del 80% del personal.
Finalmente, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la medida, por
la ilegalidad de los despidos y por la magnitud del proceso de lucha
llevado adelante.
Nos preguntamos cómo serían divulgadas estas situaciones si, en lugar de ocurrir en Argentina, pasaran en Venezuela.
¿Una justicia independiente?
De
idéntica factura es la hipocresía en relación a la situación de la
administración de justicia. Mientras los medios y funcionarios
argentinos se refieren a las decisiones del Poder Judicial de Venezuela
como si fueran del Poder Ejecutivo –asimilando uno a otro, para
deslegitimar a ambos– llamativamente se olvidan de analizar los vínculos
y las afinidades que existen entre el gobierno, los medios y altos
cargos del poder judicial en Argentina.
Entre ellos, el
propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz,
quien ingresó al máximo Tribunal de Justicia del país luego de la
asunción de Macri. En su hoja curricular contaba con una ventaja: haber
sido abogado de varias grandes corporaciones, entre ellas el Grupo
Clarín. Precisamente en el marco del debate de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, Rosenkrantz conformó una ONG “en defensa de la
competencia” cuya principal actuación fue hacer lobby para el grupo
empresario.
Por estos días, además, el Poder Judicial ha
vivido varios episodios políticos importantes, sistemáticamente
ocultados por los medios oficialistas. El primero de ellos tiene que ver
con la utilización falsa de nombres de personas como aportantes a las
campañas electorales de Macri presidente y de María Eugenia Vidal
gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 2015. El caso, vinculado
al lavado de dinero y al financiamiento ilegal de las campañas
electorales, involucró la identidad de personas de bajos ingresos, que
perciben una asistencia del Estado. Recientemente, distintas maniobras
judiciales contribuyeron a sacarle la causa al juez que la estaba
investigando, para pasarla a un juez más cercano.
El
último gran escándalo que sacude a la justicia es la revelación de un
empresario que involucra en una denuncia por extorsión y corrupción a
uno de los fiscales más nombrados del país, Luis Stornelli. En la causa
también aparecen vinculados periodistas y servicios de inteligencia. A
pesar de que la denuncia vino acompañada por una gran cantidad de
pruebas documentales, dirigentes y medios de comunicación oficialistas
salieron a defender al fiscal Stornelli, ficha clave en la persecución
judicial a opositores desde 2016. Uno de los blancos predilectos del lawfare
en curso en el país es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
más aún en el contexto de que varias encuestas preelectorales la
señalan con posibilidades de triunfar en las próximas elecciones.
Precisamente, el escándalo que rodea a Stornelli evidencia el grado de
corrupción de quienes –en teoría– investigan y juzgan la corrupción.
¿Qué pasaría en tu país si la oposición se comportara como en Venezuela?
Por
último, cabe señalar la enorme doble vara usada respecto al carácter de
las protestas opositoras. Precisamente por la acción interesada de los
medios, la mayoría de la población de otros países desconoce el grado
de violencia empleado por la oposición venezolana. Sin embargo, este
desconocimiento no puede hacerse extensible a personas que cuentan con
acceso a la información y que lo ocultan deliberadamente.
El
procedimiento es presentar a la oposición venezolana como pacífica y
democrática, para justificar su apoyo a los intentos de Golpe de Estado.
¿Pero qué sucedería, por ejemplo en Argentina, si la oposición
convocara a manifestarse “hasta que caiga el gobierno” y lo hiciera
destrozando edificios públicos y asesinando a integrantes de fuerzas de
seguridad?
La respuesta no le sorprenderá, pero si la
compara con la vara usada para los países “hostiles” a USA, le obligará a
preguntarse dónde se perdió la coherencia.
- Fernando Vicente Prieto,
periodista y analista de política internacional. Entre 2012 y 2015,
trabajó en Venezuela como corresponsal para varios medios
internacionales.
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