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La venta de tierras indígenas y campesinas de Honduras a grandes empresas ha ido acompañada del asesinato parapolicial de activistas en pos de negocios millonarios.
Desde
hace tiempo, Honduras es conocido en el mundo por sus crímenes contra
activistas y periodistas. A partir de 2009, cuando se produjo el golpe
de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, la situación se agudizó,
hasta alcanzar40.000 asesinatos políticos y comunes en los últimos ocho años.
En ese contexto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) da la pelea para defender las tierras indígenas, particularmente del pueblo lenca.
La máxima referente de este organismo, Berta Cáceres, fue asesinada este marzo de este año. Durante su vida, denunció la presencia de bases militares estadounidenses en la región y encabezó la oposición al proyecto de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, que suponía el desplazamiento forzado de comunidades aborígenes.
Meses después del asesinato de Cáceres, que aún se está investigando, otros miembros de Copinh murieron a manos de grupos parapoliciales.
Marleny Reyes Castillo, activista de ese colectivo, denuncia que esas prácticas persisten y sostiene que el Gobierno hondureño vende extensiones de terreno a grandes empresas multinacionales para que comiencen proyectos extractivos.
Ante esta "situación de indefensión", el pueblo lenca "lucha contra ese expolio para defender su legitimidad y autonomía sobre la tierra" pero, "desgraciadamente, defender nuestros derechos en Honduras es un delito", se lamenta Reyes Castillo, quien detalla que "cada vez que nos movilizamos, somos hostigados" y "recibidos con bombas lacrimógenas", mientras que "los militares nos golpean sin importar si se trata de niños, mujeres o ancianos".
El congresista Hank Johnson, impulsor de esta propuesta, declaró a 'The Guardian': "Proporcionamos millones de dólares para asistencia en seguridad a Honduras", pero esas fuerzas "se han creado para atacar y matar a activistas ambientales, laborales y de derechos humanos, como Cáceres, sin ninguna respuesta efectiva de las autoridades".
Por su parte, el periodista y analista internacional Fernando Vicente Prieto afirmó a RT que "EE.UU. tiene una responsabilidad fundamental en esta situación a pesar de que, como hace habitualmente, intenta camuflarla diciendo que es para el bien de Honduras". Desde su perspectiva, existe una "militarización al servicio de la geopolítica continental" estadounidense, que se desarrolla "mediante el asesinato de activistas de organizaciones populares, periodistas y todo aquel que se oponga a este modelo de neoliberalismo extremo".
Santiago Mayor
En ese contexto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) da la pelea para defender las tierras indígenas, particularmente del pueblo lenca.
La máxima referente de este organismo, Berta Cáceres, fue asesinada este marzo de este año. Durante su vida, denunció la presencia de bases militares estadounidenses en la región y encabezó la oposición al proyecto de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, que suponía el desplazamiento forzado de comunidades aborígenes.
La represión constante
Marleny Reyes Castillo, activista de ese colectivo, denuncia que esas prácticas persisten y sostiene que el Gobierno hondureño vende extensiones de terreno a grandes empresas multinacionales para que comiencen proyectos extractivos.
Ante esta "situación de indefensión", el pueblo lenca "lucha contra ese expolio para defender su legitimidad y autonomía sobre la tierra" pero, "desgraciadamente, defender nuestros derechos en Honduras es un delito", se lamenta Reyes Castillo, quien detalla que "cada vez que nos movilizamos, somos hostigados" y "recibidos con bombas lacrimógenas", mientras que "los militares nos golpean sin importar si se trata de niños, mujeres o ancianos".
La injerencia de EE.UU.
Dana Frank, una profesora de historia de la Universidad de California (Estados Unidos), publicó en septiembre un artículo en 'The New York Times' en el cual ponía en debate el rol que jugó su país en ciertos crímenes políticos llevados a cabo en suelo hondureño. En su texto, Frank señaló que este junio un grupo de congresistas estadounidenses propuso impulsar la llamada 'Ley Berta Cáceres para los derechos humanos en Honduras', una norma que planteaba suspender toda ayuda económica en materia de seguridad al país centroamericano. Sin embargo, EE.UU. no aprobó esa legislación.
Por su parte, el periodista y analista internacional Fernando Vicente Prieto afirmó a RT que "EE.UU. tiene una responsabilidad fundamental en esta situación a pesar de que, como hace habitualmente, intenta camuflarla diciendo que es para el bien de Honduras". Desde su perspectiva, existe una "militarización al servicio de la geopolítica continental" estadounidense, que se desarrolla "mediante el asesinato de activistas de organizaciones populares, periodistas y todo aquel que se oponga a este modelo de neoliberalismo extremo".
Santiago Mayor
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