Honduras: Hacia la estructuración de un plan estrategico nacional de resistencia y lucha
LINyM
Tras tres jornadas de
trabajo intenso cerró exitosamente este martes (15/3) la primera Cumbre
de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo, impulsada
y coordinada por la Plataforma del Movimiento Social y Popular de
Honduras (PMSPH).
Más de 700 delegados y delegadas de unas 400 comunidades de todo el país se reunieron en Tegucigalpa para definir estrategias nacionales de lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, así como visibilizar la gravedad del extractivismo en los territorios e impulsar la unidad comunitaria y territorial, la movilización y la resistencia permanente.
- Vea Galería de Imágenes UNO y DOS
Estos proyectos -se lee en la Proclama de la Cumbre- son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos, la violación del Convenio 169 de la OIT, la estigmatización y criminalización a las organizaciones, la división de las comunidades, la judicialización de defensores y defensoras y el asesinato de compañeros y compañeras que han echo frente a este modelo de despojo que, a expensas de extraer nuestros bienes comunes para cubrir la demanda del gran capital, se empobrece a las comunidades", denuncia el movimiento social y popular hondureño en su Proclama.
De acuerdo con el análisis realizado por las y los delegados reunidos en mesas de trabajo, para abordar todos los aspectos relacionados con las principales afectaciones e impactos de los proyectos extractivistas sobre las comunidades, en Honduras se está impulsando una política de neo-colonización de los territorios "en la que el despojo es justificado bajo la idea del mal llamado desarrollo", que responde a un modelo de producción "que privilegia la obtención y acumulación de riquezas".
Actualmente, en Honduras existen 714 proyectos extractivos y se calcula que entre el 30 y 35% de su territorio ya está concesionado. Los pueblos y comunidades en lucha denuncian que la imposición del modelo extractivista estaría generando un acelerado caos climático, violencia e inseguridad, migración, desalojo forzado, desplazamiento de pueblos y comunidades.
Cancelación de proyectos extractivos
Ante esta situación, la Cumbre exigió la cancelación inmediata de todos los proyectos extractivos y la derogación de las leyes que permiten invertir en estos proyectos destructivos. También instó las autoridades a respetar los procedimientos expresados en convenios ratificados por Honduras, como por ejemplo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, condenó y exigió el cese de la militarización y represión en los territorios.
También hizo un fuerte llamado a las comunidades para que "sumamos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos". Por esto auspició que "juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos", concluyó la Proclama.
"La participación ha sido extraordinaria y hay decenas de comunidades que se están sumando al esfuerzo que viene haciendo la Plataforma. Hay entusiasmo y disposición a juntarse, coordinar estrategias y planificar acciones de resistencia y lucha. Exigimos la derogación de las leyes y que se cancelen todos estos proyectos de muerte. No podemos continuar con una situación donde se han asesinado a compañeros y compañeras, destruido comunidades, desalojado a pueblos", dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh.
La dirigente garífuna agregó que próximanente se reunirán para terminar de definir lo que será el Plan nacional de unidad y lucha contra el extractivismo, sentar las bases para las próximas acciones y movilizaciones a nivel territorial y nacional, e iniciar la preparación de la segunda Cumbre de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo.
Para el 2 de marzo del próximo año, primer aniversario del asesinato de la dirigente indigena Berta Cáceres, cientos de comunidades a nivel nacional se movilizarán masivamente contra el modelo extractivista.
Un nuevo contexto de lucha y resistencia
"La actividad ha superado las expectativas, al tiempo que supera también una deuda que ha tenido el movimiento de resistencia territorial al extractivismo, o sea el hecho de encontrarse en una actividad de caracter nacional en perspectiva regional. Esta actividad marca las coincidencias en la modalidad de resistencia que se desarrolla en Honduras, y la convergencia con otras modalidades que hay en la región centroamericana", manifestó a la LINyM, Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
Según él, este camino de intercambio y búsqueda de estrategias comunes que se ha iniciado "rompe con la idea de los pequeños espacios organizativos o de las luchas locales no vistas en un contexto nacional", al tiempo que "moraliza las luchas, permite sistematizar las experiencias y encontrar los pasos que debe seguir el modelo de resistencia", agregó.
El ex fiscal evidenció cuáles son los desafíos futuros para la Plataforma. El primero es la articulación efectiva, que no puede quedarse en simples encuentros, sino en acciones coordinadas de resistencia y desafios a la institucionalidad. Además hay que ir configurando la estrategia de uso popular de los bienes de la naturaleza.
"Al margen de lo que digan los gobiernos debemos definir claramente cuál es nuestra relación con la naturaleza, y plantear el control estratégico de todos los territorios y de la misma institucionalidad en su momento. Debemos desafiarla con nuestra práctica y con nuestro plateamiento teórico de un modelo alternativo y popular", concluyó Fernández.
Fuente: LINyM
Más de 700 delegados y delegadas de unas 400 comunidades de todo el país se reunieron en Tegucigalpa para definir estrategias nacionales de lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, así como visibilizar la gravedad del extractivismo en los territorios e impulsar la unidad comunitaria y territorial, la movilización y la resistencia permanente.
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Estos proyectos -se lee en la Proclama de la Cumbre- son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos, la violación del Convenio 169 de la OIT, la estigmatización y criminalización a las organizaciones, la división de las comunidades, la judicialización de defensores y defensoras y el asesinato de compañeros y compañeras que han echo frente a este modelo de despojo que, a expensas de extraer nuestros bienes comunes para cubrir la demanda del gran capital, se empobrece a las comunidades", denuncia el movimiento social y popular hondureño en su Proclama.
De acuerdo con el análisis realizado por las y los delegados reunidos en mesas de trabajo, para abordar todos los aspectos relacionados con las principales afectaciones e impactos de los proyectos extractivistas sobre las comunidades, en Honduras se está impulsando una política de neo-colonización de los territorios "en la que el despojo es justificado bajo la idea del mal llamado desarrollo", que responde a un modelo de producción "que privilegia la obtención y acumulación de riquezas".
Actualmente, en Honduras existen 714 proyectos extractivos y se calcula que entre el 30 y 35% de su territorio ya está concesionado. Los pueblos y comunidades en lucha denuncian que la imposición del modelo extractivista estaría generando un acelerado caos climático, violencia e inseguridad, migración, desalojo forzado, desplazamiento de pueblos y comunidades.
Cancelación de proyectos extractivos
Ante esta situación, la Cumbre exigió la cancelación inmediata de todos los proyectos extractivos y la derogación de las leyes que permiten invertir en estos proyectos destructivos. También instó las autoridades a respetar los procedimientos expresados en convenios ratificados por Honduras, como por ejemplo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, condenó y exigió el cese de la militarización y represión en los territorios.
También hizo un fuerte llamado a las comunidades para que "sumamos fuerzas, defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos". Por esto auspició que "juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos", concluyó la Proclama.
"La participación ha sido extraordinaria y hay decenas de comunidades que se están sumando al esfuerzo que viene haciendo la Plataforma. Hay entusiasmo y disposición a juntarse, coordinar estrategias y planificar acciones de resistencia y lucha. Exigimos la derogación de las leyes y que se cancelen todos estos proyectos de muerte. No podemos continuar con una situación donde se han asesinado a compañeros y compañeras, destruido comunidades, desalojado a pueblos", dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh.
La dirigente garífuna agregó que próximanente se reunirán para terminar de definir lo que será el Plan nacional de unidad y lucha contra el extractivismo, sentar las bases para las próximas acciones y movilizaciones a nivel territorial y nacional, e iniciar la preparación de la segunda Cumbre de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo.
Para el 2 de marzo del próximo año, primer aniversario del asesinato de la dirigente indigena Berta Cáceres, cientos de comunidades a nivel nacional se movilizarán masivamente contra el modelo extractivista.
Un nuevo contexto de lucha y resistencia
"La actividad ha superado las expectativas, al tiempo que supera también una deuda que ha tenido el movimiento de resistencia territorial al extractivismo, o sea el hecho de encontrarse en una actividad de caracter nacional en perspectiva regional. Esta actividad marca las coincidencias en la modalidad de resistencia que se desarrolla en Honduras, y la convergencia con otras modalidades que hay en la región centroamericana", manifestó a la LINyM, Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
Según él, este camino de intercambio y búsqueda de estrategias comunes que se ha iniciado "rompe con la idea de los pequeños espacios organizativos o de las luchas locales no vistas en un contexto nacional", al tiempo que "moraliza las luchas, permite sistematizar las experiencias y encontrar los pasos que debe seguir el modelo de resistencia", agregó.
El ex fiscal evidenció cuáles son los desafíos futuros para la Plataforma. El primero es la articulación efectiva, que no puede quedarse en simples encuentros, sino en acciones coordinadas de resistencia y desafios a la institucionalidad. Además hay que ir configurando la estrategia de uso popular de los bienes de la naturaleza.
"Al margen de lo que digan los gobiernos debemos definir claramente cuál es nuestra relación con la naturaleza, y plantear el control estratégico de todos los territorios y de la misma institucionalidad en su momento. Debemos desafiarla con nuestra práctica y con nuestro plateamiento teórico de un modelo alternativo y popular", concluyó Fernández.
Fuente: LINyM
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