¿Cuantos
asesinatos necesitan para proteger a indígenas? En
complicidad con
gobiernos, empresas despojan a pueblos de sus territorios
Palacio
de Naciones (Ginebra).- ¿Cuántos muertos necesitan para protegernos?
Preguntaron representantes indígenas del planeta, en sus diferentes
intervenciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
aquí en Ginebra, Suiza.
Los pueblos indígenas son las sociedades más agraviadas, en su trato con las empresas, en sus territorios, denunciaron.
Durante
el Quinto Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo del Foro Sobre
Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de
noviembre, centenares de dirigentes provenientes de México, Guatemala,
Honduras, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Bangladesh,
Rusia, Tailandia, Nepal, Camboya, alzaron sus voces para que se
escuchara en este foro internacional.
En este periodo de sesiones
se revisan las violaciones cometidas por empresas y a ésta acuden
representantes de la iniciativa privada, países, afectados y sociedad
civil.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, puso el dedo en la llaga. Reconoció las
dificultades que tienen los pueblos indígenas con las empresas y la
complicidad de las corporaciones con entes gubernamentales.
Lo
anterior, destaco, conlleva mayor intimidación, despojo y violencia
contra dirigentes locales, donde la mayoría de las víctimas son
indígenas.
Ejemplificó los casos de Bertha Cáceres y Nelson García, asesinados por oponerse a proyectos de gran envergadura en Honduras.
El
3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) murió acribillada a tiros en su casa de La Esperanza.
La lideresa defendía su territorio oponiéndose a la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
El 15 de marzo, mataron a tiros a Nelson García, miembro activo de COPINH, cuando regresaba a su casa en Río Lindo.
Pero
el llamado desarrollo occidental no perdona ni a indígenas de países
del denominado primer mundo, como Estados Unidos de Norteamérica y
Rusia.
En la reunión destacaron el cruento desenlace contra el pueblo dakota, quienes se resisten al oleoducto de Standing Rock.
De
la misma forma indígenas rusos denunciaron la persecución de que son
objeto por expresar su desacuerdo a proyectos mineros y otros de gran
extensión en sus territorios.
Todo en nombre del desarrollo
La
lideresa Bini Zaa, Betina Cruz de Oaxaca, alertó que en la región del
Istmo de Tehuantepec, una de las regiones de las Zonas Económicas
Especiales (ZEE), el Gobierno privilegia el establecimiento de
transnacionales de energía en el área operada por empresas que aumentan
el calentamiento global, en lugar de reducirlo, según los Acuerdos de
París en el tema.
En este rubro, distintos actores expusieron su
preocupación por el triunfo de Donald Trump, ya que esto favorece a
empresas mineras que despojan territorios en Oaxaca.
De acuerdo a
investigaciones realizadas por Servicios para una Educación Alternativa
(Educa), en los últimos diez años se han incrementado en Oaxaca las
inversiones de la industria minera.
El triunfo del candidato
republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 8
de noviembre, detalla Educa, generó un efecto especial en los mercados:
la caída de las acciones de todas las empresas, con excepción de
aquellas dedicadas al ramo de la minería, como son Grupo México y
Fortuna Silver Mines.
Lo anterior, dice, se explica porque frente
a la especulación financiera y la incertidumbre política, los
inversionistas consideran al oro como “un activo de refugio”. El
“miércoles negro” tanto Grupo México como Fortuna Silver registraron
altas tasas de ganancias. (Ver Tabla y Gráfica).
Fortuna Silver
explota oro y plata en territorio oaxaqueño, considerado uno de los 15
proyectos más productivos en América Latina. Mientras las comunidades
oaxaqueñas están en la incertidumbre por el destino de sus familiares
migrantes, hay alguien que sí gana en Oaxaca con Trump: las empresas
mineras, sobre todo FSM.
El V Foro Sobre Empresas y los Derechos
Humanos de la ONU, aborda tres temas principales. Los desafíos de los
derechos humanos, en los que es necesario aplicar un mayor liderazgo y
apoyo de los Estados y de los negocios; la Reflexión de los cinco años
de la aprobación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
las Empresas y los Derechos Humanos, así como cuestiones fundamentales
de las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor y a través de
las relaciones comerciales.
El Foro lanza un mensaje directo a
las sociedades originarias, apunta: “Debemos intensificar nuestros
esfuerzos para mejorar el acceso a una reparación para las víctimas de
abusos contra los derechos humanos y tomar medidas concretas para
proteger a los que se encuentran en situaciones de riesgo incluidos los
defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas”.
Una
de las Panelistas, Laura Zúñiga Cáceres, hija de la líder Bertha
Cáceres, expuso que no hay que esperar más muertes para actuar.
La
lideresa pidió a los países cuidar que ninguna empresa se establezca en
territorios indígenas, en tanto no se cuente con la autorización, el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades,
según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el mismo sentido se
pronunciaron los participantes en la reunión entre ellas Betina Cruz,
dirigente Bini Zaa de Oaxaca, y Angélica Choc de Guatemala.
Deben respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre sus territorios, insistieron.
Para
Pavel Sulyandziga y John Ruggie, del organizador Grupo de Trabajo en
cuestión, es trascendental incidir en la reparación del daño a los
pueblos indígenas de las empresas y países involucrados.
Los
expertos de la ONU subrayan que entre los fundamentos sobre el tema, se
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la consulta de los
pueblos indígenas.
Los especialistas detallaron en reuniones con
liderazgos indígenas, a los que AIPIN tuvo acceso, que hace seis meses
empezaron un proceso de consulta de reparación del daño, en colaboración
con los pueblos indígenas y víctimas.
Danika Littlechild,
indígena canadiense del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI),
expuso la importancia de la solidaridad de la comunidad internacional
en el caso del oleoducto Standing Rock.
La representante del
CITI, enfatizo el sentir del Caucus Indígena, que Estados Unidos debe,
en este caso, respetar la protección del área, acatando el Tratado de
Fort Laramie.
Para el conclave, la criminalización y represión a
los pueblos indígenas representa un problema serio lo mismo en el Norte
que en el Sur, incluso en países con antecedentes de promotores de
defensa de los derechos humanos.
Por ello, el Caucus pide que al
Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la
ONU, incorporen en sus conclusiones, el cumplimiento de la normativa
internacional incluida tanto en el Convenio 169 de la OIT, lo mismo en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, como en la recién Declaración de la OEA sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar el respeto y ejercicio de
los derechos de las sociedades originarias.
Los líderes y
lideresas dejaron claro que los Estados tienen la responsabilidad de
proteger y garantizar los derechos de los pueblos indios por parte de
las empresas públicas o privadas.
Demandaron a las Naciones
Unidas, pedir el alto a la criminalización contra sus líderes, pueblos y
comunidades, la liberación de los presos políticos, reparación del
daño, restitución de sus territorios, el respeto a sus sitios sagrados,
castigo a funcionarios y empresas culpables de las agresiones en su
contra.
El Grupo de Trabajo (GT) explicó que se formó en 2011, ha hecho siete visitas una de ellas a México este 2016.
Los
expertos han constado la violación de derechos humanos de
transnacionales contra pueblos indígenas, estos últimos criminalizados
por defender su territorio y libre determinación.
El GT reconoció
que los pueblos indígenas se encuentran excluidos de las tomas de
decisiones y que en la mayoría de los casos los megaproyectos de
desarrollo se encuentran en marcha sin haberse realizado la consulta a
los pueblos indios.
AIPIN
http://www.alainet.org/es/articulo/181739
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