Le Monde Diplomatique
Además de sus efectos asesinos, el terrorismo posee la perversa
facultad de poner en crisis cualquier sistema político, incluso el más
democrático (1). En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo
2017 y en el tenso contexto actual de las primarias, Francia lo está
experimentando en este momento. Sometida a una ola de odiosos atentados
yihadistas desde hace casi dos años, la nación francesa ve cómo una
serie de dirigentes políticos de derechas y de extrema derecha compiten
en proponer, en nombre de una “guerra santa contra el terror”, un
catálogo de “medidas antiterroristas” que, sin garantizar el cese de la
violencia, podrían poner en peligro el carácter democrático de la
República.
El ex presidente Nicolas Sarkozy y varios
responsables importantes de su partido Les Républicains (conservador)
–Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, etc.– no dudan, por
ejemplo, en proponer que “mediante una simple decisión administrativa,
se detenga y coloque en encierro vigilado a personas que todavía no han
cometido ningún crimen o delito pero cuya peligrosidad es conocida por
los servicios de inteligencia” (2).
En cualquier régimen
democrático auténtico, semejante propuesta constituye una aberración
(3). Principalmente porque, en un Estado de derecho donde se respeta la
separación de poderes, no se puede detener y encerrar a un ciudadano por
una simple “decisión administrativa” (4). Como lo explica el jurista
francés Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga de los Derechos
Humanos (LDH): “La Constitución francesa prevé, en su artículo 66, que
sólo la decisión de un juez puede permitir encerrar a alguien, ya sea en
una cárcel o en un centro de retención. Eso no lo puede decidir una
autoridad administrativa, ni siquiera el Gobierno”.
Por otra
parte, la Constitución también prohíbe detener a alguien que todavía no
ha cometido delito alguno. Y el Consejo de Estado (5) ha estipulado que,
a título preventivo, las autoridades sólo pueden vigilar , no arrestar
ni castigar. Lo contrario significaría desconocer la independencia del
poder judicial y retroceder a épocas anteriores al habeas corpus ,
establecido en Inglaterra en 1679, que prohíbe los arrestos arbitrarios y
afirma el derecho de toda persona a conocer por qué se la detiene y de
qué se la acusa.
Con la intensificación de la “guerra contra el
terrorismo”, las autoridades francesas han identificado nada menos que a
unos 20.000 individuos sospechosos... Cada uno de los cuales se halla,
en principio, bajo vigilancia y es objeto de una “ficha S” (“S” por
“Seguridad de Estado”) (6) establecida por la Dirección General de
Seguridad Interior (DGSI), equivalente al Centro de Inteligencia contra
el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en España.
Obviamente, no todos esos 20.000 individuos fichados como “S” son
potenciales terroristas. El verdadero número de sospechosos que tendrían
relación con el movimiento yihadista radical y que estarían dispuestos a
cometer un acto de violencia criminal no se conoce con exactitud. Según
el primer ministro, Manuel Valls, no serían sin embargo menos de
10.500... Pero según el Fichero de los Señalamientos para la Prevención
de la Radicalización de carácter Terrorista (FSPRT) (7), serían más bien
unos 15.000 (8), de los cuales más de 4.000 estarían a punto ya de
pasar al acto (9)... O sea, estamos hablando de cifras muy
considerables: miles de personas dispersas a través del conjunto de la
geografía francesa y listas para cometer, en cualquier momento, todo
tipo de atentado criminal…
A esto hay que añadir los cerca de
2.000 franceses que, como “voluntarios yihadistas”, han ido a
incorporarse a las filas combatientes de Daesh en los territorios del
“califato sirioiraquí”. De los cuales unos 200 habrían muerto. Pero se
teme que varios centenares de los que sobrevivan a las actuales
ofensivas aliadas en Siria e Irak regresen a Francia con irrefrenables
deseos de sembrar la muerte...
Ante tan peligrosas
perspectivas, se entiende que haya debate sobre qué hacer para rebajar
el nivel de la amenaza yihadista interior. Por eso, las fuerzas más
conservadoras están proponiendo que se encierre ya a los miles de
sospechosos fichados como “S”... Uno de sus principales argumentos a
favor de esa medida es que muchos de los yihadistas que cometieron
atentados en los últimos meses en Francia estaban fichados como “S”,
pero no se les detuvo... Por ejemplo, los hermanos Kouachi, que
asesinaron a gran parte de la redacción del semanario satírico Charlie
Hebdo ; o Amedy Coulibaly, que atacó una tienda kosher y mató a varias
personas de confesión judía; o Yassin Salhi, que decapitó a su patrón en
Saint-Quentin-Fallavier; o Larossi Abballa, que degolló a una pareja de
funcionarios del Ministerio del Interior; o Abdel Malik Petitjean, uno
de los asesinos de un sacerdote católico en Saint-Étienne-du-Rouvray...
Todos ellos estaban fichados como “S”, es decir, “peligrosos para la
seguridad del Estado”, pero se hallaban en libertad... y consiguieron
matar.
Por eso, algunos dirigentes políticos reclaman ahora, en
Francia, la creación urgente de “centros de retención o de
internamiento” donde se encerraría a estos miles de personas del
“entorno yihadista”, consideradas como muy peligrosas. Tanto los
defensores de esta solución como sus detractores citan el controvertido
caso de Guantánamo como ejemplo, según unos, de lo que una democracia
debe hacer para su legítima defensa; o como modelo, según otros, de lo
que precisamente nunca debe hacer para no perder su alma.
Guantánamo Bay Naval Base, como se sabe, es una base militar
estadounidense situada en territorio de soberanía cubana, alquilada por
Washington a La Habana en el marco del desigual tratado leonino de 1903.
El Gobierno cubano la considera “territorio ocupado” y reclama su
restitución. A principios de los años 1980, el presidente George H. Bush
(padre) utilizó las instalaciones de la base para establecer, por
primera vez, un centro de internamiento destinado a los miles de
refugiados haitianos “sin papeles” que intentaban entrar en Estados
Unidos. Unos años después, el presidente Bill Clinton hizo lo mismo con
una oleada de emigrantes cubanos. En los dos casos, las organizaciones
internacionales de defensa de los derechos humanos denunciaron la
violencia de ese tratamiento contra refugiados civiles “sin papeles”.
Lo cual no impidió que, a raíz de los atentados yihadistas del 11 de
septiembre de 2001, el presidente George W. Bush decidiera, en nombre de
la “guerra santa contra el terrorismo”, crear en Guantánamo una suerte
de penal especial para los prisioneros pertenecientes a la organización
yihadista Al Qaeda. La razón principal de la elección de Guantánamo fue
que, al no tratarse de territorio estadounidense, el derecho penal de
Estados Unidos no tiene vigencia en ese lugar y no puede, por
consiguiente, proteger a los prisioneros. Cuando le preguntaron a Donald
Rumsfeld, entonces secretario de Defensa, por qué habían elegido la
base de Guantánamo, respondió: “Porque es el cosmos... Allí, las leyes
de Estados Unidos no se aplican”. Por otra parte, Washington decidió no
aplicar tampoco las Convenciones de Ginebra a los yihadistas detenidos,
considerando que “la guerra contra el terrorismo” no era una conflicto
convencional y que los “asesinos de la peor especie” allí encarcelados
no merecían mejor suerte.
De tal modo que toda persona recluida
en las instalaciones del penal de Guantánamo Bay nunca ha visto a un
abogado, y se halla desprovista de cualquier tipo de derecho y a merced
de la arbitrariedad de las autoridades militares estadounidenses. De
hecho, se trata de un islote de iniquidad medieval en el mundo
contemporáneo. Lo cual permitió que los prisioneros (procedentes a
menudo de “cárceles secretas” y transportados en “vuelos secretos” de la
CIA) fuesen torturados, golpeados, colgados de manos y brazos, privados
de sueño, sometidos a interrogatorios de varios días seguidos y a la
agresión permanente de música ensordecedora. El mundo entero ha
denunciado la monstruosidad jurídica que constituye Guantánamo.
Por eso, apenas electo en 2008, el presidente Barack Obama, profesor de
Derecho Constitucional, prometió cerrar ese “agujero negro” de la
Justicia. Pero ocho años después, cuando está a punto de abandonar el
cargo, constatamos que no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque
el Congreso se opone a ello. Segundo, porque la mayoría (un 52%) de la
opinión pública tampoco lo desea. Y finalmente, porque de los 779 presos
que fueron enrejados allí, 710 ya fueron liberados (lo cual significa
que no eran tan “asesinos de la peor especie” como se pretendía) (10) y
sólo quedan 61 detenidos (11).
Esos 61 se dividen en tres
grupos: un primer grupo de 10 presos condenados por una Comisión Militar
que no es reconocida por la Justicia estadounidense; un segundo grupo
de 20 presos que van a ser liberados pero aún no se ha decidido a qué
país o países se van a entregar; y un tercer grupo de 31 presos con los
cuales el Gobierno estadounidense no sabe muy bien qué hacer. El
presidente Obama ha declarado: “Estos 31 detenidos constituyen un caso
bien peliagudo. Sabemos que han actuado mal y que siguen siendo
extremadamente peligrosos, pero no podríamos presentar pruebas
convincentes contra ellos ante un tribunal de justicia ordinario”. No
podrían porque esas “pruebas” fueron obtenidas mediante tortura, y
cualquier tribunal las consideraría nulas…
Por consiguiente, el
destino de ese grupo de 31 presos que no puede ser liberado, ni
transferido a una cárcel militar en territorio estadounidense, ni
entregado a un país de acogida, será morir en el penal de Guantánamo
Bay... Quizás algunos de ellos se lo merezcan por los odiosos atentados
que cometieron. Pero, para Estados Unidos, como democracia, eso va a
significar, para las próximas décadas, una permanente violación de las
convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
¿Cómo podría Francia, patria de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, adoptar tan indignante modelo en nombre de una
“guerra santa contra el terror”?
Notas:
(1) Léase Ignacio Ramonet, “Frente al terrorismo”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2016.
(2) Cable AFP, París, 18 de julio de 2016.
(3) Israel es el único Estado democrático que, en virtud de una ley de
excepción heredada de la época colonial británica, aplica las
“detenciones preventivas” que le permiten encarcelar, en el marco de la
“guerra contra el terrorismo”, a un individuo sin acusación formal y sin
juicio. Según la ONU, de los 7.000 palestinos privados de libertad en
Israel, unos 700 se encuentran en “detención administrativa”. Las
autoridades israelíes justifican esas medidas basándose en una
interpretación singular de un artículo de la 4ª Convención de Ginebra.
Varias ONG humanitarias han denunciado esa interpretación.
(4) Excepto casos contados relacionados con la psiquiatría.
(5) En Francia, el Consejo de Estado es la más alta autoridad administrativa.
(6) La ficha “S” es una subcategoría del Fichero de Personas Buscadas
(FPR, por sus siglas en francés). También hay fichas “M” (por “menores
en fuga”), fichas “V” (por “evadidos”) y fichas “T” (por “deudores del
Tesoro Público”).
(7) Creado en marzo de 2015, el FSPRT permite
a la Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-Terrorista (UCLAT)
centralizar toda la información que resulta de los señalamientos que le
llegan a través del Centro Nacional de Asistencia y de Prevención de la
Radicalización (CNAPR).
(8) Entre los cuales habría unos 2.000 menores de edad.
(9) Léase Le Journal du Dimanche , París, 9 de octubre de 2016.
(10) Muchos de ellos eran civiles inocentes capturados por aventureros
que los vendieron como “terroristas” a las autoridades militares
estadounidenses. Otros fueron declarados “terroristas” simplemente
porque llevaban en la muñeca un reloj de marca Casio, modelo F91W, que,
según el Pentágono, era el tipo de reloj que Osama Ben Laden regalaba a
los mejores combatientes de Al Qaeda...
(11) Ocho detenidos se suicidaron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario