Édgar Isch L. *
La Jornada
El gobierno de Ecuador
ha decidido disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE) con
argumentos administrativos que ocultan la intencionalidad política que,
sin duda, existe en el interés de ilegalizar a una de las más viejas y
mayores organizaciones laborales del país.
Para la UNE, esto no es nuevo. La agrupación ha sido participante de
todas las luchas contra las políticas neoliberales y por propuestas
educativas alternativas, por lo que varios gobiernos la han atacado,
pretendido dividirla y, en la pasada dictadura militar, fue ilegalizada,
obligándola a realizar su congreso en la clandestinidad.
La UNE fue cercana al gobierno de Rafael Correa en sus inicios,
cuando éste dio paso a la aplicación de políticas planteadas en las
largas luchas de las organizaciones populares. La ruptura vino por dos
lados: el intento gubernamental de controlar toda agrupación social, al
grado de que el presidente se pronunciara como legítimo representante de
la sociedad civil, y con la aplicación de políticas educativas que
incluyeron el debilitamiento de derechos sindicales garantizados por
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
aplicación de una evaluación docente punitiva. El control de las
organizaciones ha sido un proceso a tres bandas: cooptación de
dirigentes; si no funciona, viene la división al grado de contar hoy con
agrupación paralelas en prácticamente todos los sectores sociales, sin
representatividad real y un comportamiento que en México se calificaría
de charro, y, por último, la criminalización de la protesta
social, que ha implicado a más de 700 perseguidos, muchos condenados a
largas penas en juicios por terrorismo y cargos afines.
El control supuso eliminar tiempos de permiso para que los dirigentes
realicen su labor sindical, prohibir huelgas en el sector público y que
se efectúen actividades de la UNE en recintos educativos, impedir los
descuentos de los aportes voluntarios para la organización, establecer
sanciones a maestros y directores de escuelas por realizar declaraciones
a los medios de comunicación, junto con un permanente ataque cargado de
insultos, amenazas y denostación pública de los dirigentes. Los
ataques, a su vez, buscaban responsabilizar a los profesores de la
crisis educativa. El diálogo fue negado y el ministro de Educación
justificó eso diciendo que la UNE primero debe ofrecer disculpas por el
daño hecho a la enseñanza. Pedido imposible para la organización, que
enfrentó la imposición de las recetas neoliberales y plantea una
propuesta de educación para la emancipación.
La resolución que disuelve a la UNE se da a pocos días de que la
organización, junto con otras, participó en Ginebra en la reunión del
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de insistir que el
Estado ecuatoriano cumpla con los reiterados señalamientos de la OIT
conminándolo a respetar el derecho a la libre asociación de los
adherentes de la UNE. De manera previa se había dado un plazo de 15 días
para que la UNE respondiera bajo amenaza de disolución, con base en el
decreto presidencial 739, por
incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este reglamento (que regula las organizaciones sociales), o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas. Como se ve, una acusación que no señala con claridad cuál es el supuesto incumplimiento, haciendo imposible defenderse y que se efectúe el debido proceso.
Luego se señaló que no inscribió la directiva, aunque la UNE
presenta los oficios en los que procuró cumplir con la norma, pero se le
impedía con argumentos como que eran copias simples o que no se
presentó la información personal de los cerca de 60 mil votantes (de más
de 100 mil afiliados) que en elecciones secretas y libres eligieron la
directiva en mayo 2014. La solicitud se consideró acto de intromisión y
amedrentamiento. Por su parte, la OIT, en diciembre de 2015, pidió al
Estado ecuatoriano reconocer esa directiva.
En días recientes un reiterado argumento del ministerio ha sido que
la UNE se “vende como sindicato de maestros, cuando sólo sería una
‘organización social’ más cercana a una ONG. La prueba estaría en que la
UNE, que nació en 1944, fue reconocida legalmente como gremio
profesional en 1950 y porque limitaría para ser sindicato el tener un
solo patrón, mientras la UNE agrupa a docentes públicos y del sector
privado de todos los niveles educativos. Sin embargo, según convenios de
la OIT de los que Ecuador es signatario, la denominación o título de la
organización no es trascendente, sino su condición de agrupación que
promueve los derechos laborales.
El proceso continúa y ya se anuncia que el 25 de agosto una comisión liquidadora
se
hará cargo de los bienes de la organización. Para el mismo día, la UNE y
el Colectivo Unitario de Organizaciones Nacional de Trabajadores,
Indígenas y Organizaciones Sociales han convocado a marchas en todas las
provincias del país en demanda de derechos y plataformas de todos los
sectores. Las calles permitirán una constatación de las posiciones en
juego, previo al inicio del proceso electoral para nombrar presidente de
la república y congresistas.
Si la UNE es disuelta, quedará un peligroso antecedente que podrá ser
utilizado por distintos gobiernos de la región que tienen conflictos
con las organizaciones de maestros. Por ello es un asunto sobre el que
los trabajadores de la región deben pronunciarse.
* Investigador ecuatoriano de la Red Social para la Educación Pública en las Américas
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