La
Presidenta Michelle Bachelet mantiene el secretismo sobre el Acuerdo
Transpacífico TPP impulsado por Obama, ya que ni los ciudadanos chilenos
ni los parlamentarios saben la fecha exacta en que llegará al Congreso
el tratado, ni qué urgencia tendrá su tramitación. El acuerdo, que
incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, México, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam sólo será válido si los países
que lo aprueben, suman al menos el 85% del Producto Interno Bruto (PIB)
del total de países miembros. Como Estados Unidos ostenta el 67% del
PIB, su rol es decisivo. Pero la aprobación del TPP está siendo puesta
en duda precisamente allí, ya que el discurso de campaña de los
candidatos a la presidencia ha sido de rechazo.
Bachelet acudió al
rescate, y en medio del cada vez mayor descrédito de su gobierno,
escogió recientemente como auditorio a la Cámara de Comercio
Chileno-Norteamericana para revelar que enviará el proyecto “en el
segundo semestre”, antes que concluya la actual administración
norteamericana.
Su anuncio, conocido pocos días después de que
millones de ciudadanos marcharon en todo el país para exigir el fin del
sistema previsional chileno impuesto en dictadura, fue el eco que
permitió vincular el rechazo al TPP con esas demandas. Las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtienen ganancias
escandalosas para sus dueños, y entregan pensiones promedio de montos
indignos. Entrevistado en CNN Chile, el líder del movimiento social #No
Más AFP, Luis Mesina, tras ser recibido por la Presidenta Bachelet pocos
días después de la segunda marcha nacional, declaró que le solicitó “la
no ratificación del tratado, ya que por una parte los propios
candidatos norteamericanos lo rechazan, y por otra, sabemos que las AFPs
son de capitales extranjeros, especialmente tres de ellas, Principal,
Metlife y Prudential, que son norteamericanas y podrían llevarnos a los
tribunales internacionales con el consiguiente daño a la soberanía
nacional”.
El dirigente social alude a las disposiciones del
tratado que garantizan a los inversores extranjeros una “expectativa
razonable de ganancia” (no definida), mediante un sistema de solución de
controversias entre estos y el Estado en que han invertido. El
mecanismo consiste en investigar (en secreto) y sancionar al Estado por
la vía de tribunales arbitrales internacionales, los cuales no cumplen
las normas del debido proceso. Sus fallos, inapelables, podrán exigir
indemnización y anular las políticas estatales que hayan dado origen al
reclamo.
Es primera vez que Mesina expone públicamente el efecto
“candado” del TPP sobre las demandas sociales, al operar como un factor
de clara inhibición a cambios estructurales, y como una suerte de
gobierno de las corporaciones transnacionales que limita el ejercicio de
la democracia y del propio parlamento. Patricio Guzmán, asesor de
#NoMás AFPs participó en el Encuentro Nacional de la Plataforma Chile
Mejor sin TPP realizado el 3 de septiembre en Santiago, donde se acordó
unir las luchas a nivel comunal, regional y nacional. El calendario
incluye movilizaciones el 16 de octubre y el 4 de noviembre. Para esa
fecha de noviembre, #No Más AFP ha convocado a paro nacional. Junto a
organizaciones sociales y ambientales como Indignados o Newen Kimun,
provenientes de ciudades como Temuco, Los Ángeles, Valparaíso, y Curicó,
representantes de los trabajadores de la salud, presentes en el
Encuentro Nacional a través de FENPRUS y del movimiento Salud para Todos
se mostraron plenamente dispuestos a asegurar el éxito de la
convocatoria conjunta.
Impactos en salud y otros derechos
En
el caso de Chile, a través de diferentes medidas administrativas el TPP
extiende de 5 a 8 años el período de vigencia de la protección de
información no divulgada de los medicamentos biológicos. Eso implica que
habrá una demora de 3 años para poder contar con medicamentos
genéricos. El costo de esta medida para el sistema de salud chileno
sería de 770 millones de dólares anuales, equivalentes al presupuesto
anual de cinco leyes “Ricarte Soto”, nombre popular de una ley aprobada
recientemente para asegurar el acceso a medicamentos para el cáncer y
otras de altísimo costo. Es decir, también aquí se anula un logro del
movimiento social que buscaba asegurar la salud como un derecho de todos
y todas.
En materia de propiedad intelectual, el
TPP vulnera el derecho a la libertad de expresión al poner en vigor la
cláusula de notificación y bajada vigente en Estados Unidos, que en
forma automática permite eliminar en forma masiva contenidos sin
investigación previa. Esto puede ser utilizado para ejercer censura
política por parte de gobiernos. Al mismo tiempo, el tratado obliga a
los proveedores a informar e iniciar acciones penales contra quienes
rompan las medidas tecnológicas de protección para acceder a materiales
con propiedad intelectual, sin importar que eso se haga sin fines de
lucro, por interés público, en razón de padecer impedimentos visuales o
con fines de investigación y desarrollo. Innovadores, periodistas,
activistas podrán ser criminalizados.
A esa privatización del
conocimiento se agrega la vulneración del derecho a la alimentación. El
Tratado Transpacífico obliga a la ratificación del Convenio UPOV 91 de
privatización de la semilla que en Chile requiere reponer la tramitación
del proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales, popularmente
llamada “Ley Monsanto”. Ello afectaría la agricultura familiar campesina
y la biodiversidad al imponer en la práctica el monopolio de la semilla
“mejorada” y criminalizar el libre intercambio y reproducción de la
semilla, un derecho ancestral de campesinos y pueblos indígenas que no
han sido consultados según dispone el Convenio 169 firmado por el Estado
chileno. Además, el tratado crea un Grupo de Trabajo sobre
Biotecnología cuya misión es vigilar las leyes actuales y futuras y que
apunta a impedir el etiquetado de alimentos transgénicos y a promover
ese tipo de cultivos, que hoy en Chile no están autorizados para el
mercado interno. Todo el tratado se rige bajo el principio de que lo
central es no poner obstáculos al comercio, por tanto las leyes
ambientales, o laborales deben subordinarse a ese predicamento.
La
Plataforma Chile Mejor sin TPP, que agrupa a organizaciones sociales,
ambientales, campesinas y políticas en diversas regiones de Chile, está
intensificando su trabajo de alerta y difusión pública tanto en redes
sociales como en foros, conversatorios e instancias territoriales.
Nuevos parlamentarios se han pronunciado públicamente en contra del
tratado en forma individual, pero aún muchos excusan su indefinición en
el hecho de que aun no está en discusión el proyecto.
En las
últimas entrevistas que ha sostenido la Plataforma con diputados de
oposición y de gobierno, ambos coincidieron en considerar poco probable
que el proyecto sea discutido este año, tanto por las iniciativas de ley
pendientes de votación que figuran en el gobierno de la Nueva Mayoría
(como el de educación y el del aborto) como por las señales de rechazo
que llegan desde Estados Unidos. Para la Plataforma, sin embargo, lo
central es unir la lucha contra el TPP a las demandas sociales urgentes,
como la de #No Más AFP y las luchas estudiantiles. Con un parlamento
puesto en tela de juicio por acusaciones de corrupción en el
financiamiento de la política, la tarea de lograr el voto NO al TPP sólo
puede lograrse si a través de la movilización local, los parlamentarios
comprenden que está en juego su futuro político si van en contra de la
voluntad popular. Y eso deberá quedar en evidencia en las calles y en
los territorios, porque Chile está despertando.
Santiago de Chile, 8 de septiembre de 2016
- Las autoras son miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, www.chilemejorsintpp.cl @mejorsintpp
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