John Saxe-Fernández
La Jornada
Por fin, y bajo presión
de las familias de unas 3 mil víctimas de los ataques del 11 de
septiembre de 2001 (11/S), Obama desclasificó en julio pasado 29 páginas
censuradas por el entonces presidente Bush en 2002, del Informe senatorial sobre los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono.
El documento, bajo estricta vigilancia, se colocó en la bóveda de un
sótano del Congreso. Se permitió acceso a los legisladores, con
prohibición de tomar notas y bajo juramento firmado de no divulgar su
contenido so pena judicial. ¿Por qué tanta restricción? Sin razones
legítimas de seguridad nacional, la censura fue para encubrir la
complicidad de funcionarios y agentes de Arabia Saudita en parte crucial
de la armazón del 11-S, una suerte de
Pearl Harborpara justificar un ambicioso y secreto diseño, el Project for a New American Century, PNAC, que incluye guerras de agresión (bajo el membrete de antiterrorismo) y un regime change en EU, ya que Bush asentó que la Presidencia tiene el poder de hacer a un lado estatutos aprobados por el Congreso cuando entran en conflicto con su interpretación de la Constitución.
Quien agregue las 29 páginas censuradas al contenido del informe
bicameral descubre que Arabia Saudita es la nación extranjera
involucrada y más mencionada en los ataques y que el secreto es porque
de esas páginas se concluye que ni Irak, Afganistán, Libia, Siria,
Yemen, Paquistán o Laos fueron colaboradores o encubridores de los
ataques. Además, que desde septiembre 2000, un año antes de tomar el
poder, Bush/Cheney habían decidido atacar Irak y a Hussein y no a Arabia
Saudita: como parte del esquema del dominio global estaban los
intereses de grandes monopolios de EU e Inglaterra por el acceso a
yacimientos de Irak de alta calidad y bajo costo de extracción que
Saddam había concesionado a firmas europeas y rusas. Como informó un
analista del MI6, una vez Bush/Cheney en la Casa Blanca la acción
militar contra Irak fue inevitable y
los datos se manipularon de acuerdo con las decisiones políticas.
Detrás del PNAC estaban los multimillonarios contratos de
reconstrucciónde Irak que gestionaría la cúpula gubernamental de EU en torno al cuantioso gasto de un Departamento de Defensa (DoD) con sistemas de auditoría
frágiles, por decirlo con generosidad. Bajo los neocon la canalización de riqueza de lo público a lo privado en EU se realiza por medio de novedosos sistemas de subrogación de cuanta función pública esté a mano: sea la evaluación estratégica, de logística, manejo de cárceles clandestinas, control de muchedumbres,
interrogatorio de prisioneros(tortura), contrainsurgencia rural y urbana etcétera. Ya en 2004, con Bagdad e Irak hechos pedazos, Bush creó una oficina para coordinar la reconstrucción de países arrasados por EU y su posterior
estabilizacióncon represión, masacres de
contrainsurgenciay operativos tipo
Ayotzinapa.
Esa oficina en el Departamento de Estado que puso a cargo de
Carlos Pascual, ex embajador en Ucrania (y en México), operaría con
fondos del DoD. Su misión sería acelerar el traspaso de riqueza pública a
los privados agilizando la gestión de contratos. En conferencia en un
instituto en DC, reseñada por Naomi Klein (Rebelión, 5/5/05), Pascual dijo que se trata de planes
post-conflicto
para 25 países que no están, todavía, en conflicto. Para Pascual, la
reconstrucción y estabilizaciónsería también capaz de coordinar tres operaciones totales de reconstrucción en países diferentes
al mismo tiempo, con duración de
cinco a siete años(ibid). Prometió que incluso los contratos de reconstrucción (de sistemas hidráulicos, electricidad, escuelas, hospitales, mercados arrasados por el bombardeo y la guerra) estarían listos a firmar antes de lanzar la guerra preventiva.
En 15 años desde el 11-S, son millones de bajas civiles, de
desapariciones forzadas, de desplazados por la violencia, gran saqueo de
Irak y otros países y del erario de EU. Como a mediados de 2016
auditores del DoD detectaron un inexplicable faltante estimado en ¡5.6
billones (trillions) de dólares! los creadores y operadores del
PNAC y sucesores ameritan atención de las Cortes Federales y desde
luego, de la Corte Penal Internacional, si es que esa instancia atiende
los crímenes de guerra del liderato de naciones
indispensables.
Las 29 páginas, tanto como la Constitución vigente en EU, el hábeas corpus
consagrado en la Carta Magna, las Convenciones de Ginebra y en general
el derecho penal internacional, son documentos con datos y principios
estorbosos
ya superados, según los neoconservadores de tiempos de Bush y de Obama. En el entusiasmo de empresas y altos funcionarios por estos contratos bajo sostén de
un nuevo ¿orden? globalse encontrará el motor del abandono de EU del derecho penal internacional y su endoso desde el 11-S a guerras de agresión, el mayor crimen en curso según las normas derivadas de los juicios de Nuremberg.
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