Impunidad y olvido para los financiadores de la guerra contrainsurgente
“Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer
violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a
sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.
Tribunal Especial de Medellín, citado en “Justicia investiga 12.000
empresarios que financiaron a paramilitares”, El Tiempo, mayo 15 de
2015.
Tras la firma del acuerdo entre el gobierno
de Juan Manuel Santos y las FARC-EP va quedando en evidencia el
verdadero sentido de lo que el bloque de poder contrainsurgente (en el
que los “empresarios”, vaporoso nombre en el que se encuentran, entre
otros, industriales, comerciantes, ganaderos, exportadores,
terratenientes y firmas transnacionales) entiende por paz y por fin del
conflicto armado. Para esos “hombres de bien” que serían los
empresarios, como los denomina cierta jerga periodística, la paz quiere
decir simplemente que se desmovilice la insurgencia, se le juzgue por
haber ejercido el derecho a la rebelión y no pase nada más. Esto
significa que el país sea como siempre ha sido, antidemocrático,
desigual e injusto, que no haya ninguna reforma y ellos, los empresarios
–los verdaderos dueños de Colombia– sigan tranquilamente con sus
negocios, acumulando capital y obteniendo jugosas ganancias (como lo
hace a sus anchas el capital financiero y los grandes cacaos, como Luis
Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, o Alejandro Santo
Domingo), sin interesar los métodos violentos que muchos de ellos han
utilizado para conseguirlas. Para estar tranquilos, esos empresarios
exigen que ni siquiera se pretendan establecer los mecanismos que muchas
empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares,
cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en
todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para
ampliar sus propiedades y riquezas.
La gran prensa –también de
“empresarios de bien”, que auspicia en forma directa la guerra– ha
difundido la falacia de que el responsable exclusivo del conflicto
interno ha sido la guerrilla y que tanto el Estado como las clases
dominantes (ambos forman el bloque de poder contrainsurgente) son unas
“mansas palomas”, que habrían actuado en “defensa propia” en el peor de
los casos o simplemente son víctimas indefensas en esta guerra. Esta
mentira pretende lavar la imagen y absolver a los poderosos empresarios
de cualquier responsabilidad en los numerosos crímenes escenificados en
la geografía nacional en los últimos 60 años.
Ahora cuando se
habla de una “justicia transicional” que incluya entre los responsables
del conflicto armado a empresarios, éstos y sus voceros han dicho que
eso es inaudito. Con desparpajo sostienen que eso forma parte de la
estrategia del Castro-Chavismo de tomarse el país, con la complicidad de
Juan Manuel Santos, con el objetivo de ahuyentar la inversión privada
del territorio colombiano. Desde luego, no interesa que hasta los
manipulados procesos de “Justicia y Paz” con los paramilitares hayan
generado 12 mil procesos de investigación que comprometen a empresas,
como financiadoras del paramilitarismo y sus múltiples crímenes y
masacres.
Según la Revista Semana, una defensora
incondicional de los empresarios, a estos les preocupa que se desate una
“cacería de brujas”, un pánico que se funda en tres temores: “El
primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en
ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices
de los paramilitares. El segundo, que se creen unas mafias de falsos
testigos que terminen por salpicar a empresarios en la búsqueda por
encontrar la ‘verdad’. Y el tercero es que el sistema está hecho solo
para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la
cárcel será confesar crímenes no cometidos”. Estos temores simplemente
demuestran que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque nadie
les estaba preguntando sobre cómo medir su responsabilidad. Si lo
confiesan por anticipado es que esos temores simplemente rebelan hasta
donde ha llegado su financiación de los paramilitares. Además, lo
significativo es que dichos temores se hagan públicos a partir de
mentiras, lo que indica ya la “seriedad” de los empresarios, de los
políticos de la BACRIN de los uribeños y de sus periodistas. En efecto,
la noticia que generó revuelo sobre el supuesto juicio a los empresarios
se originó no en declaraciones de la Fiscalía o alguna instancia del
Estado sino en una investigación académica en la que se hablaba de 57
empresarios que han sido mencionados por los paramilitares, pero que se
le imputó en forma mentirosa y con premeditación al Tribunal de Justicia
y Paz.
Y a partir de esa indagación académica se ha armado un
escándalo, con la perspectiva de reforzar la mentira de que tras ese
acuerdo de justicia transicional se encuentra el castro-chavismo y se
pone en peligro la santa propiedad privada en este país. Como para que
no queden dudas, la misma Revista Semana –¿será que teme que
también pueda ser juzgada por su responsabilidad directa en nuestro
conflicto interno?– sostiene sin ningún recato que “ en el sector
privado existe una prevención de que la justicia en general, y
particularmente los expertos en paz y en derechos humanos suelen tener
una tendencia inclinada a la izquierda”. Como quien dice, el solo hecho
de hablar de paz y defensa de los derechos humanos les produce escozor a
los empresarios, por aquello de que la justicia es para los de ruana,
pero jamás debe tocar a los poderosos, algo que siempre ha caracterizado
a la sociedad colombiana.
Haciendo eco de la sorpresa que
produce cualquier acusación contra los empresarios, el propio Juan
Manuel Santos ha dicho: “Francamente yo no conozco ningún empresario, y
conozco muchos, que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso
queriendo masacrar un pueblo, eso a nadie le cabe en la cabeza”. O
Santos se hace el ingenuo o el ignorante, porque el mismo Salvatore
Mancuso en reiteradas ocasiones ha manifestado que empresarios,
ganaderos y militares, de los cuales dio nombres, fueron financiadores y
promotores de los paramilitares tanto en Córdoba como en otras regiones
de Colombia. Y como para que no queden dudas el tribunal de Justicia y
Paz de Medellín en el 2015 señaló en una sentencia contra desmovilizados
del bloque de Salvatore Mancuso que los empresarios y comerciantes que
promovieron o financiaron el paramilitarismo en el país debían pedir
perdón y reparar a las víctimas. Incluso, para esos investigadores
ciertos empresarios debieron desmovilizarse con las autodefensas
paramilitares, “porque hicieron parte de sus estructuras de apoyo”. Para
desmentir la afirmación antes mencionada de Juan Manuel Santos, en el
expediente citado aparece un testimonio de Salvatore Mancuso en el que
señala que “cuando nació el bloque Norte se reunió con ganaderos en un club en el centro de Medellín en donde ellos se comprometieron a financiar el grupo , que ‘sabían que era una organización ilegal’”.
Aparte de Juan Manuel Santos, en los últimos días han aparecido
“defensores de oficio” de los empresarios, entre los que cabe mencionar
al vicepresidente de la República, Vargas Lleras, quien manifestó su
preocupación por los probables excesos de la justicia transicional que
llevan a que los tribunales especiales cometan arbitrariedades contra
“civiles y empresarios”. Entre esos defensores de oficio, que no hablan
gratis pues siempre cobran por sus servicios, se encuentra el nuevo
Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó: “La
realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de
la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en
medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen
que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice
el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación”. Es decir,
que este individuo ya sabe de antemano qué sucedió y quiénes fueron los
responsables. Bonita justicia la colombiana, y más cuando está en manos
de individuos como este fiscal de bolsillo de los intereses privados, a
los que les ha servido desde su bufete privado de abogados y desde los
numerosos puestos públicos que ha ocupado en el Estado en los últimos
treinta años. No por azar, su labor se ha centrado en lavar la imagen de
grandes grupos económicos, tales como los cacaos Ardila Lulle,
Sarmiento Angulo, y el Grupo Gilinski, entre otros.
Lo que se
pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en
la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos
delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre
los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas,
entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita
Brands), del carbón (La Drumond), de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y
Nestle). Tampoco se debe averiguar ni dar a conocer los nombres de los
“ilustres empresarios” que se han beneficiado con el despojo de millones
de hectáreas de tierras –y la expulsión de millones de campesinos y la
muerte de otros miles– entre los que se encuentran las empresas del
azúcar, de la palma aceitera, del banano, los ganaderos, y los bancos y
grupos financieros. Mucho menos debe preguntarse sobre las empresas
mineras, y sus socios locales, que han destruido ecosistemas y han
expulsado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y campesinos
a lo largo y ancho del país, empresas entre las que se encuentran la
Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti.
Para que no se
conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación
directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es
que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los
que han financiado y armado ejércitos paraestatales ahora aparecen como
unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. Por eso,
el miedo a la verdad al que le temen los empresarios, los periodistas de
los grandes medios (como RCN, de propiedad de Ardila Lulle, una de
cuyas empresas, Postobon, fuera denunciada en el 2007 por Salvatore
Mancuso de darle contribuciones económicas a los paramilitares de la
Costa Atlántica) y todos los políticos ligados a esos “prósperos y
patrióticos empresarios”.
No sorprende, en ese sentido, el
cinismo del presidente de la Anif, Bruce Mac Master, quien aseguró que “
no podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que
pretendan convertir las víctimas en victimarios”. Ese ha sido el clásico
juego de los empresarios en este país, de presentarse como victimas
cuando están entre los principales responsables de las grandes tragedias
de Colombia, como se ejemplifica con los miles de asesinatos
perpetrados por paramilitares que fueron financiados por la
transnacional Chiquita Brands o por empresas petroleras. Razón tenía
Bertolt Brecht cuando decía que “con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario