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El presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), envió un proyecto de Ley al Congreso Nacional para fusionar el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). El primero absorbería al segundo, considerado el banco de grupos campesinos de la reforma agraria y pequeños productores.
Y es que el sector
agroalimentario de la economía hondureña ha sido marginado con las
políticas neoliberales ejecutadas en Honduras después del golpe de
Estado. Ya antes se había sacado de las prioridades de inversión del
gobierno, frente a los sectores energético y de infraestructura. El
argumento de fondo era y lo sigue siendo, la existencia de un gran
número de productores ineficientes y morosos con la banca que no pueden
competir con sus pares “gringos” en cuanto a productividad y calidad de
los productos.
Se pensó que la entrada en vigencia
del CAFTA-RD en abril de 2006 era el instrumento para sacar de la
postración a miles de familias campesinas, al transformar sus unidades
productivas en empresas eficientes orientadas a la exportación de
productos como palma africana, melón, camarón, cacao, ajonjolí, chile,
etc., sin analizar los impactos negativos de éste y otros tratados y
acuerdos comerciales en la producción del mercado interno, ingresos y
empleos de los pobladores rurales. Más allá del aumento de las
exportaciones agroalimentarias de estos productos, destaca el acelerado
aumento de las importaciones y ensanchamiento de la brecha en la balanza
de bienes y servicios. Pero también el aumento de la inseguridad y
dependencia alimentaria, la generalización de la minería extractiva,
proyectos energéticos y destrucción de los recursos naturales y fuentes
de agua.
Hoy día frente al fracaso de la política
agroalimentaria neoliberal, pero sobre todo de la nueva estrategia para
la reactivación del sector agroalimentaria, se habla de darle el tiro de
gracia a BANADESA, el llamado banco campesino creado para apoyar a los
productores garantes de la seguridad alimentaria nacional. El argumento
del gobierno es que el Fideicomiso para la Reactivación del Sector
Agroalimentario y la Economía de Honduras (FIRSA) constituido por un
monto de 1,500 millones de lempiras, no ha permitido atraer a
intermediarios financieros para aumentar el monto de los recursos
canalizados al agro a bajas tasas de interés, por lo que la solución es
usar fondos de fuentes publicas fusionando el Banhprovi, uno banco de
segundo piso, con Banadesa.
El problema es que
FIRSA nació trunco, ya que la mayor parte de los fondos se orientaron a
apoyar la producción para la exportación (palma, algodón, carne, café,
ajonjolí y cacao), y en menor grado la producción de granos básicos, que
recibieron menos del 14% de crédito total. Desde el inició FIRSA tuvo
dedicatoria, o sea favorecer a medianos y grandes productores con rubros
para la exportación. En tal sentido, frente a una demanda creciente de
recursos de crédito por los pequeños y medianos productores, es evidente
una raquítica oferta de fondos prestables por el Estado.
Muchos
de los pequeños productores no son sujetos de crédito por la banca
privada, por lo que la única opción es acceder a fondos públicos
otorgados por el gobierno en condiciones preferenciales. Esta
condicionalidad es incluso aceptada por el propio gobierno para no
otorgar crédito, por lo que los productores no tienen a quien recurrir, a
no ser a los prestamistas informales (usura) y comerciantes de otros
países como los salvadoreños que financian la producción de granos
básicos a condición de que se venda a ellos a precios más bajos que los
del mercado.
En el caso del CAFTA-RD, es evidente
un aumento de las importaciones de arroz y maíz, con lo cual la
dependencia alimentaria crece. En el caso del arroz, Honduras importa
cerca del 90% del consumo nacional (CEPAL, 2013), y la tendencia del
maíz ya supera el 50%. Dedíquense a producir bienes para la exportación
es el discurso del gobierno neoliberal, ciertas agencias de cooperación y
ONGs, ya que producir granos básicos no es rentable y es mejor
impórtalos. Es más, ustedes pueden con el dinero que obtengan de la
venta del aceite de palma, melón, marañón, etc., importar granos básicos
libremente y convertirse en empresarios del agro.
A
nivel macro, el crédito agrícola en Honduras ha disminuido dentro del
ajuste estructural iniciado en 1990, hasta llegar a menor de 5%/PIB en
2015. Es una política pública deliberada del Estado y de la Banca por
financiar y darle prioridad a otros sectores como los servicios y el
comercio; es crédito menos riesgoso. Esta contracción del crédito
productivo, tiene un impacto negativo en el uso del recurso tierra,
alimentación y niveles de empleo e ingreso de las familias rurales que
se traduce en ociosidad de la tierra y aumento de la pobreza e
indigencia.
De allí que la propuesta del gobierno
no sea bien vista por las organizaciones campesinas y productores del
agro. Banadesa es ineficiente por que ha sido copada por políticos de
turno corruptos, usando los fondos como “piñata” para beneficio
personal, familiares y amigos. La fusión alejará aun más a los
campesinos, en especial mujeres, del crédito publico, y posibilitará que
sectores tradicionales sigan beneficiándose del acceso subsidiado a los
recursos.
Se pensó que con el traslado de la
experiencia del BANRURAL en Guatemala a Honduras, se aumentaría la
oferta de crédito para aquellos sectores marginados del agro hondureño,
pero no es sí ya que además, su presidente Fernando Peña, ha sido
acusado de actos de corrupción, lavado de activos y financiar campañas
políticas en aquél país. En Honduras no se sabe quienes son los socios
locales del Banco, pero las “malas lenguas” dicen que están involucrados
funcionarios de gobierno. El eventual cierre de Banadesa y la mala
experiencia prematura del Banrural (aunque se le dio parte de la cartera
de Banco Continental), presagian malos tiempos para los productores
agrícolas, en especial aquellos productores netos de alimentos. Esta
fusión puede lavar la cara de Banrural ya que participa y participará
más del FIRSA, pero no hay evidencia que los pequeños productores
recibirán los recursos prometidos.
La solución
planteada es fortalecer en vez de debilitar o desaparecer a Banadesa.
Una forma es trasladar recursos de otros fondos como el Tazón de
seguridad, que poco ha servido para combatir la delincuencia. Igual,
involucrar a actores del sector social de la economía como el sector
cooperativa que luce fuerte, y las asociaciones de microempresas para
recapitalizar el Banco. Asimismo, hacer una alianza estratégica con las
micro financieras para desarrollar nuevos productos financieros de
beneficio para pequeñas empresas campesinas de alimentos. También dejar
un porcentaje de los fondos de los proyectos de desarrollo financiados
por agencias cooperantes para crédito campesino manejado por el banco.
Pero sobre todo, eliminar el clientelismo político y la corrupción, lo
que es más difícil para el gobierno.
Desde ya las
organizaciones campesinas y de pequeños productores anuncian una mega
marcha acompañada por dirigentes del partido liberal, LIBRE, PAC y
PINU-SD, en contra del cierre del banco de los campesinos.
Tegucigalpa, DC, 20 de septiembre de 2016
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