Peter Kornbluh *
La Jornada
Cuando el secretario de
Estado John F. Kerry viajó a Chile, en octubre del año pasado, para
asistir a una conferencia internacional sobre preservación de los
océanos, llevaba algo que nada tenía que ver con la colaboración
ambiental: un disco de computadora que contenía 282 documentos recién
desclasificados sobre el papel del general Augusto Pinochet en un acto
descarado de terrorismo internacional en Washington, que costó la vida
al ex embajador chileno Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen
Moffitt, de 25 años de edad, hecho del que ayer se cumplieron 40 años.
En un gesto diplomático sin paralelo, Kerry entregó personalmente el
disco de documentos a la presidenta chilena Michelle Bachelet.
El mes pasado, cuando Kerry voló a Buenos Aires para unas pláticas
comerciales, llevaba otro disco, esta vez cargado con mil 78 páginas de
registros sobre la guerra sucia en Argentina durante la
dictadura militar de 1976 a 1983. Kerry entregó esos documentos al
presidente Mauricio Macri y prometió que
habría más en el futuro.
Junto con los tradicionales instrumentos de gobierno, la
administración Obama ha desarrollado una herramienta totalmente nueva:
desclasificar viejos secretos de Estado para compartir con otros
gobiernos y sus sociedades. El presidente Obama ha usado esta
diplomacia desclasificadapara reparar daños con otras naciones, promover la causa de los derechos humanos e incluso corregir la historia negra del apoyo de Washington a la represión en el extranjero. Los aliados lo agradecen y los historiadores están encantados. Y, dada la profundidad y alcance de los archivos estadunidenses de la guerra fría que permanecen secretos, la diplomacia desclasificada tiene el potencial de llegar mucho más lejos todavía.
** ** **
Pocas personas recuerdan que los primeros decretos de Obama como
presidente llevaban la intención de fortalecer el acceso a la
información y promover
la transparencia y el gobierno abierto.
Durante mucho tiempo ha habido demasiado secreto en esta ciudad, declaró el nuevo presidente el 21 de enero de 2009, su primer día en la Casa Blanca.
Este gobierno no está de lado de quienes buscan retener información, sino en el de quienes quieren que se conozca: un objetivo admirable, pero que no siempre su gobierno ha procurado.
Entre quienes han buscado saber qué información sigue retenida en las
bóvedas secretas de las agencias nacionales de seguridad de Estados
Unidos están personas de países latinoamericanos como Brasil, Chile y
Argentina, donde defensores de derechos humanos, abogados y jueces
continúan luchando por llamar a cuentas a los responsables de crímenes
de lesa humanidad cometidos por regímenes militares del pasado. Así como
miles de víctimas fueron
desaparecidaspor esos gobiernos, las dictaduras militares se las ingeniaron para
desaparecerla documentación de sus atrocidades. Sin embargo, vastas colecciones de evidencia se mantuvieron fuera de su destructivo alcance… en Estados Unidos. De hecho, el único resultado positivo del negro papel que a menudo desempeñó este país en las historias represivas de esas y otras naciones es la detallada huella en papel que ahora yace en las bóvedas de la CIA, la FBI y los departamentos de Estado y de Defensa.
La administración Clinton fue la primera en reconocer el valor
político de esos registros secretos y en usar la autoridad ejecutiva del
presidente para desclasificarlos. Luego que The Washington Post publicó
una importante revelación sobre la aprobación del gobierno de Ronald
Reagan a las masacres militares y operaciones de escuadrones de la
muerte en El Salvador, el presidente Clinton ordenó la liberación de más
de 15 mil documentos confidenciales, con lo que creó un nuevo archivo
accesible al público de información relativa al papel de Estados Unidos
en la infame guerra contrainsurgente en El Salvador. Luego que el New York Times puso
al descubierto el apoyo de la CIA a un coronel guatemalteco que ordenó
el asesinato de un estadunidense dueño de un hotel en Guatemala, así
como la tortura y desaparición de un líder guerrillero que era esposo de
otra ciudadana estadunidense, el gobierno de Clinton liberó varios
miles de registros secretos más relativos a ese escándalo y a la
contrainsurgencia respaldada por Estados Unidos en ese país.
A raíz de la detención del chileno Pinochet en Londres, en 1998,
Clinton respondió a demandas de deudos de víctimas del dictador, de
defensores de derechos humanos y del Congreso estadunidense y autorizó
el Proyecto de Desclasificación de Chile (Chile Declassification Project),
una revisión por múltiples agencias de gobierno, durante 18 meses, de
documentos secretos estadunidenses fechados entre 1968 y 1991. Produjo
alrededor de 23 mil registros nunca vistos sobre la represión durante el
régimen de Pinochet, así como sobre la intervención encubierta de la
CIA que lo ayudó a tomar el poder.
Desclasificamos más documentos que cualquier otra administración, me dijo con orgullo Clinton años después.
La administración Bush no tuvo tanto celo en dar acceso a la
información. El Departamento de Estado liberó más de 4 mil registros
sobre la guerra sucia en Argentina, pero el proyecto se había iniciado en los meses finales de la presidencia de Clinton.
Mientras Clinton empleó su autoridad ejecutiva de desclasificación en
respuesta a importantes escándalos y sucesos, el gobierno de Obama ha
usado los registros desclasificados como un instrumento de la política
exterior de Estados Unidos. Veamos el ejemplo de Brasil: en 2012, la
Comisión Nacional de la Verdad de ese país, recién creada para
investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la
dictadura militar de 1964 a 1985, solicitó documentos relevantes a la
Casa Blanca. Funcionarios del gobierno planeaban que Obama los entregara
a la entonces presidenta Dilma Rousseff durante una cena de Estado en
la Casa Blanca programada para octubre de 2013, pero, después de que la
divulgación de los archivos de Edward Snowden mostró que la Agencia
Nacional de Seguridad había grabado su teléfono celular, Rousseff
canceló su visita a Washington.
En octubre de 2015 el gobierno de Estados Unidos entregó a la
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, documentos desclasificados sobre
el papel de Augusto Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier.
Cartel de Salvador Allende, en imagen de archivoFoto Afp
Las relaciones entre los dos países fueron tensas hasta junio
siguiente, cuando el vicepresidente Joe Biden viajó a Brasil para tratar
de enmendar las cosas. Como oferta de paz entregó a Rosseff un disco de
documentos desclasificados sobre la represión en Brasil.
Espero que al dar pasos para llegar a términos con nuestro pasado, podamos encontrar una forma de enfocarnos en la inmensa promesa del futuro, dijo Biden a Rousseff, quien cuando era una joven izquierdista fue torturada y encarcelada por la dictadura militar de su país, en la década de 1970.
El gobierno de Obama también dio pasos dramáticos en el caso de
Chile, nación que Washington ha tratado de cultivar como una aliada
económica, ambiental y política en la región. A principios de 2015, la
Casa Blanca accedió a una solicitud formal del gobierno de Bachelet
–quien también fue víctima de abusos de derechos humanos durante la era
militar– de registros aún secretos relativos al papel de Pinochet en el
atentado con un autobomba que mató a Letelier y Moffitt en el centro de
Washington. Bajo la dirección de David McKean (ahora embajador en
Luxemburgo), la oficina de planeación de políticas del Departamento de
Estado agilizó la desclasificación de cientos de registros detallados de
ese acto de terrorismo internacional, a tiempo para que Kerry los
llevara en persona a Santiago en octubre pasado.
Entre los documentos estaba un memorando secreto de 1987 titulado
Pinochet y los asesinatos Letelier-Moffitt: implicaciones para la política de EU, del secretario de Estado George Schultz al presidente Ronald Reagan. En una revisión de inteligencia, la CIA había recabado
evidencia convincente de que el presidente Pinochet en persona ordenó a su jefe de inteligencia cometer los asesinatos, informó Schultz al presidente.
Es un ejemplo palmario del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, que es particularmente perturbador porque ocurrió en nuestra capital y porque en general se considera que su gobierno es amigo.La dura conclusión de la CIA sobre el papel de Pinochet en un acto salvaje de terrorismo internacional creó un escándalo en Chile y generó titulares de prensa en todo el mundo.
El impacto de este nuevo instrumento diplomático depende en parte de
los que mantienen los secretos en la comunidad de inteligencia
estadunidense. Como la CIA se preocupa más por proteger la naturaleza
encubierta de sus operaciones que de la diplomacia y la exactitud de su
registro histórico, la agencia no se ha mostrado ansiosa de cooperar con
estos proyectos de desclasificación. Durante la desclasificación de
Clinton sobre Chile, por ejemplo, la CIA reculó dos veces en su acuerdo
de liberar sus registros sobre operaciones encubiertas contra el
gobierno electo de Salvador Allende. Sólo después de que el consejero de
seguridad nacional de Clinton, Sandy Berger, intercedió en persona con
el director de la CIA George Tenet, la agencia cumplió por fin. Hay
momentos en que la CIA no parece haber captado la directiva de Obama de
que
ninguna información puede permanecer clasificada por tiempo indefinido.
** ** **
Esa directiva será puesta a prueba por el proyecto especial de
desclasificación de Obama sobre Argentina. Durante su viaje a ese país,
en marzo pasado, Obama puso su sello presidencial sobre la práctica de
diplomacia desclasificada. Poco antes de partir para Sudamérica,
autorizó una importante revisión y desclasificación de cientos de
registros de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa
relativos a las incontables violaciones a los derechos humanos cometidas
por los militares argentinos entre 1976 y 1983.
Creo que tenemos la responsabilidad de confrontar el pasado con honestidad y transparencia, declaró Obama durante una visita a activistas de derechos humanos y víctimas en Buenos Aires, el 24 de marzo, en el 40 aniversario del golpe militar que, con apoyo estadunidense, dio inicio a siete años de la represión más brutal jamás vista en la mitad sur del continente.
Si la comunidad de inteligencia coopera con este proyecto, la
liberación promete aportar evidencia para juicios vigentes sobre
derechos humanos en Argentina. Los documentos también pueden arrojar luz
sobre la política estadunidense hacia el golpe y la represión que vino
después. Su desclasificación proporcionará no sólo la
honestidad y transparenciaque Obama propugna, sino un mínimo de expiación histórica por el apoyo que sus predecesores dieron a los militares argentinos en los días y meses posteriores al golpe.
Existen muchos otros países para los cuales una desclasificación
especial de registros estadunidenses ayudaría a sanar las heridas de la
historia y fomentar una alianza, entre ellos Laos y Japón, que Obama
visitó en fecha reciente: los esfuerzos estadunidenses por reconstruir
relaciones con Irán podrían también beneficiarse en forma similar. De
hecho, en sus meses finales en el cargo, Obama enfrenta muchas
oportunidades de expandir la práctica de diplomacia desclasificada. Una
desclasificación especial de la guerra de contrainsurgencia en Colombia
ayudaría a funcionarios de ese país a implementar el recién firmado
acuerdo de paz entre el gobierno de Bogotá y los rebeldes de las FARC.
El actual descongelamiento con Cuba se beneficiaría de un gesto de
desclasificación relativo a conflictos claves de la guerra fría entre
Washington y La Habana, como también las relaciones futuras entre México
y Estados Unidos.
Los mismos chilenos están esperando otra ronda de documentos cuando
la presidenta Bachelet visite el monumento a Letelier y Moffitt en
Sheridan Circle esta semana, para conmemorar el asesinato cometido hace
40 años. El autor intelectual de ese crimen atroz ya no está vivo para
ser juzgado en un tribunal, pero los registros desclasificados ayudarán a
sustentar el juicio perdurable de la historia.
*Director de la sección sobre Chile de la organización National Security Archive. Publicado originalmente en The Washington Post.
Traducción: Jorge Anaya
No hay comentarios:
Publicar un comentario