Napoleón Gómez Urrutia
La Jornada
Hace pocos días el
Congreso del Trabajo de Canadá, que agrupa a 3.3 millones de miembros,
emitió una declaración conjunta de todos los sindicatos que lo integran,
en protesta contra la firma anunciada para el próximo 21 de octubre, de
un Acuerdo Económico Amplio de Comercio Canadiense-Europeo, por lo cual
le exigen al gobierno de su país que no firme ni ratifique el CETA, por
sus siglas en inglés. La decisión de los líderes sindicales de esta
nación es en solidaridad con las denuncias masivas que están teniendo
lugar en Europa, ya que existen muchos aspectos cuestionables que no han
sido aclarados y que suscitan muchas dudas sobre los beneficios
esperados o anunciados.
Los temas principales de este acuerdo comercial altamente
controvertido son muy similares a los que existen contra el otro pacto
comercial gemelo que es el TPP o Acuerdo Transpacífico de Libre
Comercio. Fundamentalmente se cuestionan las reglas muy flexibles sobre
los derechos de los inversionistas contenidas en el acuerdo, así como la
falta de protección de los servicios públicos y del medio ambiente. En
particular a los dirigentes de Canadá les preocupa el sistema de
atención a la salud y de los empleos, señalando que el CETA contiene
debilidades
fundamentales que favorecen los intereses corporativos por encima de los intereses de los canadienses, como lo destacó Ken Neumann, director nacional del United Steelworkers (USW) de Canadá o Sindicato Unido de los Trabajadores Siderúrgicos.
En México existen preocupaciones similares y quizá más complicadas
por sus efectos negativos sobre la economía nacional y el bienestar de
la población. Sin embargo, hemos perdido la noción de la gravedad o más
bien la conciencia sobre el análisis crítico y objetivo de los efectos
de acuerdos comerciales que se han firmado para satisfacer la vanidad de
los gobernantes o las ambiciones o intereses de los grupos
empresariales. Pero rara vez escuchamos opiniones serias, documentadas y
nacionalistas para defender el derecho de nuestro país y de los
mexicanos a la soberanía, el progreso, el bienestar real y la apertura
de más y mejores oportunidades para la gran mayoría de los mexicanos, y
no sólo de unos cuantos.
Son contadas o casi nulas las expresiones objetivas y críticas en
torno a los efectos de estos tratados comerciales de parte de los
funcionarios públicos, de los dirigentes empresariales o incluso
sindicales, de los medios de comunicación o las organizaciones civiles y
sociales, de tal forma que los resultados se obtienen en la práctica,
cuando ya el sistema económico es más dependiente o vulnerable, o cuando
se han perdido millones de empleos y la pobreza se ha disparado a
niveles alarmantes.
Sólo algunos centros académicos y de investigación, o algunos
intelectuales, de repente analizan los orígenes y las causas de la
explotación, la marginación, la desigualdad y los vínculos que existen
con las políticas comerciales liberales y de apertura total a la
inversión y a la penetración cada vez mayor de las grandes corporaciones
internacionales y los consorcios de la élite empresarial de México.
Es necesario hacer un alto en el camino y cuestionarnos con
profundidad, tal como lo están haciendo los líderes de Canadá, de Europa
y de otras partes del mundo, para saber e informar públicamente cuáles
serán los efectos al firmar este tipo de convenios o tratados
comerciales, como el TLCAN o el TPP, o los celebrados con otros países.
Muy en particular debemos fortalecer la capacidad de análisis y
decisión sobre cómo prever o, corregir, si se continúan firmando esos
acuerdos, así como poner en orden y racionalizar todas
las reglas sobre los derechos de los inversionistas, o cómo debemos
protegernos de la privatización oculta de los servicios públicos, o
investigar cómo detener y regular las extensiones abusivas de las
patentes farmacéuticas. También cómo controlar el poder de adquisición
pública de cualquier servicio o sector del gobierno, incluidos los casos
de los estados y los municipios que generalmente buscan favorecer los
derechos y servicios locales contra los intereses externos. Asimismo, es
fundamental e indispensable incluir en dichos convenios un mecanismo
real siempre para respetar y hacer cumplir los derechos laborales.
Las críticas y los temores en Canadá, como también lo deberían ser en
México, son cuáles serán las pérdidas de empleos en los sectores de la
industria de procesos y de manufactura. Como bien lo señala Jerry Dias,
presidente de UNIFOR (Sindicato Nacional de Empleados Públicos y
Automotrices) y Paul Meinema, presidente nacional de UFCW (Sindicato de
Trabajadores Unidos del Comercio y la Alimentación) de Canadá:
CETA es un mal pacto que comprometerá los empleos de los trabajadores canadienses. Nosotros no debemos firmar acuerdos comerciales como CETA que están desequilibrados y sólo sirven a las agendas de las corporaciones multinacionales. En su lugar, necesitamos acuerdos comerciales balanceados que beneficien a todos los trabajadores y a los sectores donde ellos laboran. O como bien dicen los líderes canadienses, el CETA es simplemente el TPP a través de una puerta trasera.
Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro. Si México y los
responsables de tomar estas decisiones no frenan, cambian, corrigen o
anulan esos acuerdos, entonces nos lamentaremos, como hoy lo hacemos 22
años después del resultado desastroso del TLCAN. Todos tenemos que poner
más atención, leer entre líneas lo que nos informan los políticos o
algunos empresarios, ejercer nuestro análisis
crítico
y emitir nuestras opiniones pensando en el futuro, con visión de
estadistas y no de simples gerentes o empleados de intereses ajenos.
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