Desde la abrupta
llega al poder de Michel Temer, tras sacar de la presidencia a Dilma
Rousseff en un proceso parlamentario que muchos gobiernos y
personalidades del mundo catalogan como golpe de Estado, numerosas
empresas, fábricas y recursos naturales se han puesto a la venta.
El mandatario interino, que llegó al puesto sin ningún respaldo
ciudadano, está dispuesto a transferir al sector privado todo lo que sea
posible según una frase contenida en un informe denominado travesía
social que delinea los postulados de su Partido Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB). Se trata de una hoja de ruta económica prevista por
Temer una vez que alcanzara el poder.
La línea política
neoliberal en aras de ir desmontando los programas sociales que
beneficiaron a millones de personas en el gigante sudamericano durante
los gobiernos de Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se inició con
un recorte previsto para 2017 al presupuesto público nacional en los
sectores de la educación, salud y derechos sociales.
El
proyecto prevé aumentar la jornada laboral a 12 horas diarias, elevar la
edad mínima para la jubilación a la par de entregar los principales
recursos del país a las compañías transnacionales con el manido pretexto
de sanear las arcas públicas.
Solo desde mayo cuando comenzó
como presidente interino, hasta agosto de este año, puso en manos de
esas compañías diversos sectores. En el energético, la estatal
Electrobras entregó 174 pequeñas empresas dedicadas a la generación y
distribución de electricidad, así como varios parques eólicos e
hidroeléctricos.
En la rama del transporte, ya fueron transferidas las otrora empresas públicas, Infraero, Ocas y parte de la compañía prestamista Caixa.
Se ha trazado un plan para entregar a partir de este mes de septiembre
varios aeropuertos nacionales que reciben a numerosos pasajeros. En la
lista aparecen Congonhas de Sao Paulo, Santos Dumont de Río de Janeiro y
otros ubicados en Florianópolis, Porto Alegre, Salvador y Fortaleza.
A solo cuatro días de asumir el cargo, Ricardo Barros, designado como
ministro de Salud, afirmaba en una entrevista con el diario Folha: “No
hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las
garantías constitucionales”, en referencia al Sistema Único de Salud
(SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma, que destinó en 2016,
36 000 millones de dólares y que atiende al 65 % de la población.
El recorte planteado para 2017 en ese sector será de 13 000 millones de
dólares y afectará los programas básicos como Farmacia Popular, el
Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y colapsará la atención por
epidemias de dengue, chikungunya y zika.
En el trimestre de mayo a junio de 2016, el desempleo subió al 11,6 % de la población económicamente activa.
En la indetenible carrera de privatizaciones aparece el ente más
importante del gigante sudamericano, la Petrobrás que llegó a un acuerdo
para vender el 90 % de su unidad de conductores para gas natural en 5
200 millones de dólares, a un grupo de inversores pertenecientes a
Brookfield Asset Management Inc, de Canadá.
La negociación se
expondrá a los gerentes de las empresas para su aprobación definitiva y
cerrar las operaciones a fines de este septiembre.
Éste ha sido
el mayor traspaso de inversiones de la compañía insigne de Brasil que
tiene un plan de vender activos por 15 100 millones de dólares, de los
cuales ya ha traspasado activos por 3 900 millones de dólares.
El apuro por privatizar se debe primordialmente para tratar de eliminar
cualquiera investigación que profundice sobre la gran corrupción en que
esta envuelta esa empresa y en la que aparecen involucrados la mayoría
de los senadores que decretaron la separación de Rousseff de la
presidencia.
Además, de los 513 diputados de la Cámara de
Representante, 299 son investigados en procesos judiciales y 76 han sido
sancionados.
Entre los más relevantes aparecen el presidente
interino Michel Temer, quien recientemente fue denunciado por haber
recibido de Petrobrás más de 3 000 000 de dólares para llevar adelante
su campaña electoral.
El otro gran involucrado es el ex
presidente de la Cámara, Eduardo Cunha que resultó destituido del cargo
por tener un enorme expediente de corrupción y que junto a Temer hizo lo
indecible por sacar de la presidencia a Dilma.
De que la
privatización de Petrobrás esta directamente relacionada con las ansias
de presidente, diputados y representantes corruptos por tapar las
investigaciones sobre esa empresa conocida como Lava Jato, no queda la
menor duda.
Han sido varios testigos esenciales los encargados
de denunciarlo, y el más reciente fue el Abogado General de la Unión,
Fabio Medina Osorio, que había sido designado anteriormente por Temer
para llevar adelante el caso.
Medina Osorio manifestó que fue
destituido recientemente de su cargo como una estrategia del gobierno
interino para “tapar” la investigación por corrupción en Petrobrás.
“El Gobierno quiere tapar el Lava Jato, dijo, y mi remoción del cargo
ocurrió tras chocar con ministros de esta gestión que intentan detener
la pesquisa para proteger a los aliados de Temer”.
El abogado
detalló que sus problemas con el Gobierno de Temer se iniciaron hace
tres meses cuando pidió acceso a las investigaciones de Petrobrás con el
objetivo de hallar vínculos entre altos funcionarios involucrados en la
red de corrupción, abrirles procesos y declarar su inhabilitación
política. Fue entonces, aseguró, cuando el ministro de la Presidencia,
Eliseu Padilha, me ordenó no meterme con las investigaciones y
permanecer lejos de esos asuntos.
Parar las investigaciones
sobre corrupción y a la par detener los avances sociales alcanzados
durante las presidencias de Lula y Dilma están en la hoja de ruta del
gobierno interino.
Del 2003 (llegada de Lula al poder) hasta
2015, se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo; se construyeron más
de un millón de viviendas y la meta era alcanzar 2,75 millones a
finales de 2016; la tasa de pobreza bajó del 26 % en 2002 al 8,9 % en
2015; en ese año se dedicó el 15,57 % del presupuesto nacional a la
educación; la cobertura de los servicios médicos gratuitos, alcanzó al
65 % a los sectores más desfavorecidos.
Al observar los datos
anteriores y las noticias sobre la extensa corrupción existente entre
los directivos del país, se puede comprender mejor que diariamente
salgan a las calles miles y miles de personas para gritar: Fora Temer.
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