El encargado de la Operación Lavado Rápido envía denuncia basada en
indiciosal juez Moro
Lula,
comandante máximode una red de corrupción, acusa fiscal
Quieren inhabilitarlo políticamente de cara a las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil
Deltan Dallagnol, fiscal de la Operación Lavado Rápido, presentó
ayer en Curitiba, capital de Paraná, un diagrama en el cual el nombre
del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva queda al centro de una serie
de señalamientos sobre la corrupción en Petrobras
Periódico La Jornada
Alrededor de las dos y media de la tarde de este miércoles, mientras
en Sao Paulo el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva terminaba un
almuerzo con amigos pidiendo un segundo café, a 400 kilómetros de
distancia, en Curitiba, capital de Paraná, el fiscal Deltan Dallagnol,
de la Operación Lavado Rápido, detonaba una bomba inesperada.
Ya se sabía que habría una denuncia a ser ofrecida al juez de primera
instancia Sergio Moro contra Lula da Silva, acusándolo, una vez más (y
sin prueba alguna), de haber sido beneficiado por la constructora OAS.
Según tal acusación, Lula, a cambio de favorecer a la constructora,
habría sido obsequiado con un departamento de tres pisos en un edificio
lujoso en el balneario de Guarujá, a unos 60 kilómetros de Sao Paulo.
Lo que nadie esperaba, para empezar el mismo Lula, era la extensión
de la denuncia. Para Dallagnol, joven funcionario con irresistible
atracción por las declaraciones estruendosas, Lula era nada menos que el
comandante máximode un esquema de corrupción implantado en su gobierno con el único propósito de
perpetuarse en el poder. Palabras contundentes, en un discurso absolutamente politizado, en el cual solo faltó un detalle: pruebas.
Sin ruborizarse ni por un segundo, Dallagnol dijo que las acusaciones se debían a
datos e indicios, sin mencionar ni unos ni otros.
Para dar más énfasis al espectáculo ofrecido a la prensa, Dallagnol
exhibió la imagen de una especie de gran sistema solar, en el que todos
los casos apuntaban hacia el centro de la ilustración: Lula.
La denuncia fue hecha poco después del término, en Sao Paulo, de una
reunión del Consejo Político del PT, integrado por militantes del
partido y por representantes independientes, en la cual se reiteraron
las advertencias relacionadas con las jugadas jurídicas que incidirían
sobre Lula da Silva, con el clarísimo objetivo de inhabilitarlo para las
elecciones presidenciales de 2018.
Se mencionó, repetidamente, la realización de la conferencia de
prensa convocada por Dallagnol y otros jóvenes fiscales, y que sería el
nuevo paso de la campaña contra Lula en la justicia cada vez más
politizada. Nadie, sin embargo, esperaba algo tan fuerte.
Luego de la reunión, Lula eligió una mesa separada para almorzar con
dos amigos y un integrante del Consejo. Comió poco, pidió agua sin gas y
eligió milhojas de postre. En un clima de confianza y camaradería, oyó
de cada uno de sus interlocutores la sensación provocada por el golpe
institucional que liquidó el mandato de Dilma Rousseff, y confesó que, a
semejanza de los otros tres, está profundamente entristecido con el
escenario que vive el país.
Dejó absolutamente clara su intención no sólo de presentar
resistencia y oposición permanente al gobierno de Michel Temer, sino
también su disposición de promover la urgente renovación en el PT y
ofrecer alternativas concretas a las políticas de profundo retroceso que
impondrá el nuevo gobierno.
Parecía calmado y dispuesto. Sin embargo, al saber de la extensión de
la denuncia ofrecida, y cuando le informaron que su esposa, Marisa
Leticia, y uno de sus más íntimos amigos, Paulo Okamoto, presidente del
Instituto Lula, también habían sido denunciados, se irritó
profundamente.
Sergio Moro, el polémico juez de provincias que es idolatrado por la
derecha brasileña y por los medios hegemónicos de comunicación (aliados
esenciales al golpe institucional), tiene cinco días para decir si
acepta o no la denuncia del Ministerio Público.
La saña mesiánica del juez, que actúa mucho más como acusador que
como magistrado, indica que –a menos que ocurra algo imprevisto– la
denuncia será aceptada. Transformado en reo, Lula da Silva será llamado a
prestar declaración. La condena se considera inevitable.
Si se confirma, Lula podrá recurrir a una segunda instancia. Los
antecedentes muestran que esa segunda instancia suele confirmar (97 por
ciento de los casos) la sentencia del juez Moro.
Eso no significa necesariamente que el juez ordene su prisión. Pero
implica su inhabilitación para contender en las elecciones de 2018.
No hay prueba alguna contra el ex presidente. El inmueble mencionado
(que, a propósito, queda en un edificio de clase media, en un balneario
decadente) está a nombre de la constructora OAS, implicada en un sinfín
de denuncias de sobornos y desvíos de dinero público, especialmente en
la estatal Petrobras.
La defensa fue documentada con creces por Lula: él y su esposa
efectivamente compraron un departamento en construcción. Cuando el
edificio estaba prácticamente listo, la constructora decidió hacer una
reforma en el piso reservado (y pagado en cuotas) por Lula.
A última hora, la pareja desistió del inmueble, que fue devuelto a la
constructora, siguiendo una de las cláusulas del contrato de venta.
Todo está documentado. Y más: Marisa Leticia reclama, en la justicia,
la devolución del dinero que la pareja pagó a la constructora.
Sin embargo, nada de eso importa: al fin y al cabo, dicen los
abogados del ex presidente, la conducta política tanto del juez Moro
como del fiscal Delton Dellagnol es parte de algo mucho más ambicioso:
impedir que Lula intente volver al poder y, de paso, demonizar al PT.
En cinco días, o quizá menos, se sabrá.
Foto Xinhua, Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
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