La
Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) me envió un correo
electrónico el 26 de marzo de este año, alertando sobre la presencia,
ahora en la Universidad de Costa Rica, de los geógrafos
contrainsurgentes del Departamento de Geografía de la Universidad de
Kansas, coordinados por el doctor Peter H. Herlihy, quien a su vez
forma parte del equipo de investigación que, dirigido por el doctor
Jerome E. Dobson, recibió fondos millonarios, a través de The Minerva
Initiative, del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos,
para ser ejercidos en el periodo de 2013 a 2016, con el proyecto: “La
geografía humana de la resiliencia y del cambio: los derechos de tierra
y la estabilidad en las sociedades indígenas de América Central”.
En
el resumen de este proyecto de investigación se señala con claridad su
impacto sobre las capacidades del Ministerio de Defensa y las
implicaciones generales para la defensa nacional de Estados Unidos: “La
investigación propuesta aborda varias deficiencias reconocidas en la
política extranjera, la estrategia militar, y la inteligencia
extranjera de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa –sostienen los
geógrafos– obtendrá nuevas capacidades para realizar la investigación
geográfica humana, comparables con (pero más avanzadas que) aquellas
que se emplearon extensivamente durante las Guerras Mundiales I y II.
El ministerio se beneficiará directamente y en abundancia de datos y
resultados que se difundirán públicamente de un grupo mejorado de
expertos en la región, del mejoramiento de la fuerza laboral y de un
público más informado en cuanto a los asuntos que deberían influir en
los debates políticos y los conflictos”
(minerva.dtic.mil/doc/abstract). En concreto, los geógrafos
contrainsurgentes se han propuesto “desarrollar una evaluación digital
de las áreas indígenas que demuestran la resiliencia y la estabilidad,
para evaluar las presiones tanto perturbadoras como estabilizadoras que
la gobernanza, el uso de los recursos y otros factores imponen.
Documentaremos los regímenes de tenencia y de uso de tierra, y las
fuerzas administrativas, judiciales y legales existentes, como
indicadores de la resiliencia y la inestabilidad social en las áreas
indígenas de América Latina”. Este estudio utiliza la investigación
cartográfica participativa (ICP), y los sistemas de información
geográfica (SIG), junto con información pública sobre la geografía
humana, 1) para producir datos geográficos digitales confiables a
pequeña y gran escala y un análisis del uso y los regímenes de la
tenencia de la tierra en las municipios indígenas de América Central;
2) definir, digitalizar cartográficamente y evaluar la estabilidad del
uso y la tenencia de tierra en los municipios indígenas de América
Central, desarrollando e ilustrando cartográficamente un “índice de la
estabilidad de la tierra”; y 3) documentar, digitalizar
cartográficamente y calificar (empleando el índice de la estabilidad de
la tierra) las diversas jurisdicciones territoriales (“regímenes de
soberanía”) que los estados (es decir, los gobiernos nacionales) de
América Central mantienen sobre estos municipios indígenas, desde las
reservas indígenas ancestrales hasta las regiones semiautónomas ( ibid).
La
Ofraneh informaba que ese 26 de marzo, a las 9 de la mañana, tendría
lugar una reunión organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Costa Rica, en la que se convocaba a la “comunidad
universitaria” a la “capacitación y certificación universitarias de
geógrafos locales” en las “investigaciones participativas en
territorios indígenas de América Central”. En la convocatoria a dicha
reunión se anunciaba la participación, entre otros, de un profesor de
geografía de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de
Honduras, y del vicerrector de educación a distancia de dicha
universidad, institución centroamericana donde se establecieron los
geógrafos contrainsurgentes en 2013, y donde se ignoraron las denuncias
públicas al respecto publicadas en el año 2014, tanto en la propia
Honduras como en México (ver: Gilberto López y Rivas: “Otra Expedición
Bowman, ahora en Honduras”, La Jornada, 24/5/14).
En la noche de
ese día envié a una decena de direcciones electrónicas de autoridades
universitarias, incluyendo la del rector de la UCR, un mensaje y
diversos materiales que advertían sobre la naturaleza contrainsurgente
de la investigación y del origen castrense de sus fondos para llevarla
a cabo. Igualmente, el 28 de marzo publiqué en El Correo Ilustrado de
La Jornada una carta abierta al rector de esa universidad en la que
denunciaba los ropajes académicos de esas acciones imperiales,
destacando el derecho de la comunidad universitaria a conocer los
propósitos militares de esta investigación, sin que hasta la fecha se
registre una respuesta de la máxima autoridad académica de esta
universidad. Por la vía del Facebook recibí una críptica reacción de
una persona no identificada de la Facultad de Ciencias Sociales de la
misma institución, en la que por un lado, se asentaba la gravedad de la
denuncia, y por el otro, se afirmaba que no había razones para
sospechar de la Universidad de Kansas, pues “hacía tiempo se tenía
contacto con sus investigadores”.
A través de estas páginas
hemos evidenciado las relaciones peligrosas con las Expediciones Bowman
del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Foreign Military Studies
Office), de una universidad de Canadá (Carleton University), y de al
menos otras tres instituciones latinoamericanas de educación superior:
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México), la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras) y, ahora, la
Universidad de Costa Rica, sin al menos una nota aclaratoria de sus
autoridades a sus respectivas comunidades académicas y, peor aún,
violentando el derecho de los pueblos “estudiados” a la consulta
previa, libre e informada.
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